El juicio por el accidente del tren Alvia no se celebrará antes de 2017

Las víctimas del accidente del Alvia se han concentrado en la Plaza del Obradoiro para pedir justicia y exigir responsabilidades
Las víctimas del accidente del Alvia se han concentrado en la Plaza del Obradoiro para pedir justicia y exigir responsabilidades

Han lanzado acusaciones contra el PP y el PSOE por ocultar información sobre las causas de accidente y por oponerse a la creación de una comisión de investigación parlamentaria.

Ayer se cumplieron tres años del trágico accidente ferroviario del Tren Alvia, cuando descarriló por exceso de velocidad en una curva que se encontraba a unos tres kilómetros de Santiago de Compostela, donde finalizaba su ruta, y en el que perdieron la vida 80 personas y otras 148 resultaron heridas. Todo estaba concluido para que el juicio se hubiese podido celebrar, con el maquinista como único acusado, para quien el fiscal solicitaba cuatro años de cárcel, y con una responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora, QBE Insurance, con responsabilidad subsidiaria de Renfe Operador que alcanzaba casi los 43 millones de euros en concepto de indemnización a las víctimas. Sin embargo, una resolución de la Audiencia de La Coruña del pasado mayo revocó la conclusión del procedimiento y ordenó al juez que reabriera la investigación para determinar «si ha existido y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo de la línea que tuviera en cuenta la situación de peligro, concretamente existente en la curva donde se produjo el accidente».

Esta decisión tiene una consecuencia inmediata y directa: el retraso en la celebración del juicio y, derivado de la sentencia, la percepción de las correspondientes indemnizaciones.

Y es que, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas conocedoras del caso, la vista oral no se podrá celebrar en ningún caso antes de 2017, «y con suerte, en el primer trimestre». El motivo no es otro que la investigación «ha vuelto atrás», es decir, habrá que realizar las diligencias ordenadas por la Audiencia, el juez tendrá que dictar nuevamente auto de transformación en procedimiento abreviado –equivalente al auto de procesamiento–, donde fijará contra quién o quiénes –si entiende las nuevas pruebas incriminan a alguien más que al conductor, lo que hasta ahora rechazó tanto el instructor como el fiscal–, se dirige la acusación –resolución que, a su vez, puede ser recurrida, con lo que ello conlleva–. Si se confirma esa decisión, daría traslado al Ministerio Público y acusaciones para que presentaran los escritos de acusaciones; posteriormente, se seguiría ese mismo trámite para la defensa o defensas.

Una vez cumplimentado todos esos trámites, se trasladarían las actuaciones a la Audiencia Provincial de La Coruña, que será la encargada de celebrar el juicio. Toda vez que se trata de una causa donde no hay nadie en prisión provisional, no tendrá un carácter prioritario.

Todo ello, y teniendo en cuenta que agosto es un mes en el que no se practicará ninguna diligencia, hace prácticamente imposible que se pueda celebrar la vista este año. Es más, las fuentes consultadas consideran que es improbable incluso que acabe este año con la instrucción terminada y pendiente sólo de señalamiento de juicio oral. «No va a ser nada rápido», aseguraron al respecto.

De esta forma, habrá que esperar como mínimo otros seis meses, aunque todo hace indicar que serán más y que una previsión «realista puede ser casi en verano del próximo año».

Por otra parte, familiares y víctimas se concentraron ayer en Santiago para exigir «justicia» tras «tres años de mentiras» y «afrentas». Critican la dilación del juicio y que por ello «las víctimas y los familiares tengamos que seguir sufriendo, con este dolor, en vez de buscar la verdad para que podamos pasar página y que un accidente tan terrible no vuelva a ocurrir». Así lo denunció ayer en declaraciones a los medios el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez quien arremetió contra el Gobierno y contra los dirigentes de Renfe y Adif, y piden una comisión técnica «independiente», una investigación parlamentaria y que Blanco y Pastor pidan perdón, informa Ep.