No está atrapada entre losas de cemento que quitan el aire ni ha parado en el Estado de alarma. Su tiempo se reparte entre Sevilla, a donde la llevan las obligaciones esenciales que tiene como consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; y Granada, donde la aguarda un universo familiar con dos niños, ahora cargado de “deberes”. Marifrán Carazo (Valladolid, 1977) ha transformado su quehacer por el coronavirus, pero no se ha detenido mientras el Covid-19 se empeña en demostrar que lo que parecía sólido, en ocasiones, lo era menos que un castillo de naipes.

-La construcción ha sufrido un parón por la pandemia y la Junta apuesta por la colaboración publico-privada para reactivar el sector, ¿no?

-Es un sector con músculo que estaba empezando a despegar tras la crisis anterior. De hecho, en 2019 se puso por primera vez a la cabeza en licitación de obra pública, por encima de Madrid y de Cataluña, y el coronavirus ha supuesto un nuevo freno, al tener que suspender su actividad 15 días. Pero se ha vuelto a poner en marcha ya con todas las medidas de seguridad y las garantías y tiene que ser tractor de la salida de la crisis económica en la comunidad. Confío en el sector, en sus posibilidades, en las empresas y en sus trabajadores y en que, pese a las dificultades que puedan aparecer desde el punto de vista de la inversión, sobre todo en lo que respecta a las administraciones públicas; pueda ser determinante para seguir creando empleo. Es importante adelantarnos y pensar que ahora, sí o sí, debe ser el momento de la colaboración público-privada para construir proyectos e infraestructuras. El presidente Juanma Moreno ha liderado este debate a nivel nacional y el Ejecutivo central tiene que afrontar un cambio normativo, modificar la Ley de Desindexación de la Economía que ha supuesto un freno a esa colaboración, al dejar en mínimos la rentabilidad para los contratos de las empresas. Se puede hacer de forma urgente y por decreto y así fomentar la inversión en obras para ayudar a que el sector despegue.

-Se han retomado ya las obras públicas, pero habrá que reajustar calendarios... ¿han fijado prioridades?

-Salvo ejemplos muy concretos en algunas provincias, están todas funcionando como antes de la suspensión de la actividad y las que no, ha sido por cuestiones como no contar con alojamiento o establecimientos para la manutención de los trabajadores. Me comprometí con el sector a trasladárselo al ministro en la siguiente Conferencia Sectorial porque si queremos que se funcione con normalidad, hay que atender, junto a las medidas de seguridad laboral y de sanidad, a aspectos como ésos, como la ausencia de bares o restaurantes abiertos. La obra que más me preocupaba era la del metro de Málaga, al ser la más importante que tiene la consejería en marcha, pero ha arrancado con un ritmo similar al de los días anteriores a la paralización y ahora hay que estar pendientes de que la industria auxiliar pueda abastecer de materiales. Tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho el sector para recuperar el tiempo perdido.

-¿Qué medidas han tomado para garantizar que en los transportes públicos se mantiene la distancia de seguridad y se siguen otras recomendaciones sanitarias?

-Andalucía se anticipó también en este asunto y en el primer decreto que aprobamos con medidas sanitarias ya tomamos la decisión de reducir los servicios y las frecuencias en los tres metros, el de Sevilla, el de Málaga y el Granada; así como en el transporte regular de viajeros en autobús, los interurbanos y los regionales. Era un contrasentido que quienes animábamos a usar el transporte publico, tuviéramos que establecer sólo los desplazamientos obligatorios y esenciales, pero lo hicimos en colaboración con el sector, manteniendo como prioridad el acceso a los hospitales y teniendo en cuenta las horas punta, fundamentalmente derivadas de la asistencia al trabajo. Ahora planificamos ya diferentes escenarios para el desconfinamiento progresivo que todos esperamos, previendo al aumento de frecuencias y servicios, y pensando en las medidas de seguridad con los concesionarios de los metros y los autobuses, con los que decidimos mantener la distancia de seguridad o las tres primeras filas desocupadas, entre otras cosas. Trabajamos con ellos codo con codo.

