Un avance histórico y de progreso

El aborto no es un derecho sino un despropósito. No estamos ante un debate político, ideológico o religioso, sino ante la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida. El no nacido es un ser humano que necesita ser protegido y que está indefenso. No existe ninguna razón que justifique que no complete el ciclo que le llevará al nacimiento. Es incomprensible que se esgrima el derecho de la mujer a usar como quiera su propio cuerpo como si el nasciturus no existiera. Por tanto, estamos ante un debate médico y ético. La primera consideración es determinar si el nasciturus es o no un ser vivo que tiene derecho a la vida. No conozco ningún informe médico que diga que no estamos ante un ser humano que se abre camino hacía la vida plena. La segunda consideración es ética. ¿Nos asiste el derecho a acabar con una vida? El derecho a la vida y el acabar con la arbitrariedad de los poderes públicos fueron algunos de los avances decisivos que se impulsaron con el ciclo de las revoluciones liberales. La vida se convirtió en un bien muy preciado, como tiene que ser, y no creo que nadie tenga derecho a acabar con ella. Una conclusión lógica de ese proceso ha sido acabar con la pena de muerte en la mayor parte de las democracias, aunque existan lacerantes excepciones en grandes naciones como Estados Unidos o Japón.

Los que defienden el aborto como un derecho de la mujer son incoherentes, porque están impidiendo el derecho a la vida del nasciturus. Hay gente que defiende el derecho de los animales y que no sean utilizados en experimentos científicos mientras consideran razonable el aborto. Hay quien se escandaliza con el tabaco y se pone en las cajetillas que fumar comporta riesgo de muerte, pero en cambio les parece razonable la muerte de un ser indefenso. Les parece bien que una adolescente pueda abortar sin el permiso de sus padres, pero le niegan que pueda hacer cosas menos graves como comprar una cajetilla de cigarrillos. El aborto es un retroceso histórico y una arbitrariedad inaceptable, porque antepone el presunto bienestar de la madre a los derechos de un ser inocente que no es culpable por haber sido concebido.

El proyecto de ley orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada es un avance histórico y un signo de progreso, porque los más de cien mil abortos que se realizan en España cada año son un signo de decadencia y una injusticia abrumadora. Gallardón es el blanco de los injustos ataques de los que miran con indiferencia la vida humana. Es muy positivo escandalizarse ante la pena de muerte, las guerras o los horrores que se cometen en muchos países del mundo, pero es incomprensible que no tengan la misma sensibilidad a la hora de proteger la vida del concebido.

Rajoy ha acertado al impulsar una reforma que se ajusta al marco constitucional y que no criminaliza a la mujer embarazada que aborte, porque nunca será penada. La segunda parte de esta histórica reforma legal tiene que ser ayudar a las mujeres para que no se produzcan embarazos no deseados y cuando suceda que cuenten con medios para que el embarazo llegue a buen término. Hay que respetar la libertad sexual de hombres y mujeres, pero esto no es incompatible con una mayor información sobre los riesgos que comportan los embarazos no deseados. Las administraciones tienen un papel muy importante a la hora de conseguir que no se frivolice en este terreno y que el aborto no sea el camino fácil tras una relación sexual sin ningún tipo de precaución. La mujer es libre de tener relaciones sexuales, ya que es algo que afecta a su intimidad, pero éstas no tienen por qué concluir con un embarazo. La reacción ante esta reforma legal es un auténtico despropósito y no se quita ningún derecho, sino todo lo contrario. Se pone punto final a una arbitrariedad y se salva la vida de seres inocentes.