Juana Rivas: «Pienso seguir luchando hasta la victoria, la Justicia hay que pelearla»

Por su parte, Arcuri solicitará una mayor inhabilitación para ejercer el derecho de patria potestad pues «los grandes damnificados han sido los menores por la actitud de la madre».

«Juana está bien, quiere seguir luchando por sus hijos y eso es lo más importante, pero consideramos que es una acusación muy dura la que ha realizado el fiscal». Así se pronunció ayer Juan de Dios, uno de los abogados del equipo encargado de defender a Juana Rivas, instantes después de conocer que la Fiscalía de Granada había acusado a su representada de dos delitos de sustracción de menores, tras permanecer casi un mes en paradero desconocido con sus dos hijos –de 11 y 3 años–, incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre, el italiano Francesco Arcuri. Por eso, solicita dos años y medio de prisión por cada uno de ellos –cinco años de cárcel, en total–, inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por seis años y el pago de las costas.

«Consideramos que tenemos un recorrido que nos va a permitir introducir elementos en su defensa que ya hemos ido alegando a lo largo de toda la investigación», afirmó a LA RAZÓN su abogado sobre el escrito de acusación, remitido al Juzgado de Instrucción número 2 y previo a la celebración del juicio oral. En él, el fiscal insiste en las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, han requerido a Rivas la obligación de devolver a sus hijos a Italia: la primera resolución fue dictada el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada; la segunda, el 21 de abril de 2017 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial; y la tercera, el 11 de julio por el Juzgado de Primera Instancia 3. Esta última decisión se reitera con una providencia el 24 de julio y finalmente el 9 de agosto la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada volvió a pronunciarse en el mismo sentido.

Es por ello por lo que la Fiscalía considera que la acusada fue «consciente» de la existencia de estas resoluciones y actuó con el «ilícito ánimo de incumplirlas», permaneciendo oculta con sus hijos en un lugar indeterminado, sin facilitar su localización y «a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos». Algo que, finalmente, cumplió el 28 de agosto tras su entrega en las dependencias de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil. Desde entonces, los dos menores viven con su padre en Carloforte, municipio italiano cuyos tribunales estudian ahora el litigio de ambas partes sobre la custodia y el régimen de visitas.

«Seguiré la lucha hasta la victoria porque esto no puede acabar de otro modo. Es lo justo haciendo balance de todo lo que ha pasado», relató ayer Rivas a Ep, que siempre ha alegado que se fue del domicilio familiar con sus hijos, el 18 de mayo de 2016, para huir del supuesto maltrato por parte de su entonces pareja, condenada en 2009 por lesiones. La sentencia se dictó por conformidad de las partes, aunque posteriormente le volvió a denunciar. En esta segunda ocasión, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada rechazó la apertura de las diligencias al entender que los hechos ocurrieron en Italia y que, por tanto, no era competente para valorarlos.

«La Justicia hay que pelearla hasta el final», dijo ayer afectada por la petición del fiscal. Por su parte, Arcuri manifestó estar de acuerdo en líneas generales con el escrito de acusación, pero solicitará una mayor inhabilitación para ejercer el derecho de patria potestad pues «los grandes damnificados han sido los menores por la actitud de la madre», señaló a Efe su abogado, Enrique Fabián Zambrano. «Aquí hay dos niños que consideramos lo principal y que tienen que protegerse», concluyó Juan de Dios. «Esa es la prioridad de Juana y el motivo por el que no decae su fuerza».