-Y para el sector portuario, afectado también por los efectos del Covid-19, ¿qué iniciativas se han puesto en marcha?

-Gestionamos infraestructuras portuarias de competencia autonómica que son muy importantes para la economía andaluza. Algunas cuentan con lonjas de pescadores que están abasteciéndonos y que han visto mermada su actividad en este tiempo de pandemia, y otras con locales comerciales, bares o negocios de hostelería que la han suspendido por el decreto del Estado de alarma. Hemos aprobado medidas para que puedan reactivarse rápido cuando sea posible, como exenciones de tasas, en el caso de las lonjas, o reducciones de éstas para los locales o el alargar hasta diciembre el pago de las liquidaciones pendientes. No debemos perder de vista que en muchos casos son autónomos que se han visto obligados a parar, por eso desde la agencia de puertos hemos movido ficha apara ayudarles y para que ellos ayuden a Andalucía a la recuperación económica que tiene que ser lo más rápida posible.

-Esta semana se ha anunciado que se destinarán 30 millones a ayudas al alquiler que beneficiarán a 8.500 familias, pero ¿se hará de forma ágil? Todavía hay algunas pendientes de 2018...

-Nos encontramos una situación complicada con más de 40.000 solicitudes atascadas de 2017 y 2018. En 2019 nos pusimos a resolver las ayudas pendientes de la convocatoria de 2017 y avanzamos. Soy consciente de que aún quedan de 2018 y de que son familias que están esperando el pago. Por eso en el decreto de medidas económicas aprobamos agilizar la resolución de las mismas. El coronavirus nos ha hecho tomar decisiones urgentes para cuestiones como ésta, en la que una Orden de 2018 marcaba que la publicación de los beneficiarios en su conjunto tenía que ser personal y telefónica, por ejemplo. En menos de un mes, hemos desatascado 6.194 expedientes de esas ayudas, de “Alquila 2018”, con las medidas del Decreto ley 6/2020, de 30 de marzo. Sevilla con 1.328 y Granada con 1.300 son las provincias donde más se han resuelto y en Málaga, el territorio junto a Sevilla que más acumulaba, han sido 976. Me he dado de seis a ocho meses para resolver las de 2018, aunque ahora además, como consecuencia de la crisis sanitaria, estamos preparando las bases de una nueva convocatoria que espero se publique en junio. Hay muchas familias vulnerables que necesitan contar con esa ayuda para mantener sus alquileres. Será de concurrencia no competitiva y telemática. Sabemos que las solicitudes serán numerosas en estos momentos difíciles para los andaluces que hayan perdido su empleo o estén incluidos en un proceso de ERTE y trabajamos con los servicios informáticos la herramienta para que todo sea lo más urgente posible.

-Van a reducir a la mitad los plazos para aprobar planes urbanísticos, ¿se van a eliminar requisitos para poder hacerlo?

-No, pero la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas permite usar la tramitación de urgencia siempre que se motive y en base al interés general. Entendemos que en este momento de dificultad económica podemos utilizar esta herramienta que reduce a la mitad el tiempo de los trámites y procedimientos, pero garantiza su legalidad. Para los municipios pequeños y medianos contar con un plan general supone poder ofrecer oportunidades para que se asienten empresas e industrias. No obstante, es una medida transitoria hasta que se apruebe la nueva ley de suelo. Hemos aprovechado el confinamiento para trabajar duro con el grupo de expertos que de forma desinteresada está aportando para poder contar con el primer borrador de la norma, que mejoraremos luego, y dar mayor celeridad al planeamiento en la comunidad. La ley en vigor, la LOUA, salió adelante en diciembre de 2002 y tan sólo se han aprobado 181 planes generales en la región. Hay 496 en tramitación y de ellos, 336, están en fase de aprobación inicial y provisional. Además numerosos planes han sido declarados nulos o están en una situación de dificultad por motivos judiciales. Tenemos el reto y la oportunidad, mientras llega la nueva ley, de utilizar el procedimiento de urgencia para acompañar a los ayuntamientos en la aprobación de sus planes generales. Detrás de cada uno esperan proyectos, inversiones y el desarrollo de Andalucía.

