El Congreso aprueba la ley de evaluación ambiental, que incluye el «acuerdo del Tajo»

El Congreso ha aprobado hoy, con el apoyo del PP y la abstención de CIU, la ley de evaluación ambiental, que regulará el control de la polémica técnica del "fracking"y que ha sido rechazada por el resto de la oposición por "centralizadora"y por "colar de rondón"el reciente acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura.

Al texto, aprobado en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los grupos han presentado 294 enmiendas, de las que el PP solo ha aceptado media docena, todas de carácter técnico.

Los socialistas han calificado de "fraudulenta"la vía seguida para introducir en este texto el acuerdo sobre el trasvase del Tajo-Segura, al haberse hecho durante el trámite de ponencia vía enmiendas del PP.

Este acuerdo, adoptado por el Gobierno y Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia establece, entre otros, un máximo de 600 hectómetros cúbicos anuales de agua transferible a la cuenca del Segura y de 50 hectómetros cúbicos a la del Guadiana.

La futura norma, que será remitida ahora al Senado, incluye como novedades el control ambiental de la fractura hidráulica o "fracking"y la tipificación expresa de infracciones como el "bunkering", que es el suministro de combustible de barco a barco en alta mar.

Asimismo plantea que los estudios de impacto ambiental incorporen expresamente la peligrosidad sísmica e inducida.

La oposición ha tachado además la ley de "paso atrás"por su planteamiento de acortar los plazos de análisis medioambiental y porque fija umbrales "poco exigentes".

Según el Gobierno, la nueva ley de evaluación ambiental persigue reforzar la protección ambiental, simplificar y agilizar los procedimientos y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional.

La norma, controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica, que consiste en extraer gas del subsuelo de las rocas mediante inyecciones de agua y productos químicos.

El texto, que regulará el análisis de viabilidad de los proyectos (ganaderos, energéticos, de construcción, etcétera) de acuerdo a sus impactos ambientales, reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media en la actualidad.

Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático, y crea un nuevo instrumento llamado "bancos de conservación de la naturaleza"para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.