Referéndum: ilegalidad y posible «banquillo»

–¿Por qué es ilegal que Cataluña pueda celebrar un referéndum unilateral de independencia?

–Es ilegal porque supone una vulneración flagrante del marco jurídico vigente, y, en concreto, de varios artículos de la Constitución española, como los relativos a la unidad de España (art. 2), al que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español (art. 1.2), y porque no respeta los procedimientos establecidos para la celebración de un referéndum sobre «decisiones políticas de especial trascendencia» (art. 92).

–¿Quién podría convocar un referéndum de autodeterminación en España?

–Con el marco jurídico actual, ninguna institución o autoridad podría llevarlo a cabo. Sería necesario reformar la Constitución para que la misma contemplase el derecho a la autodeterminación de las comunidades autónomas. Se tendría que seguir el procedimiento agravado de reforma constitucional: aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes; las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobarla con esa mayoría calificada; y, en último lugar, referéndum nacional para someter la reforma al veredicto de los ciudadanos. Si ello sucede, se podría convocar un referéndum de autodeterminación con los criterios que se establezcan en esa reforma.

–¿Se puede pactar, como en el caso de Escocia, un referéndum de este tipo en España?

–En este punto, hay distintas opiniones. Sin embargo, la mayoría de la doctrina sostiene que ello, con el actual marco jurídico, no sería viable. Y ello por dos razones principales: porque las relaciones históricas de Escocia con Reino Unido son muy diferentes a las de Cataluña con el resto de España, y, sobre todo, porque el sistema británico no cuenta con ninguna Constitución que regule esa materia, por lo que no tiene ningún límite jurídico que pueda frenar esa iniciativa. En cambio, en España opera el artículo 9.1 de la Carta Magna, donde se establece de forma taxativa que los poderes público «están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», en el que no se prevé de ninguna forma que se pueda celebrar, ni pactada ni unilateralmente, un referéndum para esos fines.

–¿Por qué las consultas como la del 9-N no son vinculantes?

–Por la sencilla razón de que no lo prevé el marco jurídico. Las comunidades pueden consultar a los ciudadanos sobre materias respecto a las que tengan competencias, pero nunca sobre a las que las sobrepasen.

–¿Qué sentenció el TC sobre esa consulta del 9-N?

–Dos aspectos esenciales y fundamentales: el contenido atentaba «contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español» y contra la «indisoluble unidad de la Nación española» y, en segundo lugar, que tenía como auténtico objetivo celebrar un «auténtico referéndum» sobre una cuestión que afecta a la integridad territorial del Estado, lo que vulnera la Constitución y excede de las competencias que tiene reconocidas Cataluña.

–¿Qué pasaría si se celebrara otro 9-N¿ ¿Qué consecuencias tendría para Puigdemont?

–Sucedería lo mismo que en la de noviembre de 2014: nulidad de la convocatoria y prohibición de llevarla a cabo. Si Puigdemont siguiese adelante y no acatase esa decisión, acabaría, previsiblemente, como Artur Mas, en el banquillo de los acusados.

–¿Qué son unas elecciones pebiscitarias? ¿Se pueden convocar en Cataluña?

–Las elecciones plesbicitarias, como tales, no existen, sencillamante. Se pueden celebrar comicios autonómicos en los que algunos partidos lleven una cuestión concreta como eje central, y que, posteriormente, si resulta vencedora, realice la interpretación política que deseen. Pero no existen unas elecciones que se puedan identificar con un «referéndum». Por tanto, Cataluña, como cualquier comunidad, puede celebrar elecciones autonómicas y los partidos realizar las interpretaciones de los resultados que deseen. Pero nada más.