La guerra por el 0,7

Cada año, más de diez millones de españoles marcan la casilla 106 de la declaración de la renta. Es la destinada a fines sociales. Con el dinero que se recauda se sufragan diferentes proyectos sociales en toda España.

Cada año, más de diez millones de españoles marcan la casilla 106 de la declaración de la renta. Es la destinada a fines sociales. Con el dinero que se recauda se sufragan diferentes proyectos sociales en toda España. Hablamos de alrededor de 240 millones de euros. Hasta ahora, era el Estado el que se ocupaba de repartir todo lo recaudado entre las organizaciones del Tercer Sector, sin embargo una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) –a raíz de un recurso de Cataluña– del pasado mes de enero ha obligado al Gobierno a cambiar el modelo que ha funcionado desde hace 29 años y, a partir de 2018, serán las comunidades autónomas las que definirán el destino del 80 por ciento de los fondos, frente al 20 por ciento que seguirá gestionando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como acordaron ayer las 17 junto al Gobierno en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia. «Es un acuerdo histórico», afirmó la ministra, Dolors Montserrat, al término de la reunión.

¿Por qué? Simplemente para cumplir el mandato judicial que obliga al Estado a devolverle las competencias en materia de servicios sociales a las autonomías. Todo ello en contra de los deseos de la plataforma del Tercer Sector, que agrupa a las cerca de 500 entidades que trabajan en todo el territorio y que esperaban conseguir que el Gobierno negociara con los consejeros un reparto 50-50 entre ellos. Y es que el miedo de muchas de las organizaciones es que no reciban el mismo apoyo financiero que estaban percibiendo hasta ahora.

El Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad (CERMI), una de las entidades afectadas, manifestó su «rechazo total» a esta decisión, que considera «profundamente perjudicial» para la cohesión social en España, que, en su opinión, ignora las demandas del tercer sector de acción social. «Queríamos un tramo estatal con un bloque de programas sólidos, amplios, innovadores y que asegurasen el fortalecimiento de las organizaciones del Tercer Sector de ámbito estatal para seguir construyendo un tejido al servicio de políticas sociales transversales basadas en la igualdad, la equidad, la solidaridad y la redistribución», añaden en la resolución.

Una de las condiciones que ha puesto el Gobierno y que han firmado las comunidades autónomas es que será el Ministerio el que supervise el reparto, aunque serán las CC AA las que decidirán cómo reparten se 80%.