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«Nuestra prioridad es no deshacer las reformas dada la situación política»

  • El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos
    El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos / ALBERTO R. ROLDÁN
Juan Delgado.  Madrid.

Tiempo de lectura 8 min.

30 de octubre de 2017. 11:47h

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Juan Delgado.  Madrid. 30/10/2017

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, siempre parece imperturbable. Incluso durante los peores momentos de la crisis. Sin embargo, en esta entrevista reconoce que las pasó canutas y que, a veces, le costó mantener la cabeza fría. Respecto a la situación en Cataluña, afirma tajante que el Gobierno «tiene la obligación de amparar» a las empresas en esa Comunidad.

- Eche la vista atrás. ¿Añadiría o quitaría algo a las dos reformas financieras que lideró? ¿Cuál es su balance?

– Todo es mejorable siempre y más cuando ponemos en marcha la moviola. Pero creo honestamente que si nos atenemos a los resultados, el balance es positivo. Supongo que se refiere a los dos decretos que aprobamos al inicio de 2012 en los que elevamos las provisiones a las entidades financieras. Con el tiempo se ha demostrado que fueron suficientes. Se buscaba la recuperación de la confianza en el sector mediante un saneamiento de los balances y mayor transparencia. Y esto se logró. Pero si me permite, los llamados decretos «Guindos» fueron solo una parte de la transformación que se produjo. Hubo una modificación profunda de la normativa de resolución de entidades financieras, que marcó el camino para la Unión Bancaria. Se creó Sareb y se aplicaron planes de reestructuración en las entidades con ayudas del rescate europeo, a las que también fijamos unos límites en cuanto a la remuneración de directivos y consejeros, profesionalizamos la gestión, prohibimos indemnizaciones... Todo esto se hizo en solo unos meses, aunque ha ido calando poco a poco.

–¿Cuál es el estado de salud del sistema financiero español? ¿Hay algún síntoma que haga temer sustos como el reciente del Popular?

– Es bueno. No lo digo yo, lo dicen los test de estrés, los analistas y, sobre todo, los supervisores. Está, por una parte, el efecto del saneamiento que se hizo y que se mantiene, las buenas condiciones de financiación en todo el sector y una situación económica en plena recuperación y con un crecimiento robusto.

– Hemos tenido un grave episodio como el del Banco Popular, que se solucionó de forma rápida, sin coste para el contribuyente y con la máxima protección para los depositantes. Y se ha resuelto en el ámbito europeo, con la normativa europea y bajo el manto de las autoridades europeas. Si hubiéramos tenido que ir a un concurso de acreedores, el «rescate» del Popular habría supuesto un coste de 36.000 millones de euros, de los cuales unos 30.000 millones habrían salido del Tesoro público, es decir, de todos los contribuyentes. El Fondo de Garantía de Depósitos está obligado a cubrir hasta 100.000 euros por cuenta bancaria y según sus cuentas, solo dispone en la actualidad de unos 6.000 millones. El resto, como le digo, tendría que haber salido de las arcas públicas.

– Al final, parece que el saneamiento de las entidades le va a costar dinero al contribuyente. ¿En qué se ha fallado para no conseguir al menos un «break even»?

–A quien me hace este planteamiento siempre le pregunto lo mismo ¿Cuál habría sido la alternativa? ¿Qué hubiera pasado si no solicitamos la ayuda europea y dejamos a una serie de entidades financieras caer, en especial, Bankia? Todos los gobiernos, de todos los colores y de todos los países, han ayudado a su sector financiero, por la sencilla razón de que los bancos son el pulmón de cualquier economía. Esta crisis nos ha demandado otra forma de afrontar los colapsos financieros y la Unión Europea ha dado respuesta con la Unión Bancaria que nos permite abordarlas sin coste para el contribuyente, como se ha demostrado en el caso del Popular. Pero en 2012 no teníamos este poderoso instrumento y no hubo más remedio que solicitar el rescate bancario. Nos lo dieron, lo hemos aprovechado bien y lo estamos devolviendo de manera anticipada y acelerada. Si de lo que se trata es de hacer la cuenta, ponga usted en el balance los 40.000 millones de euros que se utilizaron para el sector financiero y el retorno que hemos tenido en términos de crecimiento económico y de empleo, de flujo de crédito y de superación de la crisis. Cualquier balance que no tenga en cuenta estos elementos creo sinceramente que tergiversa la realidad.

