Uno de cada cinco dependientes murió sin recibir la ayuda que le correspondía

Una de cada cinco personas en lista de espera por tener un grado de dependencia reconocido falleció antes de recibir la prestación a la que tenía derecho, en total más de 100.000 personas, según los datos del último dictamen del Observatorio de la Dependencia. El informe décimo cuarto, presentado hoy en rueda de prensa, señala que en España hay 1.216.341 personas en situación de dependencia reconocida, el 2,6 % de la población, y el 40 por ciento de estas personas, 500.000, no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia.

Según ha denunciado el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, desde 2011 el número de personas reconocidas como dependientes no ha parado de disminuir debido a cambios en el baremo y a la disminución de las solicitudes, de manera que las bajas no se reponen con nuevas altas. "Esto supone la demolición controlada de un sistema de atención a la dependencia que está colapsado", ha denunciado Ramírez, presidente también del Observatorio Estatal para la Dependencia, que ha denunciado que, desde 2012, el Estado ha dejado de aportar a las CCAA 285 millones de euros para mantener el sistema de atención a la dependencia.

En el último año, el número de personas con derecho a prestación ha descendido un 5,3 % al pasar de 947.483 en diciembre de 2013 a 897.182 a finales de noviembre de 2014, mientras que la cifra de dependientes atendidos ha disminuido un 3,3 % en ese mismo periodo, de 754.244 a 729.313. Ramírez ha lamentado, además, que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha perdido una media de 2.230 beneficiarios al mes durante 2014 y que 167.869 personas con derecho reconocido a atención aún no han recibido la ayuda, el 18,7 % del total de personas con este derecho.

En cuanto a la lista de espera para recibir la ayuda reconocida, los datos evidencian que ésta se ha reducido de 306.000 en diciembre de 2011 a 168.000 a finales de 2014, pero, según Ramírez, este descenso se debe a la disminución de personas con derecho a esta atención. Así, ha afirmado que 101.070 personas han fallecido desde 2012 antes de poder recibir los servicios o prestaciones a los que tenían derecho.

Además, han descendido las personas catalogadas con un grado de dependencia III (gran dependencia), de 438.682 en 2011 a 355.747 en 2014, así como los dependientes con grado II (dependencia severa), mientras que han aumentado en 22.000 personas las evaluadas en grado I, de manera que la gran dependencia ocupa el 29 % del total. Sobre las ayudas que reciben las personas en situación de dependencia reconocida, el último año se entregaron 30.000 prestaciones económicas menos por cuidados familiares.

Mientras, se ha incrementado la entrega de servicios en 1.903 atenciones de centro de día más, 334 residencias y 582 prestaciones de asistente personal. Ramírez ha denunciado que, por primera vez, la aportación de los propios usuarios de la dependencia supera a los que aporta el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para financiar el Sistema.

Así, de cada 100 euros gastados en atenciones, 63 euros lo aportaron las CCAA, los usuarios aportaron 19 euros, y la Administración central 18 euros.

"El Gobierno se ha ido retirando progresivamente de la financiación del sistema de atención a la dependencia dejando sin ningún tipo de consideración a las CCAA y a los otros grandes damnificados que son los usuarios a través del copago", ha criticado. De esta manera, el 78 % de la financiación pública del sistema lo aportan las CCAA y el 22 % el Estado, cuando debería estar repartido a partes iguales.

En 2014 se han mantenido los costes del sistema igual que en el año anterior, y el coste global de las atenciones del sistema es de 6.400 millones de euros al año, lo que supone 6.665 euros al año por dependiente atendido. Ramírez ha apuntado que el sistema muestra una altísima rentabilidad potencial y que el incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos.

En este sentido, ha asegurado que por cada 1.000 millones de euros invertidos cada año en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida; se crearían 30.000 puestos de trabajo netos y se ampliaría la atención a más de 120.000 personas en espera.