El próximo martes 19 de noviembre a las 12:00 horas se encarnarán lo que hasta ahora son amenazas de posibles penas. Entonces será cuando se haga pública la sentencia de la pieza política de la «macrocausa» sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos que sentó en el banquillo a 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la encargada de enjuiciar el caso, ha citado ese día y a esa hora a través de una providencia a procuradores y acusados para notificarles el fallo, según adelantaron ayer fuentes del caso a LA RAZÓN y confirmaron luego desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juicio de la rama política quedó visto para sentencia en diciembre de 2018 y desde entonces los encausados esperan para poder conocer el contenido de un documento judicial que se prevé supere las 1.700 páginas y que podría marcar el futuro de algunos de los integrantes de la antigua cúpula del Ejecutivo autonómico. Lo que se ha investigado es si se ideó e implantó un procedimiento específico para el reparto de ayudas a empresas y a ex trabajadores con el que se podrían haber eludido controles durante una década. Los encausados se enfrentan a peticiones de penas que van desde los seis hasta los ocho años de cárcel y de los diez a los treinta años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación.

Fuentes del lado de las defensas auguraron que, «en base a lo sucedido en la vista oral» y si «la Sala se sitúa en un plano estrictamente jurídico», el fallo será condenatorio, pero «sólo por uno de los presuntos delitos». Aludían al de prevaricación, porque el que no consideran «probado en absoluto» es el de malversación. Si bien, matizaron que hablaban «en genérico» y no se atrevieron a vaticinar lo que sucederá en casos concretos como el de Chaves, Griñán, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. La decisión de la Audiencia ha sorteado finalmente la campaña electoral del 10-N y se difundirá en plenas negociaciones para formar un nuevo Gobierno central.