El Parlamento insta a la Junta a multar a los ayuntamientos que no rindan cuentas

Aún están a un costado del conjunto. La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento regional ha aprobado resoluciones ligadas al informe anual sobre la rendición de cuentas del sector público local autonómico del ejercicio 2016 en el que la Cámara de Cuentas dejó constancia de que Andalucía era «la comunidad autónoma con el nivel de rendición significativamente más bajo de toda España». Partiendo de ahí, insta a las entidades locales a que «adopten las medidas necesarias con el fin de cumplir con las recomendaciones que se derivan» de ese mencionado documento. Pero no se queda en ese punto. El Parlamento manifiesta la necesidad de que por parte del Gobierno de la Nación «se articulen mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos municipales, para que éstos sean compatibles con las medidas de estabilidad presupuestaria», según se puede comprobar en el número 199 del Boletín Oficial de la Cámara (BOPA) publicado ayer y consultado por LA RAZÓN. Exhorta, además, al Consejo de Gobierno de la Junta a «impulsar los cambios normativos necesarios» con el fin de «habilitar» a la Cámara de Cuentas la potestad para «la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o de falta de colaboración en su tarea fiscalizadora, al igual que ocurre en otras comunidades».

Para la comisión parlamentaria es «necesario», asimismo y entre otras cuestiones, que se fortalezca «la asistencia y el asesoramiento de los municipios de menos de 5.000 habitantes por parte de las diputaciones provinciales» y que las propias entidades locales «hagan un esfuerzo especial para elaborar, tramitar y aprobar el presupuesto general del ejercicio» en plazo y «conforme determina la legislación vigente». Tampoco debe, advierte, utilizarse la prórroga de los presupuestos prevista en la legislación cuando no sea «imprescindible», «en situaciones excepcionales, y no como un recurso habitual», ya que esto «puede interferir en la actividad y ejecución presupuestaria local». Hay otra petición significativa vinculada a estas últimas. Apremia a los entes municipales a que «continúen con el proceso de liquidación de las entidades instrumentales que no tengan actividad o sean deficitarias y culminar los procesos de disolución de las sociedades en fase de liquidación».

Y no actuar no parece una opción, porque en el informe anual sobre la rendición de cuentas de ese mismo sector público de 2017, que también se ha difundido ya, se vuelve a poner el foco en que la comunidad tiene «el nivel de rendición significativamente más bajo» de todo el país. El órgano fiscalizador estableció como fecha tope el 31 de diciembre del año siguiente al que correspondiera la cuenta para realizar una comparación de los índices de rendición de los tres últimos ejercicios, y concluyó que, hasta ahí, «habían rendido la Cuenta General de 2017 el 40,25% del censo (359 entidades)», mientras «a esa misma fecha de 2017, el 44,68% del censo (399 entidades) las de 2016».