Más de 80 años de cárcel para las mafias de la prostitución de Castelldefels

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta seis años de prisión a un comisario y a dos inspectores jefe de la Policía Nacional y de hasta diez años y medio a los propietarios de los clubes de alterne Saratoga y Riviera, por integrar una trama de corrupción policial que protegía burdeles.

En su sentencia, de 700 páginas, la sección novena de la Audiencia ha condenado a la veintena de procesados por la trama de corrupción policial, entre ellos a los seis mandos y agentes de la Policía Nacional acusados de proteger a los prostíbulos a cambio de dinero y regalos, y ha ordenado el cierre definitivo de ambos clubes de alterne de Castelldefels, que fueron los mayores del área de Barcelona.

La Fiscalía pedía penas de hasta 44 años de prisión para los mandos policiales, en una causa que se destapó a inicios de 2009 y comportó la clausura indefinida de los burdeles Riviera y Saratoga de Castelldefels (Barcelona).

Concretamente, la sala ha condenado al excomisario jefe de Extranjería de la Policía Nacional Luis Gómez a seis años de prisión y a tres al exinspector jefe de esa área Abundio Navas por un delito continuado de cohecho, omisión de perseguir delitos y falsificación en documento oficial.

También el exinspector jefe José Javier Martín ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel y a cinco el exinspector Andrés Otero, que estaba jubilado cuando se precipitó la investigación, mientras que al subinspector Ignacio Landa se le ha impuesto un año y medio y al agente Manuel Melendo una pena de multa.

El tribunal cree probado que los policías, todos ellos inhabilitados para ejercer su trabajo, recibieron dinero y regalos de los dueños de los macroburdeles, a cambio de avisarles de las inspecciones que iban a llevarse a cabo en sus locales, en una trama corrupta que se prolongó entre los años 2002 y 2008.

Por eso, la sala ha condenado a diez años y medio de cárcel al dueño del club Saratoga Raúl Salcedo, a siete con once meses al propietario y socio del mismo club José Carlos Hazas, y a ocho años con once meses de prisión al propietario del club Riviera Antonio Herrero, así como a penas algo inferiores a los encargados de dichos locales.

La sala también condena a los abogados Fernando Martínez (seis años y medio de cárcel), Carlos Carretero (dos y medio) y Alex Garberí (un año y medio), por asociarse con el inspector jefe José Javier Martín para extorsionar a clubes de alterne de Barcelona, a los que cobraban grandes cantidades por asistirlos tras las redadas.

Asimismo, al ingeniero Joaquín Quílez -también imputado en la investigación por presunta extorsión a apartamentos turísticos de Barcelona- se le ha impuesto una pena de cuatro años y un mes de cárcel por avisar de inspecciones administrativas a varios burdeles en colaboración con el funcionario municipal Manuel Martínez, penado con tres años y medio de prisión.

La sala ha llegado al convencimiento de que los dueños de Riviera y Saratoga eran avisados por la policías de las redadas porque, a su parecer, "es evidente que hubo inspecciones en las que no se identifica prácticamente a ninguna mujer en situación irregular o a muy pocas", comparado con otras redadas "sorpresivas o posteriores".

La Audiencia cree que los dueños de los locales de alterne desplegaron una "estrategia"dirigida a ganarse los favores de los policías responsables de las inspecciones, "mediante pagos directos, regalos y otros beneficios, aparte de ofrecerles el acceso al club y sus servicios de bar y habitaciones gratuitos".

La sentencia condena a los dueños de los macroburdeles por favorecimiento a la prostitución, al entender que se lucraban de la "explotación"de las mujeres de alterne, "aprovechándose de sus dificultades y en condiciones de subordinación", por mucho que ellas dijeran practicar esa actividad voluntariamente.

En ese sentido, el tribunal destaca los controles de que eran objeto las prostitutas del Riviera y el Saratoga, incluidos los que se refieren a su salud sexual, con extracciones de sangre y toma de muestras biológicas que se llevaban a cabo en la sede del club.

En opinión del tribunal, las mujeres eran víctimas de explotación sexual por su "origen, procedencia y precaria situación, desconocimiento del idioma y escasos contactos en el país".