– De todos los recuerdos que tiene de los momentos más críticos de la décima legislatura, sobre todo los vividos entre mayo y agosto de 2012, ¿cuál le viene más a la cabeza?

– ¡Algunos mejor olvidarlos¡ Me quedo con la satisfacción del deber cumplido y me remito a los resultados. No está todo hecho hasta que recuperemos el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis, los 20 millones de ocupados. Pero sé que vamos en la buena dirección. Pese a todas las dificultades actuales, sobre todo en el ámbito político, pongo todo mi empeño en que se mantenga el rumbo de la política económica.

– ¿Creyó en algún momento que el rescate completo era inevitable?

– Sí, en varios. Sobre todo, las noches anteriores a las subastas del Tesoro, que no pegaba ojo. Algunas veces tuve que levantar el teléfono para que entraran inversores. Haber dejado una subasta desierta nos habría empujado al abismo. El presidente Rajoy siempre me dijo que había que evitar el rescate, pero claro, con la prima de riesgo a más de 600 puntos y las presiones que llegaban, no era fácil mantener la cabeza fría. Empezamos a respirar cuando se resolvió la crisis de Bankia y cuando Alemania se inclinó por mantener a Grecia dentro del euro. Los dos factores, resueltos de mala manera, nos habrían abocado al rescate.

– Cinco años después, las macromagnitudes de nuestra economía son radicalmente diferentes. De las medidas, ¿cuáles han sido las más eficaces?

– La reforma financiera fue fundamental para digerir el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, para que familias y empresas tuvieran acceso al crédito en condiciones adecuadas, para poner un dique entre riesgo soberano y financiero y para recuperar la confianza en nosotros como país. La reducción del déficit, el rescate de las comunidades autónomas a través de instrumentos como el FLA y la reforma laboral, completan lo que fue el mayor impulso reformista que ha vivido la economía española en un periodo relativamente corto de tiempo. Los resultados están ahí. Vamos ya a por el cuarto año de crecimiento, creación de empleo y superávit exterior. Y el año que viene vamos a salir del procedimiento de déficit excesivo. Hemos de estar contentos y orgullosos de lo que hemos conseguido.

– ¿Faltaron reformas o, por el contrario, se hicieron justo todas las que había que hacer?

– Fueron suficientes, aunque en la medida en que aún tenemos el reto de aumentar el empleo, creo que deberíamos avanzar en medidas como las políticas activas. Por desgracia, el clima político, no nos lo pone fácil. Pero intento ver el lado positivo. Es verdad que si se consensúan pueden ser más duraderas. Ahí tenemos el ejemplo de la Constitución, cuya defensa es tan importante estos días. Nosotros lo hemos conseguido en un tema de tanta repercusión social como es el de las cláusulas suelo. Ahora, lo estamos intentando con otra norma relacionada y muy importante, la Ley de Crédito Inmobiliario. No olvidemos que la principal decisión desde el punto de vista económico para las familias es mayoritariamente la compra de la vivienda. Aún no tenemos un acuerdo sobre los Presupuestos de 2018, pero estamos trabajando también para conseguir que se aprueben y se puedan aplicar medidas como la subida de sueldo de los funcionarios, la rebaja de impuestos para las rentas más bajas o determinadas decisiones de inversión.

– La empresa española se ha hecho internacional. ¿Fue una vía de escape para sobrevivir o el camino estaba trazado?

