Bilbao

La tortura afilada del monje shaolín

Un policía de la científica de la Ertzaintza porta un baúl del domicilio de Juan Carlos Aguilar
Un policía de la científica de la Ertzaintza porta un baúl del domicilio de Juan Carlos Aguilarlarazon

Los restos humanos hallados en el domicilio y en el gimnasio del experto en artes marciales Juan Carlos Aguilar corresponden a una mujer adulta, de nacionalidad colombiana y que "está identificada"

«Más muerta que viva». Ésa es la sensación que tuvieron los agentes de la Ertzaintza cuando irrumpieron en el gimnasio Zen4 de Bilbao y vieron a Ada atada con cinta adhesiva por el cuello y de pies y manos. Hoy, esta joven prostituta se encuentra luchando entre la vida y la muerte por la brutal paliza que le propinó Juan Carlos Aguilar. Sin embargo, el primer monje shaolín no se habría conformado con los puñetazos. Según afirmaron a LA RAZÓN fuentes cercanas al caso, Aguilar, conocido como «Huang», habría utilizado también «objetos cortantes», posiblemente utensilios que guardaba en su local.

Con todo, su objetivo no era herirla de muerte. A modo de «tortura», «Huang», como se hacía llamar, se habría dedicado a causarle a la víctima «cortes superficiales» por su cuerpo con el único objetivo de alargar su agonía. Hay que apuntar que la Policía Autónoma vasca se incautó de diverso material del gimnasio; entre los instrumentos que se llevaron, se encontraban varias catanas. Y en general, la sensación que tiene la Ertzaina es que, prácticamente, utilizó a la joven «como un saco de entrenamiento».

Desde el domingo, la joven nigeriana, de 29 años y que llegó hace tres a Álava –se trasladó a Bilbao poco después– se encuentra ingresada en el hospital de Basurto en estado de coma.

Las autoridades se centran en averiguar si hubo más mujeres que corrieron peor suerte. De hecho, las investigaciones apuntaban a la hipótesis de un asesino en serie. Con todo, ayer fueron suspendidas las labores de búsqueda de restos en la ría de Bilbao, zona próxima a la calle Máximo Aguirre, donde se encuentra el gimnasio. En cuanto a los restos hallados tanto en el gimnasio como en el domicilio de Aguilar, se trataría de fragmentos óseos de manos y de una columna vertebral.

Pese a que se barajó en principio que podrían pertenecer a varias personas, fuentes de la investigación aseguraron a Efe que corresponderían a una sola: una mujer adulta, de nacionalidad colombiana y que «está identificada». Ésta sería la persona a la que «Huang» confesó haber matado el pasado viernes, si bien dijo sentirse «confuso» al respecto. Vecinos de Aguilar afirmaron a este periódico que le vieron llegar a su domicilio entre las 1:30 y las 2:00 horas de la madrugada de aquel día. Sin embargo, reconocieron «que ésas son las horas a las que suele llegar a su casa». Del mismo modo, aseguraron que «hace tiempo que no ven» a sus compañeras de piso: tres mujeres extranjeras –probablemente dos de nacionalidad alemana y una checa–. Con una de ellas, dijeron, mantenía una relación.

Ahora, algunas de las compañeras de Ada que también ejercen la prostitución reconocen «tener miedo». Aguilar frecuentaba la zona de las Cortes, donde se encuentran varios locales de alterne. De hecho, a veces «invitaba a tomar algo a las chicas», dijo ayer Christian Saffua, secretario general de la Asociación Nigerian Progressive Union. Aún así, era más frecuente que recurriera a las chicas que «hacían coche», como fue el caso de Ada.

El detenido empezó hace dos años un tratamiento por un tumor cerebral y se especulaba con que sus facultades mentales estuvieran perturbadas. No parece que fuera una persona intachable que de repente se volviera loca, a tenor del comunicado del Templo Shaolín de España, que lo acusó de ser «un poco sectario» y «vender lo que no era», ya que no poseía graduación oficial, ni estaba autorizado por el templo chino de Henan.

La Ertzaintza ha empezado a investigar si han desaparecido más prostitutas en los últimos días y retrotraerá sus pesquisas en el tiempo. Mientras, Aguilar permanecerá en dependencias policiales durante el margen legal de 48 horas –prorrogables a 72– en las que puede ser interrogado antes de ser puesto a disposición judicial.