Campo minado

El cuarto andaluz del Gobierno, si permiten que reivindique el riojanismo de Alberto Garzón para apartar el cáliz del paisanaje, será Juan Carlos Campo, ursaonense recriado en Cádiz que se exclaustró de los juzgados para saltar a la política hace más de veinte años y cuyo cuarto de hora warholiano debería haber sido su abyecta intervención en el Congreso en marzo de 2018, cuando pidió la revocación de la prisión permanente revisable con el cuerpo del pequeño Gabriel aún caliente y entre espantosos insultos a los padres de varias víctimas presentes en la tribuna. Hasta la Asociación Clara Campoamor, históricamente vinculada al PSOE, pidió entonces su dimisión tras mostrar el «bochorno» por las palabras del flamante ministro de Justicia, que escarbaron hacia honduras de miseria difícilmente imaginables, pero el político español es célebre por su capacidad para hacerse invisible cuando mete la pata. Tras dos años agazapado en su escaño, va a compartir gabinete con Fernando Grande-Marlaska, cabeza de lista cunero por su provincia de adopción: dos magistrados al frente de dos ministerios de altísima sensibilidad, a la salud de quienes opinan que la política española está en exceso judicializada. La duración de la legislatura depende en gran medida de la firmeza de los tribunales para mantener el sistema de separación de poderes y se conoce que el presidente ha creído conveniente comprarse un par de mastines para pastorear a los de las togas, no vaya a ser que alguno persista en el vicio de sentenciar conforme a las leyes y a su conciencia. Este Campo tiene experiencia en el oficio, pues ya cooperó con De Llera en la Junta de Andalucía, cuando desde la Consejería de Justicia se torpedeaban las instrucciones y se ordenaba el asesinato civil de las instructoras. Montesquieu no duerme tranquilo.