La Fiscalía ve «fraude de ley» en el sindicato de prostitutas que metió «un gol» al Gobierno

Sostiene que sólo pretende legalizar una actividad que implica «la cesión del derecho a la libertad sexual» de la mujer.

La Fiscalía cree que el sindicato Otras -cuya constitución el pasado agosto, con el visto bueno de Trabajo, provocó la dimisión de la entonces directora general Concepción Pascual, después de que la titular del ministerio, Magdalena Valerio, reconociese que la asociación le había metido “un gol por la escuadra”- se creó “en fraude de ley” con el único objetivo de “legalizar la prostitución por cuenta ajena”. Así lo ha defendido hoy el fiscal Benito Egido ante la Sala Social de la Audiencia Nacional en la vista celebrada para decidir si, como reclaman dos colectivos de mujeres, el tribunal debe anular los estatutos de Otras.

El representante del Ministerio Público ha asegurado que el contrato de prostitución “tiene una causa ilícita que no está amparada por ningún convenio internacional, pues supondría la cesión de por parte de la mujer de su derecho a la libertad sexual”. Por tanto, hizo hincapié en que “un sindicato que incluya como una de sus actividades la prostitución no puede ser admitido” por lo que reclamó que se estime la demanda y se anulen sus estatutos, lo que acarrea la disolución del sindicato.

Por su parte, la abogada de Otras ha defendido su derecho a sindicarse y precisa que el colectivo “no está formado exclusivamente por prostitutas, sino por trabajadoras por cuenta ajena del ámbito sexual”. Y ante la controversia sobre el objeto del sindicato, dice que “incluye todo el trabajo sexual, incluida la prostitución, pero no exclusivamente”, e hizo referencia expresa a la industria pornográfica, los espectáculos eróticos, los bares de alterne y las casas de masajes. Otras, ha subrayado, “defiende a las mujeres y nunca a los explotadores”. “Se asimila trabajo sexual con prostitución y el término trabajo sexual es mucho más amplio”, se ha quejado.

Una de las asociaciones demandantes, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, ha defendido que permitir este sindicato “abre la puerta al proxenetismo organizado a través de encuadrar la prostitución en el ámbito de las relaciones laborales”. “Una cosa es que en nuestras sociedades existan nichos de injusticia -ha asegurado su abogada- y otra que las contradicciones del sistema social estén avaladas por el marco normativo”. “La comercialización del cuerpo de las personas”, añadió, no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, “aunque medie consentimiento” de la persona afectada.

Por su parte, el otro colectivo demandante, la Plataforma 8 de marzo de Sevilla, también se opuso a que se considere legal “una actividad económica que se sustenta en la vulneración de derechos fundamentales como la dignidad de la personas o la igualdad”. España, ha recordado, España ha ratificado los convenios y tratados internacionales contra el proxenetismo y la trata de personas, y “Esto deja fuera de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de una actividad económica cuyo objeto sea la explotación de la mujer”.