Exministro de Guatemala se entrega por caso Odebrecht

 (AP). Luego de permanecer prófugo por más de cuatro años, el exministro de comunicaciones guatemalteco, Alejandro Sinibaldi se entregó el lunes a la justicia. El exfuncionario está vinculado en cinco casos de corrupción, uno de ellos ligado a la constructora brasileña Odebrecht en el que se habría beneficiado de 11.6 millones de dólares en sobornos.

Luciendo una chaqueta negra y un pantalón azul, Sinibaldi llegó en avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) procedente del departamento de Quetzaltenango. Fue llevado a Torre de Tribunales, donde un juez le informó de sus casos penales.

El Ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, dijo que Sinibaldi viajó de Italia a México con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco. El gobierno mexicano lo entregó a Guatemala en la frontera de ambos países.

En un comunicado de prensa, Sinibaldi explicó que se “somete a las autoridades judiciales y fiscales confiando en el profesionalismo, objetividad y transparencia de sus funcionarios, de quienes solicito iniciar esta etapa del proceso sin ningún sesgo o presión mediática”. A su llegada a Torre de Tribunales, Sinibaldi dijo que “está feliz de regresar a Guatemala”.

El primer caso penal en el que se vinculó al exministro fue el conocido como Cooptación del Estado, que salió a la luz en 2016. En dicho caso se le señala a Sinibaldi y a otros exministros de Estado de comprar regalos al exmandatario Otto Pérez Molina con dinero producto de los pagos que recibían de empresas a cambio de contratos.

Sinibaldi tiene dos órdenes de captura por el caso Construcción y Corrupción: los negocios del MICIVI (Ministerio de Comunicaciones) en su fase I y II. En enero de 2018 se le sumo un tercer caso por actos de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.

Según la investigación de la fiscalía, la constructora dio en total 17.9 millones de dólares en sobornos a políticos guatemaltecos durante 2013 y 2015. De este monto, 11.6 millones habrían sido para Sinibaldi y 1.3 millones para el excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, condenado en Estados Unidos por usar dinero del narcotráfico para su campaña de 2015. Los otros 5 millones al parecer fueron para un socio de Sinibaldi.

El último caso en el que se vinculó al exfuncionario fue en septiembre de 2019 y se trata del conocido como Transurbano. En este caso se le señala por beneficiarse con contratos millonarios por la construcción de estaciones de buses. Dichas estaciones no fueron instaladas.

Estos cinco casos fueron investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

Sinibaldi tenía una orden de captura internacional de la Interpol siendo uno de los delitos el de lavado de dinero.

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, descartó en conferencia de prensa que el detenido sea un colaborador eficaz y que de momento no se considera. Además, explicó que el primer caso por el que se juzgará a Sinibaldi será el llamado Cooptación del Estado por ser el más antiguo.

Por su parte, Velásquez escribió en su cuenta de Twitter que “un actor tan importante como Sinibaldi ofrece contribuir para que se conozca toda la verdad que impera en el Estado, y lo tiene cooptado por intereses particulares”.

Los casos de alto impacto empezaron a revelarse en Guatemala desde 2015 con la investigación denominada “La Línea” en la que se señaló al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti de liderar a un grupo de funcionarios que hacía cobros ilegales en las aduanas para dejar pasar mercancías.

Ambos exfuncionarios también están vinculados en el caso de corrupción en la Terminal de Contenedores Quetzal. Esa investigación revela que Pérez Molina y Baldetti al parecer recibieron sobornos para que se aprobara la concesión de un terreno de un puerto a una empresa.

En 2018, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue sentenciada a 15 años y seis meses de prisión por la malversación de fondos para la limpieza del Lago de Amatitlán. Ella está involucrada en otros tres casos legales y tiene una orden de extradición pendiente por parte del gobierno de Estados Unidos.