-Es noticia estos días que el Gobierno central recurrirá el decreto de simplificación de trabas administrativas, pero también lo anunciaron en el caso del que iba a permitir regularizar unas 327.000 viviendas, al entender que chocaba con la Ley de Costas, ¿en qué punto está ese asunto?

-Estamos esperando que se nos comunique la fecha para la comisión bilateral previa a llegar al Tribunal Constitucional para intentar subsanar en ella lo que el Estado interprete que puede ser inconstitucional. Tenían de plazo hasta junio para convocarnos, pero entiendo que el Estado de alarma hará que se alargue. Solicité que fuera de forma urgente esa reunión para dar tranquilidad a las miles de familias afectadas, ya que el decreto está en vigor. Espero que el encuentro se produzca cuanto antes porque estoy convencida de la constitucionalidad de una norma que cuenta con todos los informes jurídicos favorables de la Junta y supone una oportunidad de resolver un asunto pendiente desde hace años porque los gobiernos anteriores no dieron con la tecla para solucionarlo. Y lo que veo es que empieza a ser un comportamiento común del Gobierno de España el recurrir decretos esperados socialmente en Andalucía.

-Algo que añadir en ese sentido...

-Este Gobierno andaluz ha querido simplificar normas que en muchos casos se habían quedado antiguas y suponían una gran maraña administrativa para poder ofrecer nuevas oportunidades en la comunidad en un decreto. Se viene a sustituir la licencia de primera ocupación por la declaración responsable, lo que supone el ahorro mensual de 1.500 euros, ya que muchos ayuntamientos se alargaban incluso años en dar licencias de primera ocupación a promotores o a particulares propietarios de viviendas o de locales. Otras comunidades ya tienen esta medida. Hoy el decreto, a pesar de las zancadillas del PSOE y del Ejecutivo, se está aplicando en numerosos ayuntamientos porque era esperadísimo. Ni el PSOE ni el Gobierno de España de Pedro Sánchez nos van a frenar. Estamos poniendo en marcha iniciativas para quitar el freno que ha supuesto ese partido durante muchos años, mover nuestra economía y hacer una Andalucía más fuerte. Por encima del PSOE y de su maquinaria está la sociedad andaluza que quiere seguir creciendo y que ahora cuenta con un Gobierno aliado. En un escenario convulso como es el derivado del coronavirus, no necesitamos una oposición que ponga trabas al desarrollo de la región. El PSOE debe sumarse y participar en la oferta que ha hecho el presidente de la Junta de alcanzar una gran alianza para, entre todos y con los agentes sociales, superar esta situación. Seguiremos trabajando para simplificar, aclarar y reducir maraña burocrática y administrativa. No se nos va a parar en incentivar la economía de la comunidad.

-¿Y se ha estabilizado ya el panorama de las deudas pendientes de esos gobiernos socialistas anteriores? ¿Había más facturas en los cajones o les ha llegado alguna sentencia nueva?

-Desgraciadamente nos seguimos encontrando y nos siguen comunicando reclamaciones que estaban en los juzgados. Sólo en 2019 la consejería abonó más de 240 millones en pagos pendientes derivados de anteriores legislaturas. Es verdad que tuvimos que pagar 164 por una sentencia judicial sobre el Metro de Servilla, diez años después. 37,8 eran intereses de demora. A partir de ahí, hay otros ejemplos como los 5,28 millones por el retraso de las obras del tranvía de Jaén que el Gobierno anterior fue incapaz de poner en marcha, o los 10,5 que hemos hecho llegar a los bolsillos de los andaluces por expropiaciones que llevaban sin abonarse desde 2015. Hoy podemos decir que nos encontramos al día en esta materia, tan sólo estamos haciendo frente aún a las de las obras de las variantes de Lucena y de Arriate, pese a que ambas obras arrancaron hace una década también. Y hemos aprovechado el Estado de alarma para trabajar en el abono de las certificaciones pendientes de obras porque las empresas nos transmitieron que necesitan liquidez y este Ejecutivo es responsable y sigue afrontando esos pagos. Espero estar al día con ellos en mayo para que puedan contar con el abono de las facturas pendientes de obras y de liquidaciones de la consejería.