La Fiscalía investigará a las agencias de «vientres de alquiler» que operan en España

Esta práctica, prohibida en España desde 2006, podría suponer un delito de tráfico de menores. Ciudadanos pide su legalización.

El Gobierno está firmemente decidido a poner coto a las agencias de «vientres de alquiler» que operan en España, al entender que es una práctica totalmente prohibida por la legislación española y que, además, existen indicios de que con esa práctica se puede incurrir en determinados delitos.

Por ello, la ministra en funciones de Justicia, Dolores Delgado, se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación sobre las actividades de esas agencias, que determine si esa práctica lleva aparejada la comisión de hechos delictivos. Así, la ministra Delgado aseguró a Efe que, además de lucrarse, esas agencias podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

«Es un tema muy, muy grave», enfatizó la titular de Justicia, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén «negociando con el vientre de las mujeres» y «traficando con menores».

Así, el Ejecutivo recuerda que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Gobierno para ordenar esa investigación a la Fiscalía son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, «se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas».

En todo caso, desde Justicia se recalca que esa investigación se realizará «sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor».

La ministra Delgado recalcó que ya se están investigando a algunas de esas agencias, también en otros países, y precisó que en el caso de España las intermediarias operan fundamentalmente en Ucrania, donde se realizan numerosos contratos de gestación subrogada.

Delgado recordó que hay países que no tienen prohibida esta práctica, aunque en algunos se realiza con más control y debe contar con las preceptivas autorizaciones, mientras que en otros no existe garantía alguna, sino que, « al contrario, se explota a las mujeres».

Sobre esta cuestión, fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN destacaron que en estos supuestos se plantean «muchos problemas jurídicos de filiación, adopción por la no gestante y cuál es el interés superior del menor», porque, en todo caso, «hay que regularizar a esos niños. Es un problema, añaden, «jurídicamente interesante».

Una de las investigaciones podría centrarse en examinar si algunas de esas agencias actúa en España «bajo otra aparente finalidad» y no sólo el de poner en contacto a los españoles con las «gestantes». La clave estaría en ver si se aprovechan de la «vulnerabilidad de una mujer para conseguir que ofrezca su vientre para gestación».