La desgraciada historia de la abuela Josefa: a la cárcel por no derribar su casa

Tenía el pasaje para coger a las 14:00 horas de ayer el barco que la trasladase de Corralejo (Fuerteventura) a la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, donde estaba previsto que cumpliese una condena de seis meses, aunque no tiene antecedentes penales. Pero justo cuando iba a embarcar, Josefa Hernández, de 63 años, se vino abajo. Se colapsó por una mezcla de nervios, de la tensión vivida en los últimos días tras tres días de huelga de hambre, por el calor, la diabetes que padece...y por el «pánico a entrar en prisión», según reconoció a LA RAZÓN. «Nunca imaginé verme en esta situación», decía entre la rabia y la desesperación. En lugar de terminar el día entre rejas acabó en el hospital insular de Puerto del Rosario. ¿Su delito? Construir una humilde casa en un terreno heredado que se encuentra en una zona protegida de la isla donde vive con dos de sus siete hijos –una de ellas con una discapacidad mental– y tres nietos de 13, 10 y 7 años, a los que ha criado desde que nacieron. En 2007 los servicios sociales le pidieron que arreglara la vivienda bajo la amenaza de quitarle a los niños, cosa que hizo con ayuda del Cabildo. Pero poco después, la denunciaron por tener la casa en una zona protegida medioambientalmente. Un juez la condenó en 2012 a pagar una multa de 700 euros, a seis meses de prisión y a demoler su casa, cosa que no hizo «porque no tenemos a donde ir». Han pedido su indulto al ministro de Justicia, pero Josefa tiene claro el dicho canario que reza: «el que tiene padrino no muere pagando...Y eso es lo que me falta a mí porque el 90% de las casas de mi pueblo son ilegales».