Bolivia busca pistas en España por escándalo en la compra de respiradores

(EFE). El Gobierno interino de Bolivia busca pistas del escándalo por supuesta corrupción en la compra de respiradores en España, de donde ha llamado a su cónsul en Barcelona y quiere que se investigue a la empresa española a la que compró los equipos. El cónsul de Bolivia en la ciudad española de Barcelona, David Pareja, ha sido llamado a La Paz para que informe sobre el caso, reveló este jueves la canciller interina boliviana, Karen Longaric.

La Cancillería quiere que “esclarezca cuál ha sido su rol en todo este proceso de adquisición de respiradores”, según Longaric, porque Exteriores no se dedica a “contrataciones, hacer compras, hacer acuerdos económicos”. El diplomático es uno más de los funcionarios bolivianos que se están viendo cuestionados por este escándalo, el mayor en Bolivia desde que Jeanine Áñez asumió el poder de forma interina en noviembre pasado.

Desde formaciones como el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales apuntan también a otros como el embajador de ciencia nombrado por Áñez, Mohammed Mostajo-Radji, contra el que presentaron denuncias penales.

Otro miembro del Gobierno interino, el titular transitorio de Justicia, Álvaro Coimbra, compareció al igual que su compañera de Exteriores para hablar ante los medios de este escándalo, en su caso para advertir de acciones contra la empresa española que vendió los equipos pensados especialmente para enfermos de coronavirus.

Bolivia ya pagó unos 2,2 millones de dólares por 170 respiradores a la firma IME Consulting, pero restarían otros 1,4 millones según el contrato, que el Gobierno interino no está dispuesto a pagar y advierte de acciones legales si no se logra una conciliación con la empresa. Álvaro Coimbra subrayó la intención de pedir a la Fiscalía en España información sobre la situación legal de esta empresa, una intermediaria, mientras que el fabricante, la también española GPA Innova, mantiene que vendió cada aparato a unos 7.200 dólares a esa compañía.

El caso es que Bolivia ha pagado hasta el momento unos 12.000 dólares por cada equipo, pero el contrato prevé un total de algo más de 27.000, por complementos y actualización de software, un costo considerado excesivo que derivó en el proceso judicial.

Un contrato que según el titular interino de Justicia nunca se debió firmar y por el que fue arrestado el hasta el pasado martes ministro transitorio de Salud Marcelo Navajas, sin que a lo largo de esta jornada haya transcendido que se haya celebrado la audiencia judicial con la que se arriesga a prisión preventiva como piden los que fueron sus compañeros de gabinete.

Navajas se enfrenta a una acusación por hasta siete delitos, principalmente relativos a corrupción, y además están detenidos otros cuatro funcionarios. Coimbra denunció la rapidez inusual con que se firmó el acuerdo, en cuatro días, que un asesor jurídico renunció y una abogada fue despedida cuando observaron irregularidades y que Navajas no tenía que haber intervenido en un contrato de una entidad autónoma del Ministerio de Salud, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico.

En espera de acontecimientos, Áñez volvió a aparecer en un mensaje a través de la televisión estatal para repetir su compromiso contra la corrupción, anunciando que serán revisados todos los contratos del Ministerio de Salud en lo que lleva de mandato transitorio y a partir de ahora se dará publicidad en redes sociales a los procesos de contratación, en aras de la transparencia.