«Supondrá eliminar el derecho de las mujeres a decidir libremente»

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha denunciado hoy que de la Ley del Aborto obedece "a intereses electorales"del PP y que supondrá eliminar el "derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su embarazo".

El líder del PSOE ha recalcado que "no hay un clamor popular para que se modifique la actual legislación sobre la interrupción del embarazo, que está funcionando "muy bien"y es homologable a la del resto de países europeos, y ha achacado la reforma a que el PP "tiene un sector de su partido que le pide movimientos más a la derecha".

A su juicio, el resultado de esta reforma es que se suprimirá "el derecho que tienen las mujeres para decidir libremente sobre su embarazo".

La consecuencia, ha insistido Rubalcaba, será que las 100.000 personas que abortan al año en España se van a encontrar con que "si tienen dinero, podrán ir a Francia o Portugal a abortar y si no, tendrán que ir a los vericuetos administrativos por los que se movían las mujeres hace 35 años".

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha criticado que el anteproyecto de ley de reforma del Aborto es "más restrictivo que la Ley de 1985"porque no aborda la realización de los abortos por la sanidad pública, a la vez que la ha tachado de "confesional".

"Para UPyD esta norma no es sólo ni principalmente un ataque a las mujeres, es una afrenta a la sociedad laica y plural", ha argumentado la líder de la formación magenta, Rosa Díez, a la espera de un estudio más pormenorizado del texto porque, a su juicio, el "diablo está en los detalles".

Precisamente en este mismo punto, el 'número dos' de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, cree que esta reforma legislativa es "confesional"a la vez que trata a la mujer como si fuera menor de edad. "Es pura corrupción intelectual", ha apostillado en un comentario en la red social Twitter.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, considera que la reforma de la Ley del Aborto que propone el Gobierno supone una "involución de 30 años en los derechos de las mujeres", y advierte de que, por ello, su formación "dará la batalla".

Lara entiende que no hay ninguna reclamación mayoritaria para que se cambie la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en España.

El portavoz de Igualdad del PNV en el Congreso, Joseba Agirretxea, ha señalado que la reforma de la Ley del Aborto "es la más restrictiva del mundo occidental actualmente", incluso "más"que la española de 1985. Es más, sostiene que ésta modificación de la ley "responde a presiones que sufre el PP de sectores reaccionarios"

Los sindicatos CCOO y UGT lo han tachado de "ataque frontal"a los derechos de las mujeres y han acusado al Gobierno de "condenar a la clandestinidad a las mujeres y profesionales de la Sanidad que les atienden en base a su compromiso deontológico".

CCOO considera que, con esta reforma, el Ejecutivo "ataca un derecho esencial para las mujeres: el derecho a decidir sobre su salud reproductiva y sobre su maternidad". El sindicato ha acusado al Gobierno de usar los derechos de las mujeres "como moneda de cambio"para "contentar a la ultraderecha del PP, descontenta por otras medidas gubernamentales".

Por su parte, UGT ha señalado que el anteproyecto "supone un retroceso de casi treinta años en los derechos de las mujeres"y ha advertido de que, al suponer "una gran inseguridad jurídica para los profesionales sanitarios, encargados de practicar las intervenciones de interrupción voluntaria de los embarazos", se vuelve al "oscurantismo"poniendo en riesgo la vida de las mujeres.

La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB) ha calificado la reforma de "un paso atrás que sitúa a España "entre los países menos respetuosos con los derechos sexuales y reproductivos de la UE". La APFCIB ha denunciado que "el PP está manteniendo un posicionamiento ideológico represivo que atenta contra la autonomía reproductiva de las mujeres"y ha recordado que esta autonomía está reconocida en la Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la International Planned Parenthoot Federation (IPPF).

"Como profesionales expertas de la planificación familiar, apoyamos cualquier medida encaminada a favorecer la consecución de un embarazo deseado y de una maternidad y paternidad digna, responsable y enriquecedora", agrega la asociación "Pero pensamos -añaden- que las únicas iniciativas que han demostrado su validez y fiabilidad son la educación sexual, mediante mecanismos de colaboración entre el sistema educativo y el sanitario, y el acceso a los medios anticonceptivos, así como a los servicios específicos de educación y orientación sexual culturalmente adaptados a las necesidades de la población". También aboga por "una comprensión de la vida que vaya más allá del momento de la concepción y que recoja, sobre todo, la calidad de vida".

