Un juez investiga a 7 clínicas abortistas por revelar datos de sus pacientes

El pasado 3 de noviembre, LA RAZÓN publicaba una investigación que aportaba imágenes y documentos de algunas irregularidades que se habrían cometido en siete clínicas donde se practica el aborto. La plataforma La Vida Importa denunció los hechos ante la Guardia Civil y ésta decidió trasladar la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid. Así, a mediados del pasado mes de febrero, tras seguir «las diligencias de investigación de referencia, que con fecha 27 de enero de 2015 ha sido formulada denuncia contra los representantes legales de las entidades Clínica Ginecológica Callado SLP, Dator Partner Line, Centro Médico Pacífico S.L., Centro Médico El Bosque, Clínica Amec, Clínica Ansoain y Centro Médico Aragón», dictamina el fiscal jefe José Javier Polo en un documento al que ha tenido acceso este diario y por el que «ha dado lugar a la incoación de las Diligencias Previas» en «el Juzgado de Instrucción nº11 de Madrid».

Lo que la Justicia va a investigar son posibles delitos económicos, de tratamiento de residuos bio-sanitarios y contra la protección de datos que han podido cometer estas clínicas. Así, mientras la denuncia sigue su curso en los juzgados, la Agencia Española de Protección de Datos también está investigando los posibles delitos que han cometido las clínicas denunciadas. La documentación que recogió la asociación que interpuso la denuncia de los contenedores de basura incluía los nombres y estado de gestación de muchas de las mujeres que acudieron en 2014 a estos centros para interrumpir su embarazo. En algunos centros tiraron historias clínicas, como asegura la denuncia, con datos muy concretos de cada mujer, así como tarjetas con recordatorios de citas que también aportaban datos sanitarios y los nombres completos de las pacientes.

Además de la investigación que está haciendo la Agencia de Protección de Datos, otro de los presuntos delitos que tendrá que determinar el juzgado de Madrid responsable es si se incumplió la normativa de residuos biosanitarios, y es que en las bolsas de basura no sólo localizaron gasas sino también agujas y material punzante que pone en peligro la salud pública y el medio ambiente porque estos materiales tienen un tratamiento especial y se depositan en contenedores especiales. Y no sólo eso, en las imágenes que aportan junto a la denuncia, también demuestran que en alguna de las clínicas denunciadas se fuma en su interior, por lo que también estarían incumpliendo la ley antitabaco que prohíbe fumar en espacios sanitarios.

Las investigaciones de la plataforma también indican que «se cobran como abortos con anestesia general a un coste de 382,53 euros, interrupciones químicas que no cuestan más de 50 euros», porque en la mayoría de los centros concertados, de acuerdo con el denunciante, se cobran a la Administración abortos que finalmente no se llegan a realizar. Por eso, consideran en la denuncia que se están cometiendo delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

El negocio de las clínicas

El volumen de negocio de las interrupciones supuso en todo 2013 en torno a 43 millones de euros de ingresos para los hospitales y las clínicas privadas. Así se desprende de las tarifas de estos centros y del total de abortos que practicaron a lo largo de 2013 que superaron los 108.000. Más del 90 por ciento de interrupciones se llevó a cabo en clínicas privadas, aunque las interrupciones en centros públicos han aumentado.