Los parados de larga duración no pagarán los medicamentos

El Consejo de Ministros ha anunciado que los parados de larga duración no tendrán que pagar los medicamentos, una medida incluida en el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016.

Además, se ha comprometido a destinar 136.000 millones para cuatro años, 93 millones al día, para dar respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 para reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España. "Se ha adoptado el acuerdo para los años 2013-2016 como un instrumento integrador de todas las políticas a favor de la inclusión social y necesario una vez culminado el de 2008-2010", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, acompañada de la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha detallado el contenido del plan.

El plan, que consta de 240 medidas, integra todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España vertebradas en tres ejes: impulsar la inclusión a través del empleo, garantizar un sistema de prestaciones económicas y de servicios públicos básicos, según ha explicado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato.

La iniciativa incluye un apartado específico dirigido a la atención de las personas con discapacidad, mayores, dependientes, víctimas de violencia machista, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos y personas sin hogar.

Para ello, el Ministerio de Sanidad concreta que el plan cuenta con una estimación presupuestaria de unos 136.600 millones de euros para cuatro años.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Mato ha destacado que el plan incorpora por primera vez un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, reforzando la atención a los hogares con hijos en situación de privación material severa a través de los servicios sociales.

"Los menores deben ser objeto de especial protección, no podemos permitir que se vean afectados por los problemas económicos de sus familias", ha dicho la ministra.

Para este fin, contempla un fondo extraordinario de 17 millones de euros, pero además se ha puesto en marcha, junto con las entidades sociales, un plan de urgencia social dotado para 2013 con 20 millones de euros para atender la situaciones "de extrema necesidad de las familias".

También se destina para afrontar estas situaciones el Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos que facilita alimentos a las familias que más lo necesitan y que cuenta ya con 40 millones de euros para el primer semestre de 2014.

Como ya ha explicado el Ministerio en varias ocasiones, en las subvenciones a las ONG con cargo al IRPF se incluyen numerosos proyectos orientados a la protección de los menores.

El Ejecutivo reforzará el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos a niños de familias vulnerables.

El plan, consensuado con los ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y con el Tercer Sector, hace un diagnóstico de la situación actual en España y pretende dar respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de exclusión social.

Además de la pobreza infantil, el Gobierno quiere impulsar la inclusión a través del empleo con la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales.

Para este objetivo, se reforzarán la estrategia de emprendimiento y empleo joven, así como los programas de reciclaje profesional para los mayores de 45 años.

Respecto a la garantía de un sistema de prestaciones económicas a las personas más vulnerables, se dará continuidad y se adaptará el programa PREPARA que se mantendrá automáticamente en periodo de seis meses hasta que el paro baje del 20 por ciento.

Asimismo, está prevista la reorganización de las prestaciones no contributivas para evitar lagunas de cobertura.

En cuanto al compromiso con los servicios básicos, destaca en el ámbito de la educación la creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos y la progresiva incorporación de la FP Dual, así como una valoración del riesgo de exclusión social en la admisión en las escuelas de educación infantil.