La cuestión industrial en la descarbonización

Tapado por el debate sobre los jóvenes iconos en la lucha contra el cambio climático, está pasando inadvertidamente ante la opinión pública el cambio del enfoque con el que los gobiernos están abordando sus nuevos compromisos. Particularmente para la Unión Europea y para España, la transición ya no lo es hacia una economía descarbonizada o con pocas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sino hacia una sociedad neutra en emisiones. Esto significa que, dado que es imposible alcanzar un escenario de emisiones cero, los agentes –particularmente las empresas– tienen que compensar sus emisiones inevitables o con tecnologías de captura y almacenamiento, de captura y reciclaje o bien financiar acciones compensatorias como, por ejemplo, contribuir a la financiación de sumideros. El mayor sumidero es el bosque a través de la fotosíntesis de las plantas. Los expertos parecen tener claro cómo resolver algunas de las claves para esa transición. Simplificando mucho, el sector energético haría su transición incorporando más plantas de generación renovable manteniendo el uso de la energía nuclear y el transporte lo haría a partir de la electrificación de la mayoría de los modos de desplazamiento junto con una mayor contribución de los motores de hidrógeno. El problema principal lo presenta el sector industrial y así lo ha señalado Pedro Linares en el XV Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética que acaba de celebrarse en la ciudad de Toledo.

Buena parte de la industria afronta dos problemas de no fácil solución. El primero es el de la dificultad de electrificar los altos hornos, esto es, alcanzar altas temperaturas como las que necesita la actividad siderúrgica, la industria cementera o la producción de cal no resulta posible con hornos eléctricos y tampoco con el uso de combustibles procedentes de residuos. Este tipo de combustibles como los neumáticos usados, puede auxiliar la alimentación de los altos hornos pero su principal combustible sigue siendo el coque de petróleo. Un combustible que supone el 35 por ciento de los costes variables de esta industria y cuya quema emite grandes cantidades de GEI. Tanto es así que la producción de cemento es responsable del 7 por ciento de las emisiones globales de GEI.

El segundo desafío al que se enfrenta parte de la industria radica en las denominadas emisiones de proceso. Por ejemplo, la obtención de clinker –material principal para la fabricación de cemento– se realiza a partir de la descarbonatación de la caliza, un proceso químico que emite per se dióxido de carbono al margen del combustible que se use para alcanzar la temperatura necesaria (entre 1350 y 1450 °C).

Buena parte de las empresas europeas está sometida al mercado europeo de derechos de emisión (ETS por sus siglas en inglés). Un 50% de los sectores económicos están sujetos a este mercado. Cada empresa obligada por el ETS tiene unos derechos de emisión gratuitos asignados por el gobierno del país en el que radique su planta. Si su volumen de producción sube demasiado tiene que comprar el derecho a emitir cada tonelada adicional de dióxido de carbono a un precio que ahora ronda los 25 euros. Si se trata de empresas multinacionales con presencia en varios países europeos, las cuotas de producción de sus diferentes plantas se programan óptimamente para reducir al máximo la necesidad de comprar permisos de emisión.

Naturalmente esto tiene el impacto positivo de limitar las emisiones contaminantes y el negativo de reducir su competitividad. Para tener una visión panorámica, las plantas cementeras instaladas en el Norte de África no están sujetas al ETS y el mercado internacional es muy competitivo. Con mayor detalle, aunque cuando se transporta por carretera el cemento se encarece considerablemente a distancias superiores a los 200 kilómetros, el transporte en grandes buques cargueros permite a las plantas españolas servir pedidos a Argentina o al Reino Unido, país donde el cemento triplica el precio que se paga en España.

En definitiva, Europa y con ella España, ha asumido para 2030 vía Acuerdo de París y para 2050 a partir de su propia normativa, unos objetivos muy ambiciosos en la lucha contra las emisiones de GEI. Su cumplimiento pasa inevitablemente por sumar a la industria pero da la impresión que el mapa de ruta no es tan claro como en otros ámbitos. De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 apenas incluye referencias al sector industrial.

* José Manuel Cansino es catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile