Ningún imputado de la red de trata de menores en prisión

A pesar de haber decenas de imputados en el caso de la red de prostitución desarticulada en Murcia en la que había una docena de menores, en la actualidad ninguno de los 29 arrestados se encuentra en prisión. Sólo lo estuvieron, y durante menos de dos meses, cuatro mujeres –las tres jefas de la organización y una cuarta integrante de la red–, según fuentes de Justicia. Tras haber pasado a disposición judicial, se encuentran en libertad con cargos y con la prohibición de salir del país tras haber pagado 3.000 euros de fianza. Una cantidad considerada baja a tenor del dinero que conseguían al prostituir a 400 mujeres, doce de ellas menores, entre su abultada cartera de clientes.

En el caso de los clientes, ninguno de los 15 arrestados ha pisado la prisión. Y eso a pesar de que entre ellos había demandantes de servicios sexuales que requerían expresamente mantener relaciones con menores y otros que no lo pedían. Incluso cuando se enteraban de que eran menores no les importaba continuar.

El juez de Instrucción número 7 de los Juzgados de Murcia que lleva la causa continúa tomando declaración a los imputados: una treintena pero que podrían ser más, a la espera de poder esclarecer qué clientes demandaban menores. Dado el volumen de responsables y clientes de la red, el juez aún no les ha tomado declaración a todos.

Este jueves, la Policía Nacional comunicó el arresto de 14 responsables de una red de prostitución y 15 clientes. Gracias al importante operativo puesto en marcha por dos unidades del Cuerpo lograron desarticular esta trama que ofrecía adolescentes de 14 a 17 años. Las menores eran captadas a través de compañeras del colegio, en discotecas y gracias a anuncios de trabajo en internet.

Las tres jefas de la red enseñaban un «book» de 400 mujeres a sus clientes vía WhatsApp. Un álbum que daba respuesta a los anhelos más enfermizos de sus clientes. A pesar del hermetismo impuesto para dar a conocer su identidad, entre ellos hay empresarios, abogados y hasta un suboficial retirado de la Guardia Civil de 82 años, como avanzó LA RAZÓN. Pagaban entre 80 y 200 euros por servicio, con la posibilidad de ir a uno de los tres pisos prostíbulo o de que las chicas fueran a sus domicilios. La investigación arrancó en agosto, después de que una menor ecuatoriana abandonase la casa de sus padres. Los progenitores explicaron que su hija llevaba un tiempo manteniendo un nivel de vida muy superior al que se podía permitir. A mediados de octubre los agentes localizaron a la menor en un piso de la capital murciana, donde estaba siendo prostituida junto a otras menores.