– Quizá una mezcla de todo. En un principio es posible que en algunos casos fuera una cuestión de supervivencia. Pero nadie se hace hueco en los mercados exteriores si no es competitivo y digamos que este Gobierno ha dado un buen impulso en este sentido. La reforma laboral permitió ajustar costes en las empresas y la bancaria, junto con la política del BCE, ha posibilitado que las condiciones de financiación en España sean incluso mejores que en otros países de la zona euro. Luego está la capacidad de innovación de las empresas, el talento, un buen equipo directivo, un producto atractivo... En España hay mucho de esto y no quiero dejar de señalar a Cataluña también en este aspecto. El caso es que en la actualidad casi el 35% de nuestro PIB son exportaciones, lo que garantiza una recuperación económica sostenible, además de robusta. Las empresas que han logrado abrirse paso en los mercados exteriores normalmente no retroceden, siguen creciendo y creando empleo en España si se mantienen las condiciones adecuadas.

–¿Qué está significando, desde el punto de vista de nuestro crecimiento, la falta de reformas de esta legislatura?

–Las reformas que se hicieron sobre todo durante 2012 todavía están vigentes y tienen efectos. De hecho, sin ellas la economía española no estaría creciendo este año por encima del 3%, no habríamos alcanzado el nivel de renta previo a la crisis y no estaríamos creando medio millón de empleos al año. Estamos en una situación compleja desde el punto de vista político y casi le diría que la prioridad es no deshacer las reformas. Cualquier paso atrás en este sentido tendría un enorme coste en términos de crecimiento y de creación de empleo. A partir de ahí, hay que incidir en algún aspecto del mercado laboral y otras reformas prioritarias como la Ley de Crédito Inmobiliario, la trasposición de directivas europeas como Mifid, etcétera. Son las que tenemos en cartera, además, por supuesto, de sacar adelante los Presupuestos de 2018.

– ¿Cuándo empezará a notarse el efecto de la crisis catalana en la economía?

– Ya se está notando. Además de la marcha de empresas, algo muy perturbador y doloroso, estamos viendo cifras de caída del turismo, del comercio... Si se llevase a cabo la independencia de Cataluña, habría un empobrecimiento brutal, una caída de hasta el 30% del PIB y una pérdida de empleos en paralelo. Cataluña es el 20% del PIB del conjunto de España y a todos nos va a afectar en distinta medida. De hecho, el Gobierno acaba de mandar el Plan Presupuestario a Bruselas en el que reducimos nuestra previsión de crecimiento para 2018, hasta el 2,3%, lo que supone una desaceleración de ocho décimas respecto del 3,1% esperado para 2017. En condiciones normales, solo habríamos rebajado unas tres décimas. El medio punto restante obedece a la incertidumbre por Cataluña, cuya desaceleración será el doble que la del total de España, 1,5 punto del PIB en su caso. Estoy convencido de que no se va a llegar a ese punto porque el Gobierno no lo va a permitir y porque es una aberración desde el punto de vista económico. Si Cataluña se va de España, sale de la Unión Europea y pasa a tener el 70% de su PIB, es decir, la parte que corresponde a su comercio exterior, gravado con aranceles. Sus bancos dejan de poder financiarse a través del Banco Central Europeo, porque Cataluña saldría del euro y sus activos ya no se aceptarían como garantía, lo que provocaría un estrangulamiento del crédito. Tendría una nueva moneda que no se sabe cuál sería y los ahorradores pasarían de tener sus activos en euros a otra divisa de mucho menos valor, con el consiguiente efecto estampida. Todo esto hay que evitarlo y estoy convencido de que con las medidas aprobadas por el Gobierno vamos a conseguir restablecer la legalidad y volver a la normalidad.

– ¿La reacción de muchas entidades cambiando de sede social y fiscal ha hecho que, de momento, salvemos los muebles?

– Lo que hemos hecho es dar una solución a todas empresas que nos habían demandado medidas para agilizar el cambio de sede. Es comprensible que, ante una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, ante un Gobierno autonómico que ha perdido el respeto a las normas, a la Constitución y a su propio Estatuto de Autonomía o que sigue la agenda que le marcan grupos radicales como el de la CUP, las empresas tomen sus decisiones con responsabilidad. Están llamados a velar por los intereses de sus empleados, clientes y accionistas. Y el Gobierno de España tiene la obligación de ampararles ante una agresión tan grave al Estado de Derecho.

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