El Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia

Desde que el Patronato del Real Colegio de España en Bolonia propuso por unanimidad, el 13 de octubre de 2014, el nombramiento del catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén D. Ángel Martínez Gutiérrez como Rector del mismo, el Rector cesante, D. José Guillermo García-Valdecasas y Andrada Vanderwilde, y un activo grupo de colegiales seguidores suyos han venido practicando toda suerte de trapisondas, manipulaciones y mentiras para impedir su toma de posesión. Intentaron primero que S.M. el Rey no lo nombrara, motivando así un retraso que concluyó el 21 de febrero de 2015 cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 108/2015, del 19 anterior, que invocaba el dictamen de la Abogacía General del Estado, a la que se decidió recurrir, a la vista de las dudas que intentaron sembrar los discrepantes. Después, han incurrido en tal cantidad de falsedades que, durando ya más de siete años, son de imposible resumen en los límites de un artículo, por largo que este sea. Intentaré subrayar las triquiñuelas más descollantes, no sin rogar la paciencia del lector.

La primera fue decir que la citada reunión del Patronato era inválida porque asistieron seis personas, cuando los estatutos configuran un patronato de cinco. Se ocultaba que el origen de tal ampliación se debía precisamente al padre del Rector cesante. En efecto, cuando se proclamó la República de 1931 y salieron para el exilio varios miembros del Patronato, entre ellos el Intendente de la Real Casa, el Ministro de Estado Lerroux cubrió esa vacante nombrando al antiguo colegial D. Alfonso García-Valdecasas y García-Valdecasas, como representante de las Universidades españolas. El catedrático de Derecho Civil permaneció en el Patronato hasta 1975 y cuando la Monarquía restaurada nombró representante suyo al también antiguo colegial Duque de Soria, el Patronato no consiente que cese el Profesor García-Valdecasas y amplía a seis el número de sus miembros. Fallecido el sexto miembro en 1993, fue sustituido por D. Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar que ocupó ese puesto hasta su fallecimiento, el 16 de diciembre de 2012. Es entonces cuando el Patronato elige por unanimidad al Embajador D. Raimundo Bassols Jaca, cuyo artificioso cuestionamiento por parte de los disconformes supuso un verdadero ultraje.

La segunda maniobra consistió en negar mi representación de los colegiales, puesto para el que había sido elegido, previa convocatoria formal, en noviembre de 2002. El Duque del Infantado, presidente del Patronato, aceptó la tesis del Rector cesante y de sus amigos de que yo no les representaba y decidió, por sí y ante sí, cesarme como miembro del Patronato. El 21 de noviembre de 2014, con ocasión de la cena y de la asamblea que se celebraba anualmente en torno a la festividad de San Clemente, sin que figurara en el orden del día la convocatoria de elección alguna, un grupo de vociferantes exigió que se eligiera a mi sustituto y, a pesar de las protestas de otro cualificado grupo de presentes, se improvisó una votación en la que resultó elegido D. José Mª Sánchez García. Ante tan patente vulneración de mi derecho, recurrí a los Tribunales y la sentencia nº 297 de la Audiencia Provincial de Madrid del 11 de septiembre de 2020 reconoció mi condición de miembro de pleno derecho de la Junta de Patronato.

El tercer embrollo lo organizaron pretendiendo la nulidad del Real Decreto de nombramiento del nuevo Rector, sobre el que no deliberó el Consejo de Ministros, publicando en la prensa, que el Ministro que lo refrendó, D. José Manuel García-Margallo Marfil se lo había “colado” a S.M. el Rey. Es notorio que el Consejo de Ministros solo delibera sobre asuntos que puede aprobar o no, pero nunca sobre lo que no entra en sus competencias, como por ejemplo los nombramientos de jueces, cuyos Reales Decretos son firmados directamente por S.M. el Rey, con el preceptivo refrendo del Ministro competente. Después de recurrir al propio Consejo de Ministros y de impugnarlo ante el Tribunal Supremo, un dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado del 5 de mayo de 2022 ha declarado por unanimidad que no procede declarar la nulidad del Real Decreto que nombró Rector a D. Ángel Martínez Gutiérrez.

