Juicios a puerta cerrada, abogados sin toga y una queja policial al Gobierno central por el coronavirus

Ningún ámbito ha quedado a salvo de la detonación del coronavirus. Tampoco el judicial o el policial. Dentro del primero, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado luz verde en una sesión extraordinaria a una instrucción que pretende garantizar el servicio público judicial, pero adaptado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en relación al Covid-19. Y la Junta de Jueces de lo Penal de Sevilla acordó por unanimidad ya ayer la suspensión de los juicios orales en estos órganos judiciales durante al menos los próximos 15 días ante la «notoria insalubridad del edificio donde se ubican los juzgados». Solicitarán «la urgente ratificación de esta medida», que no afectaría a las causas con presos o a diligencias con detenidos, «al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –Lorenzo del Río–» y a la Comisión Permanente del CGPJ, según informaron desde la oficina de comunicación del Alto Tribunal autonómico. Hasta esa ratificación, las vistas se celebrarán a puerta cerrada sin audiencia pública.

Los jueces de lo Penal pedirán, además, a las autoridades sanitarias de la Junta «la desinfección del edificio», la instalación de «puntos» con geles o soluciones hidroalcohólicas y «la clausura de las instalaciones que supongan un riesgo sanitario inasumible».

Colegios de abogados, procuradores y de graduados sociales pusieron el foco, por su parte, en la atracción hacia el virus de uno de los elementos del mundo judicial: las togas. Los de Málaga demandaron no usarlas en los juicios para evitar el riesgo de contagio, dado que esas prendas se comparten en muchos casos. Y la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada decidió suspender el servicio de préstamo de togas que ofrece la corporación de forma temporal como medida de prevención frente al avance del coronavirus.

Del lado de las fuerzas de seguridad, fuentes policiales mostraron a LA RAZÓN su «sopresa» por que el Gobierno central incluyera de entrada entre los colectivos con «baja probabilidad de exposición» al virus a guardias civiles y a policías. «No lo entendemos –se explicaron–. Estamos en primera línea cuando hay aglomeraciones, por ejemplo, y los contagios por exposición directa son ahí más que probables».