Las clínicas ingresaron 350 millones por abortos con el Gobierno del PSOE

La reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, llega para acabar con los excesos cometidos en los últimos años. El nuevo texto garantiza la vida del no nacido y sólo permite la interrupción del embarazo cuando se pone en peligro la vida de la madre o del feto. Desde la legalización del aborto en 1985, cualquier mujer podía acabar con la vida de su hijo bajo el supuesto de grave riesgo para la salud de la embarazada. Para acreditarlo, con un informe psicológico bastaba. En julio de 2010, Bibiana Aído autorizó el aborto libre hasta las 14 semanas, hasta para las menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La laxitud de estas normas ha sido aprovechada por las clínicas abortistas, que se han enriquecido de forma notable en los últimos años.

Sin entrar a valorar la legalidad de prácticas en centros como los regentados por Carlos Morín en Barcelona, lo cierto es que, en muy poco tiempo, el negocio de la «muerte» movía cerca de 50 millones de euros anuales. Sólo bajo esta premisa se entiende el comunicado hecho público el pasado viernes por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), en la que anunciaba que «las mujeres no podrán abortar en nuestro país». Además, argumentaron que «la interrupción voluntaria del embarazo no podrá realizarse legalmente, ya que los requisitos burocráticos, legales y médicos exigidos impedirán que sea una práctica sanitaria normalizada», dejando claro que el objetivo es dejar que las mujeres aborten, de forma indiscriminada y sin tener en cuenta el derecho a la vida de los no nacidos.

Desproporcionada también ha sido la reacción del PSOE, el principal aliado de la patronal de los abortos. La vicesecretaria general del PSOE regresó a Twitter para pedir el aborto libre y ha remitido una carta a las diputadas del PP para pedir su apoyo y lograr que el proyecto no salga adelante. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha encontrado el filón para atacar al Gobierno y anunció una ofensiva a nivel nacional e internacional para detener el proyecto.

Lo cierto es que detrás de estos discursos hay una dura realidad que les cuesta reconocer. Así, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad sobre las interrupciones del embarazo de los últimos años, se puede comprobar cómo la carga ideológica que caracterizó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supuso un incremento del número de abortos en España del 40 por ciento, al pasar de los 84.985 casos de 2004 a 118.359. Esta carga ideológica se tradujo en una ley de aborto libre, que no fue acompañado de medidas de educación sexual que evitaran este crecimiento exponencial. De forma paralela, se ha desarrollado toda una industria del aborto, que ha multiplicado el número de clínicas acreditadas, la mayoría de ellas de titularidad estatal. El número de centros acreditados ha pasado de 141 en 2010 a 188 en 2012, lo que supone que en tan sólo 24 meses se han autorizado 46 clínicas más, con un incremento del 33 por ciento.

Esta situación no es de extrañar, si se observa el incremento de interrupciones, que lleva aparejado un aumento de la cifra de negocio para los centros privados.

El precio de cada intervención varía en función de las semanas de embarazo de la gestante. El coste, por tanto, oscila entre los 380 euros que cuesta el método farmacológico hasta los 1.655 a los que asciende el aborto de 21 a 22 semanas. Si este precio se multiplica por los más de 110.000 abortos anuales, el negocio asciende a 50 millones. Con la nueva normativa, el 95 por ciento de estos casos quedarían fuera y las pérdidas ascenderían a 42 millones de euros.

Este oneroso negocio se ha visto beneficiado por la gestión del Gobierno socialista, que ha permitido a las clínicas aumentar su beneficio de manera exponencial, pasando de ingresar 35,7 millones en 2004 a 49,7 en 2011, con unos ingresos acumulados que superan los 350 millones de euros. Precisamente, los años en los que más abortos se produjeron, y por tanto los más lucrativos para las clínicas, fueron 2010 y 2011, coincidiendo con la aprobación de la «ley Aído», que supuso un aumento de casi 7.000 abortos. Para las clínicas, se tradujo en un aumento de la cifra de negocio de tres millones de euros.

Finalmente, un dato que no figura en las estadísticas y que juega en favor de la gestión del aborto del Gobierno socialista es la dispensación sin receta de la píldora del día después que, también ha supuesto un buen «pellizco» para las farmacéuticas, con cerca de 2,5 millones de dosis comercializadas que han evitado nuevos embarazos y, por tanto, que ha beneficiado más a la estadística de los abortos que las campañas de educación sexual puestas en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los provida «ayudan» en la mudanza de una clínica

Miembros de Provida Madrid y Derecho a Vivir se concentraron ayer frente a la clínica Dator de Madrid, especializada en realizar interrupciones del embarazo, para celebrar la reforma de la ley del aborto y mostrar su repulsa a «los empresarios que se lucran con el negocio de la muerte». Disfrazados de dibujos animados infantiles y portando peluches y juguetes, los provida celebraron que la clínica se convierta en una guardería, al tiempo que simularon ayudar a sus responsables con la mudanza.