OPINIÓN: Sobre la supuesta indefinición del PP

Es una afirmación extendida en algunos ámbitos y medios considerados como católicos afirmar que el Partido Popular y, en particular, su presidente, Mariano Rajoy, mantienen posiciones ambiguas en torno a cuestiones especialmente sensibles para la conciencia de aquéllos, como son el derecho a la vida, el matrimonio, la familia o la educación. Tras estas opiniones, no se me escapa que existe el legítimo deseo de tener la confianza de que una derrota electoral del PSOE en unas próximas elecciones signifique, también, la derogación de todo el conjunto de leyes que el radicalismo laicista del señor Zapatero ha impulsado.

La Ley de Salud sexual y Reproductiva y del Aborto –dos leyes en una, no se olvide–, la Ley del llamado Matrimonio Homosexual, el «divorcio exprés», la Educación para la Ciudadanía, la carencia de límites éticos en la investigación con embriones, etc., componen un corpus legislativo que, ciertamente, ofende a cualquier persona con un mínimo de conciencia de lo que significa el respeto a la dignidad del ser humano o de la función social de la familia.
Por supuesto, no es preciso ser católico –como está recordando continuadamente Benedicto XVI–, para rechazar esas leyes –la razón es capaz de entenderlo por sí misma cuando se abre a la ley natural–, pero en todo caso son millones los católicos que no las aceptan desde sus convicciones más profundas. Considero, por tanto, especialmente conveniente una reflexión acerca de hasta qué punto esas acusaciones tienen fundamento.

Una consideración previa: el PP es un partido de masas, con más de 10 millones de votantes y más de 740.000 afiliados. Recoge, por tanto, a personas creyentes (89,3% de católicos, según el ultimo barómetro del CIS), pero también a no creyentes, como corresponde a un partido que no es confesional y que son ciudadanos votantes de una sociedad española hoy muy secularizada. Tiene principios muy claros que, en coherencia con una de sus más arraigadas inspiraciones doctrinales –el humanismo cristiano de tradición occidental–, inciden directamente en la defensa de la vida, del matrimonio –como unión entre sí de un hombre y una mujer–, de la familia y del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.

Pero conviene, insisto, tener presente que somos un partido de masas, popular ciertamente, y que esos principios que son irrenunciables deben ser asumidos por una mayoría de la población para poder ser establecidos legalmente… y eso en una sociedad democrática significa ganar primero las elecciones.

Pues bien, sobre estas cuestiones, ¿cuál ha sido la posición política que ha fijado el PP en estos años de Gobierno socialista? Pienso que los hechos son muy elocuentes: en relación con la Ley del Aborto presentamos enmienda de totalidad solicitando su devolución al Gobierno, tanto en el Congreso como en el Senado. Anteriormente, votamos en contra de su tramitación en la Comisión de Igualdad por entender que esa decisión predeterminaba ideológicamente su debate, al tiempo que presentamos en el seno de la correspondiente Subcomisión un voto particular que plantea una alternativa integral al aborto proporcionando todo tipo de ayudas a la mujer para ser madre y no verse abocada a una decisión siempre traumática y dolorosa como el aborto.

Finalmente, y una vez aprobada la Ley, interpusimos recurso ante el TC, que está pendiente de decisión tras haber superado por un voto la suspensión cautelar solicitada.

Prácticamente podemos decir lo mismo en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo y el correspondiente derecho de adopción de niños. Hemos utilizado en ambos casos todos los instrumentos constitucionales para oponernos a esas dos leyes. Desde el principio hasta el final de su tramitación.

Sobre la educación: cuando estuvimos en el Gobierno –y tuvimos votos para ello–, derogamos la LOGSE y aprobamos la LOCE que, de manera muy precisa, garantizaba el efectivo derecho reconocido a los padres en el artículo 27.3 de la Constitución sobre la educación de los hijos. El respeto a lo dispuesto al efecto en los acuerdos Iglesia-Estado impregnó ese texto legal. Como es sabido, el Gobierno del Sr. Zapatero, en cuanto tomó posesión, suspendió su calendario de desarrollo, que comenzaba en el curso 2004-2005. En su lugar aprobó la Educación para la Ciudadanía, con la LOE y con la oposición también del PP.

Podría continuar analizando exhaustivamente nuestra posición política en esas trascendentales cuestiones, así como en otras que pretenden una mutación constitucional, transformando nuestro Estado aconfesional en uno laico, o la lamentable Ley de Memoria Histórica, para comprobar que en todos los casos sin excepción el PP ha estado donde debía estar.

Como señalaba al comienzo, «se dice» que hay demasiada ambigüedad, que hay poco compromiso de futuro. A la vista de lo hecho, creo sinceramente que esa acusación no es justa y que, por el contrario, hay sobrados motivos para confiar en el futuro.

Lo que sí se debe tener presente es que «cada día tiene su afán» y que será el programa electoral el que deberá concretar esos compromisos. La reacción suscitada esta semana contra Mariano Rajoy tras sus declaraciones sobre alguna de estas cuestiones nos enseña la conveniencia de ir midiendo bien los tiempos al respecto, como está haciendo el presidente del PP. Otra cosa es que algunos piensen que sólo la izquierda está legitimada para aprobar y derogar leyes: lo que con mayoría y sin consenso se aprobó y se derogó, otra mayoría opuesta lo puede cambiar, y tengo la firme convicción de que lo hará.

La labor realizada desde la oposición liderada por Mariano Rajoy, y de la que he traído algunos ejemplos significativos, avala poder confiar en la que se realizará desde el Gobierno si los españoles nos dan su confianza en las próximas elecciones.

*Vicepresidente Tercero del Congreso de los Diputados y Vocal del Comité Ejecutivo Nacional del PP