6-S: doble golpe de la Generalitat a la Constitución

Los independentistas enfilan su semana decisiva, en la que deben pasar de las palabras a los hechos en el pleno del Parlament de este miércoles, donde tramitarán y aprobarán la Ley del referéndum y, posiblemente, la Ley de transitoriedad jurídica.

Tras meses de mucha gesticulación y múltiples giros en la hoja de ruta, los independentistas enfilan su semana decisiva, en la que deben pasar de las palabras a los hechos en el pleno del Parlament de este miércoles, donde tramitarán y aprobarán la Ley del referéndum y, posiblemente, la Ley de transitoriedad jurídica. Una vez den este paso, el choque institucional entre la Generalitat y el Estado será automático.

Cuando obtenga luz verde la norma que dé cobertura al 1-O, inmediatamente después será publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y el Govern se reunirá en pleno para firmar de forma colegiada el decreto de convocatoria. Tras ello, el Gobierno tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para recurrirlo al Tribunal Constitucional, pero en esta ocasión no será suficiente con esta medida. Los dirigentes independentistas han reiterado su intención de no respetar el fallo del Alto Tribunal y se han mostrado desafiantes ante posibles maniobras del Estado: «¿Cómo piensan retirar las urnas?», repite últimamente Puigdemont, mientras insiste en que no va a aceptar una inhabilitación de su cargo.

Para que la ley salga adelante, las fuerzas separatistas emplearán un mecanismo que permita en un día su tramitación y aprobación. Se acogerán al artículo 81.3 del reglamento de la cámara, que permite cambiar el orden del día e incluir la norma durante el mismo pleno sin que haya tenido que ser cursada previamente por la Mesa. De esta manera, todo ocurrirá en 24 horas. Parte de la oposición, por su parte, ya ha anunciado que abandonará sus escaños cuando se proceda a la votación de la ley. Serán PP, PSC y C’s, porque los «comunes», no tienen la misma idea, sino todo lo contrario. El martes, un día antes, el grupo parlamentario se reunirá para debatir si se abstienen o votan a favor, aunque todo apunta a que votarán «sí».

Ya para el jueves, es más que probable que se apruebe la otra ley de ruptura, la de transitoriedad jurídica, tal y como ha anunciado el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Corominas. «Todo el mundo sabe íntimamente que esta vez va la vencida», aseguró convencido Puigdemont en una entrevista en «La Vanguardia». Aunque el refrán diga que es a la tercera que va la vencida y en la calle no haya ambiente de referéndum, ni siquiera de Diada y eso que sólo queda una semana para el 11 de Setembre. Es más, a 26 días del 1-O, los catalanes no saben si pueden votar ni dónde, por no hablar de qué votarán. Hasta el miércoles, no hay detalles del censo. Además, la Generalitat no ha logrado movilizar a los catalanes que viven en el extranjero, de los 287.000 emigrados, a 1 de julio, sólo se habían inscrito 5.000.

Barcelona, que es clave para que haya una mínima participación, está a la espera del dictamen del secretario municipal para dar o no luz verde a la apertura de los colegios electorales. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que gobierna con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona dice que la alcaldesa les ha asegurado que no se saltará la ley del 1-O. Y en la segunda ciudad catalana con más población, L’Hospitalet, gobiernan los socialistas.

Los catalanes tienen muchas preguntas por contestar porque Puigdemont no va a hacer un referéndum de manual, vinculante y con el aval del Estado. Tramitará un plebiscito express, sin apenas debate parlamentario y en la calle. Todo lo contrario a lo que sucedió en Escocia, que firmó el acuerdo para convocar un referéndum dos años antes de celebrarse. Su campaña duró 16 semanas. La catalana, 15 días y los contrarios a la consulta, no participarán.