Test masivos en las residencias y puesta en marcha de los respiradores sin el plácet del Gobierno

Las administraciones siguen ofreciendo una foto en sepia de la situación en las residencias de mayores en relación a los datos que manejan los familiares. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, insistió tras la reunión del Ejecutivo, en que en el centro de mayores Joaquín Sotillo de San Juan de Aznalfarache, principal foco de coronavirus en la provincia hispalense, hay 24 fallecidos, la misma cifra que hace dos días, mientras los familiares, consultados por LA RAZÓN, en base a información de una empleada del centro y al recuento que ellos mismos hacen a través de un chat de afectados, defienden que no hay menos de 40. En la residencia de Santa Justa también en Sevilla, la Junta confirmó doce fallecimientos. De lo particular a lo general: según la Junta en Andalucía hay 36.820 personas sin síntomas en las residencias, esto es, casi el 86%; 3.834 con síntomas, de los que 1.080 están son contagiados; y 177 fallecidos (del total de 605 en la comunidad, el 29%). También hay 520 trabajadores con síntomas, de los que 399 son positivos. Hasta ayer, las muertes oficiales en residencias eran 162, con un aumento del alrededor del 50% en varios días. Los contagiados hasta ayer eran más que hoy: 1.153. El Gobierno andaluz anunció que hará test rápidos en todas las residencias “en el menor tiempo posible” como “prioridad absoluta”. También subrayó que “desde hoy ya se están fabricando" los respiradores de Andalucía Respira" mientras “esperamos el último documento del Gobierno de España”. “No podemos perder ni un minuto”, apostilló Bendodo.

La Junta insistió en la puesta en marcha del Plan 15.000, ahora que se alcanzan los 9.000 contagios oficiales, lo que supone la ampliación a 20.000 camas hospitalarias y más de 1.000 UCI. A día de hoy, Andalucía cuenta con 2.193 ingresados; con 1775 pacientes en planta y 418 en UCI. “Estamos bajando progresivamente de la curva”, señaló Bendodo, “lo que debe ayudarnos a mantener la esperanza, no a relajarnos”. Juan Marín, por su parte, recordó que “22 días ha tardado el Gobierno en mandar test y material de protección para los mayores. Es un dato para la reflexión cuando algunos partidos se arrojan en una situación como la que nos encontramos. No vamos a hacer demagogia del asunto ni de las personas que están falleciendo”.

El portavoz del Gobierno andaluz indicó que “desde el 20 de marzo” se realizad un “seguimiento proactivo de los 1.038 centros de mayoers”, con hoteles en La Línea y el Alcora de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) medicalizados “para mayores que requieran aislamiento por positivos”. También se ha medicalizado el Fremap de Sevilla y otro centro en Málaga y en Granada “se hará la próxima semana”. En total, hay once centros de mayores medicalizados y se ha repartido un millón de mascarillas en ellos, señaló Bendodo.

Sobre el recuento de casos, el vicepresidente Juan Marín indicó que “este Gobierno sí incluye a los pacientes con patologías previas aún en situación extrema y contagiado. Otras instituciones no los cuentan”.

Elías Bendodo matizó, por otro lado, el contenido de la orden del Servicio Andaluz de Salud a los sanitarios para no revelar las carencias en la Sanidad. “El gerente del SAS ha escrito a los profesionales, lógicamente para pedir máxima cautela y celo pero no en sentido de no decir lo que hace falta. Estamos encantados de mejorar”. Bendodo recordó que “las órdenes las da el Ministerio de Sanidad” y en base a ello ha sido la carta del SAS.

El presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, advirtió de que o la Junta actúa con determinación en la residencias de mayores de la comunidad o estos centros se “pueden convertir en tanatorios”, según recogió Efe. El PSOE-A ha criticado el oscurantismo con los datos y Adelante Andalucía aseguró que que denunciará en el juzgado de guardia al consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, y a la dirección de la residencia de ancianos de San Juan (Sevilla) por un presunto delito de “negligencia”.