Las víctimas que deja la ministra «más feminista de la Historia»

No solo pasará a la historia por «colocar en el centro el consentimiento» (aunque ya estaba así colocado en el Código Penal), volcarse con el colectivo «trans», el lenguaje inclusivo o el acoso al que se vio sometida ella y su familia en entornos privados y en el mismo Congreso. La ya exministra de Igualdad Irene Montero, catalogada por su entorno como la «más feminista de la Historia» es cierto que ha conseguido avances en derechos para las mujeres pero también lo es que ha logrado poner de acuerdo a movimientos antagónicos para criticar su gestión, que siempre le perseguirá la ley de nefastas consecuencias del «Solo Sí es Sí» (que ha beneficiado ya a más de 1.200 agresores sexuales), pero pasará a la historia porque, pese a todo, las víctimas de violencia de género –que se suponen el leitmotiv de esta cartera– han seguido aumentando.

Este mes precisamente conocíamos que el Observatorio Nacional para la Violencia de Género había registrado el último incremento entre julio y septiembre en 52.545 mujeres, lo que supone un 9,57 % más que hace un año. Es decir, que según el CGPJ 21 de cada 10.000 mujeres sufrieron violencia de género este curso. También hemos conocido ahora que España acaba de registrar el peor dato de delitos sexuales de los últimos siete años: las violaciones en grupo crecieron un 15% respecto a 2021.

Los órganos judiciales recibieron 13.798 peticiones de protección y acordaron el 70% de ellas. En total se dictaron 13.461 sentencias, de las que el 83% condenaron al agresor. No parece apresurado deducir, por tanto, que algo está fallando si, lejos de paliar esta lacra, cada vez hay más víctimas. Y eso a pesar de que Igualdad ha manejado uno de los presupuestos más elevados del Gobierno de coalición. En esta línea van las críticas que recibe la gestión de Montero y su equipo por parte de uno de los movimientos feministas con más peso, el partido Feministas al Congreso. Según Juana Gallego, una de esas feministas que llevan varias décadas en la lucha por la igualdad real y ahora miembro de la ejecutiva del partido, el balance de Montero a su paso por el ministerio ha sido «bastante negativo».

Gallego cree que se han centrado en muchas cuestiones que no eran, a su juicio, las más urgentes. «Su gran apuesta ha sido la Ley Trans. Ella ha pensado que era de mayor interés social del que realmente es. Se ha enfocado en legitimar y naturalizar algo que se ha debatido poco y hay una gran confusión social y todo a pesar de que desde 2007 una persona que se sienta así puede comenzar un proceso de cambio».

Pero para muchos movimientos de mujeres, el concepto «trans» sugiere mucho debate. «Se basa en algo que precisamente a las que llevamos 40 años en esto nos espanta y es que puedas autoidentificarte como te dé la gana en una cuestión totalmente construida como es el género. ¿Cómo vamos a estudiar las desigualdades si eliminamos una variable como el sexo? Por supuesto que hay que atender a este problema pero la manera no es que cada uno pueda identificarse como quiera y hay que creerlo casi como una cuestión de fe porque esto afecta a muchos ámbitos como el deporte, espacios públicos como saunas o vestuarios, baños... Y afecta a las estadísticas: resulta que aumentan las agresiones cometidas por mujeres cuando en origen eran hombres».

Aunque parece evidente que quedaron muchas aristas sin atender desde el partido de Gallego aseguran que se han desviado muchos fondos a lo trans como charlas o campañas publicitarias que iban destinados a las víctimas de la violencia de género.

Falta de transparencia

A pesar de que Igualdad ha tenido uno de los presupuestos más elevados (mil millones desde 2017) y cada vez acumula más fondos, no parece que esté muy claro a dónde han ido a parar. Desde Feministas al Congreso aseguran que las comunidades autónomas han recibido en 2023 «más presupuesto que nunca» pero ha habido «poca transparencia»: «Dinero ha habido pero resultados más bien pocos», critican.

«¿Dónde han ido todos esos millones? No lo sabemos. Además de a la creación de los ‘‘puntos violeta’’, encuestas y campañas publicitarias no sabemos qué dinero se ha destinado a la protección real de las víctimas», sostiene Gallego. El equipo de Montero asegura que se han cumplido el 60% de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aunque no han entrado a concretar y esto es lo que escama a estas feministas. «Creemos que lo importante era proteger a las víctimas para saber, por ejemplo, el peligro real al denunciar, que tengan una lugar seguro donde ir una vez dan el paso... Pero en prevención no sabemos qué se ha hecho y nos preocupa».