Imagina despertar mañana y que no salga agua del grifo. No podrías ducharte ni preparar el desayuno a tus hijos. Los hospitales no podrían operar, las escuelas cerrarían y los supermercados se quedarían sin productos frescos en horas. Aunque parezca imposible, este escenario es cada vez más real debido a las amenazas que enfrentan nuestras infraestructuras hidráulicas.

El agua ha dejado de ser solo un recurso natural para convertirse en un activo estratégico. Cada gota que llega a nuestros hogares depende de un sistema complejo de presas, plantas potabilizadoras, depuradoras, desaladoras y redes de distribución. En España, estas infraestructuras garantizan el futuro de 49 millones de personas. Sin embargo, este sistema vital es vulnerable a amenazas tanto físicas como digitales que podrían comprometer no solo el suministro de agua, sino la estabilidad de todo el país.

La historia reciente nos muestra que estas amenazas no son teóricas. En 2023, durante la guerra en Ucrania, la destrucción de la presa de Nova Kakhovka liberó millones de metros cúbicos de agua, inundando aldeas enteras y dejando sin agua a miles de hectáreas de cultivos. En Siria e Irak, las presas de Tabqa y Mosul fueron objetivos militares durante los conflictos armados.

Pero el peligro no procede solo de ataques físicos. En 2013, hackers iraníes accedieron a los sistemas de control de la presa Bowman en Nueva York, demostrando que una infraestructura crítica puede ser atacada desde miles de kilómetros de distancia. Más recientemente, en septiembre de 2024, Arkansas City en Estados Unidos sufrió un ciberataque a su planta de tratamiento de agua, obligando a activar operaciones manuales de emergencia.

Estos ejemplos revelan una verdad inquietante: el agua puede usarse como arma o convertirse en objetivo. Un sabotaje a una desalinizadora o un ciberataque a una presa puede causar no solo pérdidas económicas, sino también desplazamientos de población, conflictos locales y pérdida de confianza en las instituciones.

Las infraestructuras hidráulicas se consideran críticas porque su fallo tendría un impacto devastador en la salud, seguridad y bienestar económico de los ciudadanos. Esto incluye la captación y distribución de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de embalses, los sistemas de riego para la seguridad alimentaria, las desaladoras y los sistemas de control del agua.

España cuenta con más de 1.200 presas en explotación, 1.300 plantas de tratamiento de agua potable, 2.000 plantas de aguas residuales y numerosas desaladoras. Esta extensa red presenta vulnerabilidades estructurales, técnicas y estratégicas que requieren atención urgente.

La protección de estas infraestructuras requiere una estrategia en tres niveles:

Protección física: Vigilancia permanente de puntos de acceso, instalación de sensores y cámaras, pudiendo llegar a la presencia de fuerzas de seguridad en instalaciones clave en caso de crisis.

Ciberprotección: La digitalización ha mejorado la eficiencia del sector hídrico, pero también ha creado nuevas vulnerabilidades. Un ciberataque puede alterar niveles de cloración, manipular válvulas o interrumpir el bombeo de agua. La ciberseguridad debe ser un componente estructural, no un complemento.

Protección estratégica e inteligencia: Las fuerzas de seguridad deben contar con mapas de riesgos actualizados y protocolos de respuesta inmediata.

Además, ingenieros, técnicos y gestores del sector deben recibir formación en protección de infraestructuras críticas y procedimientos de emergencia.

Los países deben consolidar un Plan Nacional de Eficiencia Hídrica que incorpore seguridad como principio fundamental. Este plan debería incluir cuatro ejes: modernización de infraestructuras respetando criterios de seguridad; gestión integrada y digitalización con plataformas de monitorización unificadas; protección y resiliencia mediante ejercicios conjuntos entre ministerios; y capacitación en gestión de crisis y ciberseguridad.

La protección del agua es una responsabilidad compartida entre civiles y militares. El concepto de seguridad nacional debe ampliarse: ya no basta con proteger fronteras, es necesario proteger los flujos de agua que sustentan la economía y la sociedad.

El siglo XXI es el siglo del agua. No porque escasee en términos absolutos, sino porque su gestión, distribución y protección determinarán la prosperidad o el declive de las naciones. La protección del agua no es solo una cuestión ambiental o técnica; es, sobre todo, una cuestión de soberanía y futuro. Un país que protege eficazmente su recurso más vital se convierte en un modelo de estabilidad. El agua es, más que nunca, un asunto de Estado.