Sanidad paraliza el copago de ambulancias, ortopedia y dieta

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La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer la decisión que había tomado su Ministerio de no poner en marcha el copago de ambulancias, ortoprotésicos y productos dietoterápicos que presentó como real decreto hace varios meses. Aunque la ministra decidió paralizar este proceso antes del pasado mes de diciembre, el informe que presentó hace una semana el Consejo de Estado ha acelerado el anunció de su no implantación. Aunque el dictamen de la institución consultiva cuestionaba la eficacia de la medida, hasta ayer, Sanidad no había querido concretar qué iba a hacer con ésta.

A primera hora de la mañana, ante la insistencia de los periodistas, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, durante la presentación de los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), reconoció que se iba a tener en cuenta la sostenibilidad del sistema y la mejora de la economía española en los últimos meses a la hora de determinar si se implantarían o no las nuevas formas de copago: «El Gobierno estudia permanentemente los proyectos normativos que se tienen encima de la mesa, no los que están en vigor y aplicándose».

Sólo unas horas más tarde, al finalizar su reunión con el Consejo Asesor, la ministra anunció la paralización de la futura norma insistiendo, al igual que Farjas, en los buenos resultados económicos que espera el Gobierno para este año y que evitarían a los españoles añadir tres copagos más al de los medicamentos dispensados en todo tipo de farmacias (comunitarias y hospitalarias). Y es que además de las ambulancias, el real decreto también incluía el pago de los pacientes de una parte de las ortoprótesis que necesiten, así como de productos dietoterápicos. «Los esfuerzos de los ciudadanos están dando sus frutos y ahora las administraciones tienen que continuar poniendo en marcha medidas de eficiencia para mejorar la calidad de la sanidad», aseveró la ministra a la hora de argumentar su decisión. «No vamos a pedir más esfuerzos». La medida que estaba tramitando el Gobierno formaba parte de la cartera de servicios suplementarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como la farmacia. De este modo, como dejan claro desde el Ministerio, «no van a establecerse nuevas aportaciones y el desarrollo normativo de la cartera de servicios se da por concluido».

La iniciativa que presentó la ministra a las comunidades autónomas a finales de 2012 y que, a pesar de las reticencias de algunas regiones, salió adelante, fijaba una aportación de cinco euros por cada viaje no urgente en ambulancia, 10 si es de ida y vuelta, con un tope de 10, 20 o 60 euros al mes en función de la renta. En lo que se refiere a la prestación ortoprotésica ambulatoria se establecieron productos de aportación reducida como las sillas de ruedas, algunas prótesis, plantillas y audífonos, por los que los ciudadanos tenían que pagar un 10% de su coste de facturación, con un tope de 20 euros. En el resto de productos se establecieron los mismos porcentajes de copago que con los medicamentos, en función de la renta. Dentro de éstos entrarían las muletas, por ejemplo.

Los fármacos dietoterápicos, los que consumen enfermos con trastornos metabólicos complejos o que necesitan nutrición entera, también se iban a incluir dentro del nuevo copago. Los pacientes aportarían un 10% del coste del producto.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha sido una de las primeras en pronunciarse tras el anuncio de Ana Mato. Están satisfechos con la decisión porque «penalizaban a las personas más enfermas y más pobres». Aunque, como reclaman desde hace 18 meses, exigen retirar todos los tipos de copago, «especialmente el de los fármacos de dispensación hospitalaria». Aunque desde el Ministerio insisten en que la decisión de Mato es previa al informe del Consejo de Estado, la Fadsp insiste en que «ha sido una decisión forzada por el amplio rechazo social y profesional».

Finalizada la polémica de nuevos copagos, aún quedan por resolver las negativas de algunas comunidades, como Andalucía, al copago de la farmacia hospitalaria y la puesta en marcha efectiva en todo el territorio nacional.