Interior no accederá al registro sanitario de inmigrantes

El Ministerio de Sanidad ha garantizado hoy que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no podrá acceder a la base de datos de los inmigrantes irregulares que reciban atención sanitaria, quienes tendrán que acreditar 6 meses de empadronamiento en una región para tener derecho a esa asistencia.

Este es uno de los puntos principales de la propuesta trasladada a las comunidades autónomas por el Ministerio de Sanidad para armonizar la asistencia social y sanitaria de los inmigrantes irregulares con permanencia efectiva en España y que estén en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha explicado estos detalles tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que han participado representantes autonómicos y de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, Interior y Asuntos Exteriores y Cooperación.

Moreno ha destacado que, en esta reunión de carácter técnico, se ha dado un plazo de quince días a las comunidades para que aporten las "mejoras"al texto elaborado por el departamento que dirige Alfonso Alonso y ha deseado que se hagan con "espíritu constructivo".

Las comunidades gobernadas por el PSOE han pedido al Ministerio una derogación del real decreto-ley 16/2012 por el que se eliminó la atención sanitaria a los "sin papeles", mientras que el resto de las autonomías "han agradecido esta propuesta de criterios mínimos ya aprobada por consenso antes de las elecciones", ha declarado Moreno.

Respecto al requisito del empadronamiento de seis meses, el secretario general de Sanidad ha aclarado que es competencia autonómica y si alguna de ellas decide fijarlo en tres meses "está en su legítimo derecho", aunque lo lógico es que el abordaje de este asunto sea "idéntico en todo el país".

Esta posibilidad de acortar los plazos había sido insinuada incluso por el representante de Madrid en la reunión, Julio Zarco, a su llegada al Ministerio.

Esta asistencia social y sanitaria se prestará exclusivamente en el ámbito territorial de la comunidad donde esté registrado el inmigrante irregular y no se extenderá fuera de España, según se recalca en la propuesta.

El problema, según este responsable de Sanidad, es cómo abordar la redacción de la normativa para evitar el turismo sanitario, es decir que cualquier ciudadano europeo "pueda creer que tiene el mismo derecho"que los inmigrantes en situación irregular y denunciarlo ante la Comisión Europea.

Moreno ha recordado que España, al pertenecer a la UE, tiene dos vías para atender este asunto: la prestación vinculada a la Seguridad Social, que está sujeta a reglamentos europeos, y la asistencia social y sanitaria, excluida de los reglamentos en la que se basa la propuesta y que no da "derecho a la exportación"de estos servicios ni a otro tipo de "obligaciones".

El documento de Sanidad, que tendrá validez de un año, establece que los inmigrantes irregulares deben demostrar "no disponer de recursos económicos suficientes ni tener ingresos superiores al Iprem"o renta mínima (532 euros al mes).

Además, deberán abonar el 40 % del precio de los medicamentos de venta en las farmacias y se facilitará el tratamiento farmacológico que se precise en los casos de hospitalización.

Tampoco deben contar con un seguro médico ni ser beneficiarios de la Seguridad Social.

Por otra parte, Moreno ha subrayado la importancia de la figura del "mediador o trabajador social", que será el encargado de emitir un informe individual acerca del arraigo social y circunstancias económicas del solicitante.

El responsable de Sanidad ha explicado que ningún estado miembro de la UE conoce exactamente el número de inmigrantes en situación irregular que hay en su territorio y ha cifrado en 244 millones de euros el coste de la atención sanitaria de las personas que ahora tienen esta cobertura: los casos de urgencias, embarazos, asistencia a menores y víctimas de trata.

Durante la reunión de hoy, el Gobierno vasco ha reclamado la derogación del real decreto que suprimió la asistencia sanitaria a los "sin papeles"y ha rechazado la creación de este registro por considerarlo "discriminatorio, innecesario y falto de ética".

Andalucía, otra de las comunidades en contra de la propuesta, también ha reclamado la retirada de la reforma y ha asegurado que seguirá prestando asistencia sanitaria universal, como hasta ahora.

Desde la Comunidad de Madrid, se ha insistido en que se debe dar atención sanitaria a todas las personas que lo necesiten "más allá de otras consideraciones"y se ha apostado por una solución conjunta para todas las comunidades en este asunto.

EFE