El ex trabajador de UGT-A condenado por destapar datos del sindicato recurrirá la sentencia

Tal vez alguien no ajustó bien el tiro, o lo contrario. Lo cierto es que Roberto Macías, ex trabajador del sindicato UGT-A ha sido condenado a dos años de prisión al haber considerado acreditado un juzgado sevillano que filtró información confidencial de la organización sindical y cometió, por tanto, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, aunque le ha aplicado la atenuante de “dilaciones indebidas” por el rosario de retrasos en la causa.

Para Macías “la sentencia demuestra que en España los alertadores de corrupción", grupo en el que se incluye, están “desprotegidos frente a las tramas” que descubren y “corrobora que la Justicia” nacional “se resiste aplicar" la Directiva Europea de Protección del Denunciante. En su lugar se “criminaliza” a los que se atreven a dar el paso, según ha trasladado a LA RAZÓN. Cree que el fallo judicial “evidencia que las leyes están diseñadas para cazar a las personas que informan públicamente de irregularidades”, mientras “los corruptos siguen gozando de cierta impunidad”. Desde esa convicción adelanta a este periódico que “recurrirá”.

El ex empleado del sindicato defiende que sin las “revelaciones públicas” que hizo sobre la organización sindical “nunca se hubieran conocido los desmanes contables” de la misma. Otro juzgado de Sevilla ha armado hace unos días un auto de apertura de juicio oral contra catorce acusados ligados al ente sindical por presunto desvío de subvenciones y supuestas anomalías finacieras. “Me han condenado por poner en jaque al régimen andaluz, por informar de los vasos comunicantes entre UGT y el PSOE y las redes familiares”, asevera Macías, para insistir en que la sentencia es “sumamente injusta y aberrante”, pues se condena “a la persona que advirtió a la prensa de que los controles de la Junta a los expedientes de UGT eran inexistentes”.

El ex trabajador sindical lamenta que con decisiones judiciales como la que le afecta se lance “un mensaje equivocado a los ciudadanos: que en el cortijo andaluz es mejor mantener las cloacas cerradas”. En cambio, señala que con la Directiva Europea a la que aludía antes se busca "incentivar la denuncia y proteger de toda represalia al alertador”. Y anota un dato: “Según la encuesta especial del Eurobarómetro sobre corrupción de 2017, en torno a uno de cada tres europeos, el 29%, considera que no debería denunciarse la corrupción ya que no hay protección” para quienes lo hacen. El miedo a las consecuencias legales y financieras es el comodín al que más se agarraron los preguntados en una consulta pública de 2017 de la Comisión, aporta, para “justificar el por qué los trabajadores no denuncian las irregularidades”. El safari de ‘caza-corruptos’ no parece una opción, pero Macías no se resiste y está dispuesto a seguir dando la batalla en su caso concreto.