UGT se queja de que la Junta revise “todos” sus expedientes y no los de CCOO y CEA

UGT-Andalucía encargó ayer a su abogado, Germán Fernández, la comparecencia pública para arremeter contra los «graves errores» y «disparidades» con el informe pericial del auto del juez de Instrucción 9 de Sevilla que procesa a la ex cúpula del sindicato. Y, de paso, quejarse de que la Junta ha revisado «todos los expedientes de formación y no formación» de ayudas a UGT, un control que no ejerce sobre «el resto de los firmantes de los Acuerdos de Concertación», que no son otros que CCOO y CEA. A diferencia del secretario del sindicato a nivel nacional, Pepe Álvarez, que valoró el auto de procesamiento el pasado jueves cuando se hizo público, la actual responsable de UGT-A, Carmen Castilla, no lo ha hecho. Frente a la férrea defensa en Andalucía a la «presunción de inocencia» de los procesados, entre ellos el ex secretario regional Francisco Fernández y los ex responsables de Administración Federico Fresneda y María Charpín, Álvarez se limitó a señalar que no es un caso de UGT sino de personas que ejercieron cargos en UGT. Para el coordinador de los Servicios Jurídicos andaluces, sin embargo, la posición es la misma.

El juez ha procesado a 14 personas por fraude en subvenciones y falsedad documental. Cuantifica en 40,7 millones el dinero de subvenciones para cursos que, mediante tres «mecanismos defraudatorios», acabó presuntamente financiando al sindicato. Sin embargo, el letrado de UGT-A defendió ayer que el juez comete «graves errores» al equiparar «gasto no subvencionable con hecho punible» cuando se trata de «cuestiones administrativas». Y subrayó las «disparidades entre el informe pericial y el propio auto» ya que el perito judicial «no hace referencia a fraude ni menciona facturas falsas». Según el abogado de UGT-A, que como organización no está personada en la causa pero sus servicios jurídicos asumen la defensa de la trabajadora procesada, de los 40,7 millones en los que el instructor cifra el presunto fraude, sólo entre 1,4 y 1,6 millones tienen base en el informe pericial. Sobre el resto, alegó, «estamos discutiendo si eran gastos subvencionables o no» en base a la ausencia de un contrato escrito entre UGT y su entidad de formación, IFES. El sindicato considera que no es un requisito exigido en la Ley de Subvenciones y además en el convenio entre UGT y la Junta para formación ya se indica que el sindicato dará los cursos a través de su entidad colaboradora IFES. «No es una subcontratación», subrayó

El auto de procesamiento apunta a tres «mecanismos defraudatorios»: el bote (descuentos que UGT negociaba con los proveedores -hay 10 procesados- pero que no aparecían en las facturas que presentaba a la Junta al justificar las subvenciones); el rappel (facturas por servicios no prestados) y gastos por el alquiler de aulas que en realidad pertenecían al sindicato. Fernández defendió que «el perito no cuantifica el bote», del rappel dice que hace un «cálculo teórico» y defiende la legalidad de los gastos de alquiler porque al margen de que fueran de UGT requieren «gastos de mantenimiento» entre otros.