La cuarta artimaña se fraguó cuando el Duque del Infantado convocó una reunión del Patronato para el 27 de julio de 2017, pero no la presidió él, sino su hijo D.Iván de Arteaga, en representación del primero. Aunque intentaron revestirla de solemnidad convocando a un notario para que la presenciara, el hecho es que la presidencia correspondía al Sr. Arzobispo de Toledo que no asistió, que el representante de la Real Casa tampoco lo hizo, que el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores se abstuvo en todas las votaciones y que el pretendido representante de los colegiales que se considera mi sustituto -D. José Mª Sánchez García, actual Diputado del grupo parlamentario Vox- ha sido privado de aquella condición por la sentencia citada 297/2020. En aquella irregular reunión se pretendió proponer como Rector a D. Juan José Gutiérrez Alonso y el Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado manifestando su firme rechazo a la propuesta, que no figuraba en el orden del día y con la que se había abusado de la buena fe de su representante, que asistía por primera vez a la Junta. No es de extrañar que la Comisión permanente del Consejo de Estado, en su anterior dictamen sobre el Colegio, del 4 de febrero de 2021, declarara que el Patronato del Colegio está funcionando de manera irregular, y que el dictamen del mismo Consejo del año 22, antes citado, afirme contundente que se están detentando las funciones de Rector por quien no ha sido nombrado legalmente por el Rey.

La quinta artimaña se produjo cuando, al fallecer el Duque del Infantado, su hijo D. Ivan discutió la presidencia del Patronato a su hermana mayor, la heredera del título de Duquesa del Infantado. Pretendidos informes genealógicos intentan demostrar que la actual jefatura del linaje de Albornoz no corresponde al Ducado del Infantado sino al Marquesado de Ariza, a cuyo través se integró en el linaje del Infantado. Lo cierto es que aquel título pertenecía ya al Duque cuando se aprobaron los vigentes estatutos y que no se encargó de la presidencia al referido título de Marqués, sino bien precisamente al Duque del Infantado. Por lo demás, D. Iván de Arteaga recibió el Marquesado de Ariza por distribución de su padre en el año 2016, pero no la presidencia del Patronato, que el Duque continuó ejerciendo hasta su fallecimiento el 9 de junio de 2018.

La última polacada del Marqués de Ariza ha sido denunciar ante un Tribunal civil de Bolonia a su hermana la Duquesa, al Sr. Arzobispo de Toledo, al Duque de Soria, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y a mí mismo, por constituir ilegalmente la Junta de Patronato. Literalmente, el mundo al revés.

Los muy sectarios informadores de Dª Rebeca Argudo, que firma el artículo aparecido en “La Razón” el 18 de junio sobre este asunto, le han dicho que los colegiales no me reconocen como miembro del Patronato, pero le han ocultado la sentencia firme que sí lo hace. Le han referido que en el nombramiento de D. Ángel Martínez se produjeron anomalías, pero sin citar una sola ni informar de que la Audiencia Provincial de Madrid no las consideró tales. Le han dicho que “el propio Martínez” ha intentado entrar en el Colegio “de no muy buenas maneras”, pero sin consignar que una jueza del Tribunal Civil de Bolonia condenó el 27 de septiembre de 2018 a D. José Guillermo García-Valdecasas y Andrada Vanderwilde a entregar a D. Ángel Martínez Gutiérrez “las llaves del despacho del Rector y de su apartamento, el sello oficial del Colegio de España y todo cuanto corresponde al Rector para desarrollar sus funciones”. La presencia en el Colegio se produjo así por citación expresa del oficial del Juzgado encargado de cumplir aquel mandato, mientras el Rector cesado no sólo no comparecía, sino que ordenaba expresamente a los empleados del Colegio que no permitieran la entrada del nuevo Rector. Es cierto que han transcurrido más de seis años desde el nombramiento y que ese es el mandato que tienen inicialmente fijado los Rectores del Colegio, pero tratar de convertir los hechos en derechos es absolutamente impropio de los juristas que lo sostienen.

Por fin, en el artículo de Dª Rebeca Argudo se desliza una información que pretende cuestionar la honorabilidad de D. Ángel Martínez Gutiérrez, utilizándola con carácter retroactivo para intentar justificar que no llegue al Rectorado. Se trata de la cita de una sentencia del todo ajena a la cuestión, que le condenó a una multa de trescientos sesenta euros por un delito leve de coacciones. Dada la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la publicidad de las sentencias y el derecho al honor, puede la firmante incurrir en alguna responsabilidad, pero quienes se lo han filtrado han demostrado también aquí su tendenciosidad. Tendrían que haberle dicho que el delito consistió en dar un manotazo en la mano que sostenía el teléfono móvil de su hermano mayor, cuando éste intentaba grabar la agonía de su padre, horas antes de su fallecimiento. Somos muchos los que pensamos que en situación semejante haríamos otro tanto y, por consiguiente, quienes lejos de considerarlo delito, ni grave ni leve, lo valoramos como un gesto de amor filial y de dignidad familiar. Utilizarlo en esta polémica y pretender que deteriora la irreprochable conducta de D. Ángel está más cerca de la vileza que de la probidad de la que hacen alarde los informadores de Dª Rebeca Argudo.

Fernando Suárez González, miembro del Patronato