"Ninguna de las medidas legislativas anunciadas implican una mejora en la calidad de vida ni se adecúan a la realidad social actual; todo lo contrario, se olvidan de hacer esta reflexión, con las consecuencias que esto tendrá para la población más vulnerable", critica la APFCIB que ve "impropio de un gobierno del siglo XXI"querer "tutelar los derechos y la capacidad de decisión de las mujeres".

La asociación exige al gobierno "que pare estas medidas restrictivas e incoherentes fundamentadas en un criterio ideológico y moralista, sin ningún criterio sanitario o social de los apoyados por organismos internacionales como la OMS y la ONU". Las profesionales de la planificación familiar apelan al Parlament de Catalunya que cumpla lo que aprobó en septiembre de 2013 aprobó, una resolución en la que se comprometía a iniciar el proceso para la elaboración y desarrollo de una ley propia de derechos y salud sexual y reproductiva.

La portavoz de la Federación Estatal de Organizaciones Feministas, Justa Montero, advirtió este viernes de que la nueva Ley de Protección de la Vida del Concebido y de la Mujer Embarazada que ha elaborado el Gobierno "es tan dura que casi el 95% de las mujeres que deseen abortar se quedarán fuera". En declaraciones a Servimedia, Montero explicó que con la ley de 1985, "a la que quieren volver", al supuesto de violación se acogía menos del 3% de las solicitantes, mientras que "el de malformaciones graves del feto apenas suponía otro 3%". Además, este último ahora desaparece, agregó, y si encima se exigen más informes médicos, "los requisitos serán tales que la inmensa mayoría se quedará fuera". A su juicio, muchas mujeres "serán empujadas al aborto clandestino, ya sea en España o fuera de nuestro país, la que pueda pagarlo". Según Montero, esta reforma supone "toda una bofetada a la dignidad de las mujeres, a las que considera como meras incubadoras o portadoras del feto". "No les preocupa nada nuestra vida, ni nuestros derechos ni nuestra salud", subrayó. Con todo, Montero avanzó que "lucharemos para evitar que esta norma vea la luz", y pidió a todos los grupos parlamentarios que se opongan en el Congreso y "dejen solo al PP en este atropello contra las mujeres". Montero animó finalmente a participar en las protestas que distintas asociaciones de mujeres han convocado hoy y mañana sábado en las principales ciudades del país.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha considerado hoy que "las mujeres españolas se han quedado sin derecho a abortar"y ha precisado que solo podrán hacerlo "si con capaces de sortear los vericuetos que la ley les pone para impedir que lo hagan". Así lo ha manifestado Santiago Barambio, portavoz de ACAI, quien ha insistido en que con el anteproyecto de ley las mujeres solo podrán abortar si son violadas o si alegan riesgo para su salud física o psíquica, que deba ser acreditado por dos profesionales "que no tienen nada que ver con la entidad"que va a practicar el aborto.

A este respecto, Barambio se ha preguntado si se incrementarán las denuncias por violación y ha advertido de la posibilidad de que "nos encontremos con una pila de mujeres que denuncien violaciones". Además, ha recordado que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el PP contra la actual ley del aborto, que permite la libre interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, y ha considerado que "probablemente nunca lo haga", pues si la nueva ley la deroga, no habrá objeto sobre el que dictaminar.

El representante de ACAI ha manifestado también sus dudas sobre si habrá psiquiatras dispuestos a asumir las demandas de aborto de las mujeres e interpretar que el embarazo les está creando un riesgo para su salud psíquica o física. Respecto a los profesionales que realizan interrupciones de embarazo, Barambio ha señalado que "tenemos que esperar a que las mujeres lleguen porque si hay vinculación entre los que dictaminan y los que llevan a cabo la intervención se puede considerar una trampa".