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Las monjas que luchan contra la trata

Este martes se celebra el Día Mundial de las víctimas de Trata, un delito que afecta a más de 20.000 personas

23:00 horas de la noche del 7 de junio. Llaman de la Oficina de Asilo y Refugio del Aeropuerto de Barajas para la identificación de una posible víctima de trata. El Proyecto Esperanza, con Almarza al frente, se pone en marcha. Esta iniciativa de la congregación de las Hermanas Adoratrices, que desde su fundación trabaja con mujeres en contextos de prostitución, surge en 1999 para dar respuesta a un problema global cada vez más frecuente, la captación de personas con fines de explotación ya sea sexual o laboral. Formado por cuatro hermanas y 16 profesionales con distintos perfiles, el Proyecto Esperanza trabaja en red con la Policía, los funcionarios del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, sanitarios de centros de salud y oenegés en el proceso de identificación de posibles mujeres víctimas de trata.

«La primera fase, la identificación, siempre es la más complicada porque, muchas veces, las mujeres no saben siquiera dónde están ni que son víctimas de un delito», explica Almarza, religiosa adoratriz y directora del proyecto. El miedo y la desconfianza son con lo que primero tienen que lidiar la mediadora social y la abogada que acuden al primer encuentro. Ocurre que, a menudo, el proceso de captación se produce en su entorno cercano. «Son engañadas por su novio, su padrastro, sus vecinas... prometiéndoles un trabajo y una vida mejor en Europa. Pero cuando llegan aquí son obligadas a ejercer la prostitución para pagar una supuesta deuda contraída por el viaje». Aunque «sea un delito de libro», dice Almarza, en ocasiones «las chicas están tan confundidas que no saben cómo han llegado a esa situación».

La mujer que han ido a visitar al aeropuerto ha aceptado el recurso de emergencia que ofrecen las hermanas Adoratrices, un espacio de seguridad y anonimato abierto las 24 horas del día. «Sufren violaciones, engaños, amenazas, abusos, violencia... Así que cuando llegan a nosotras intentamos creer un vínculo sin hacer demasiadas preguntas». Lo primero que reciben en esta casa de emergencia es un abrazo y un kit con ropa y algunos enseres. «Suelen venir sin nada, incluso sin pasaporte», apunta la religiosa. Al día siguiente, se les ofrece una atención continuada en la casa para su recuperación integral física y psicológica. Si quieren retornar a su país, también se les da ayuda jurídica y, si deciden quedarse, pasan a una vivienda junto a otras seis chicas y cuatro hermanas hasta que están preparadas para tomar las riendas de su vida.

Ese siete de junio la Embajada de Paraguay hizo la última llamada del día comunicándoles un posible caso de trata para fines de explotación laboral en el ámbito doméstico. No hay perfiles en la trata y los casos son variados. Recuerdan que el año pasado, por estas fechas, acompañaron incluso a la Brigada provincial de la Policía en una redada a un chalé donde se obligaba a chicas asiáticas a prostituirse, para ofrecerles su acompañamiento y recursos.

Este martes se celebra el Día Mundial de las víctimas de Trata, un delito que afecta, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a más de 20.000 personas. De todas ellas, el 77% son mujeres que han sufrido, en su mayoría, explotación sexual, según la ONU. En cuanto a los hombres, el delito de trata más común es la explotación laboral.

La Iglesia católica es una de las entidades que ayuda a sus víctimas a salir de este círculo de explotación a través de la congregación de las Hermanas Adoratrices. En sus 20 años de funcionamiento, han atendido a más de 1.000 mujeres de 73 nacionalidades. En cualquier otro ámbito donde se vulneren los derechos y la dignidad de las personas «la Iglesia está obligada a intervenir», dice sin titubeo Ana Almarza. «Llevo 34 años viviendo con mujeres en contextos de prostitución y 20 con víctimas de trata y, pese a ello, no he hecho callo», reconoce. Desde primera línea de batalla clama a los partidos políticos por un Pacto de Estado contra este crimen, que la mayoría de las veces queda impune: en España sólo se identifica a una de cada 20 víctimas.