La Audiencia suspende tres sesiones del juicio de Acyco por cúmulo de trabajo

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido tres de las sesiones fijadas para continuar el juicio comenzado el pasado 9 de septiembre sobre las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad.

En concreto, para continuar la vista oral habían sido fijados los días 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de este mes, después de las sesiones celebradas el mes pasado, si bien en una providencia emitida el pasado lunes, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Tercera de la Audiencia suspende las sesiones de los días 13, 14 y 15, “que se suman a la sesión suspendida en sala del día 8 de octubre, debido al cúmulo de trabajo que ha pesado sobre la magistrada ponente, con señalamientos fijados anteriormente, incluso de causas con preso, que ha hecho imposible la entrega de la resolución de las cuestiones previas con la debida antelación a las partes, así como por la celebración de un juicio del tribunal del jurado por parte del presidente de la sección”.

En la primera tanda de sesiones, centrada en las cuestiones previas, la Fiscalía se opuso a excluir del caso a los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía ya juzgados y condenados por la Sección Primera por el denominado como “procedimiento específico” mediante el que eran financiadas tales subvenciones.

De esta manera, la Fiscalía se pronunciaba en contra de las peticiones que, durante esta fase de cuestiones previas, habían formulado las defensas del exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, que tras ser todos ellos juzgados y condenados por la Sección Primera por el denominado como “procedimiento específico” de los ERE, esgrimían que el “afán globalizador” del juicio inicial de la Sección Primera abarca respecto a los citados ex altos cargos las ayudas financiadas mediante el mecanismo sometido a juicio

Frente a ello, la Fiscalía señalaba que las subvenciones concedidas gracias al denominado como “procedimiento específico” no han sido “objeto de instrucción o enjuiciamiento” por parte de la Sección Primera de la Audiencia. Para el Ministerio Público, el carácter continuado de los delitos de malversación y prevaricación por los que fueron juzgados Fernández, Barberá, Guerrero, Márquez y Serrano “no se fundamenta en la pluralidad de ayudas” concedidas conforme al mecanismo juzgado, sino “en la prolongación” del mismo durante varios ejercicios presupuestarios.

“Las ayudas individuales no son objeto de esa causa”, indicaba con relación al juicio celebrado por la Sección Primera, agregando que no media una “identidad plena de los hechos” entre dicho caso y la pieza separada correspondiente a las ayudas concedidas a Acyco, pues en este segundo caso, según precisaba la Fiscalía como ejemplo, sobre Antonio Fernández pesa además la acusación de un presunto delito de falsedad en documento oficial.

La Fiscalía se opuso además a excluir del caso al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, quien tras ser excluido del juicio celebrado por la Sección Primera respecto al “procedimiento específico” afronta penas que suman “más de 250 años”, según su defensa, al estar investigado en más de 50 piezas separadas correspondientes a ayudas concedidas gracias a dicho mecanismo. En el caso de Guerrero, por contra y como avisaba su defensa, ha sido excluido ya de más de 103 piezas separadas dado su papel en el juicio de la Sección Primera.

De la misma manera, la Fiscalía rechazaba la petición de varios de los acusados ajenos al juicio celebrado por la Sección Primera, respecto a aplazar este juicio hasta que medie una sentencia firme respecto al citado juicio, saldado con sentencia condenatoria en el caso de 19 de los 21 ex altos cargos socialista de la Junta de Andalucía sometidos a juicio, entre ellos Fernández, Barberá, Guerrero, Márquez y Serrano.

Mientras el abogado defensor de José Miguel Caballero invocaba al comienzo de la vista el “principio de seguridad jurídica”, preguntando retóricamente “qué capacidad” de influencia tiene una resolución judicial aún no firme, la Fiscalía alertaba de que tras ser emitida la sentencia del denominado como “procedimiento específico”, ya recurrida ante el Tribunal Supremo, la autoridad judicial no ha indicado “en ningún momento que deba aplazarse ningún procedimiento” hasta que sean resueltas las impugnaciones.

En todo caso, la Fiscalía exponía que si finalmente fuesen excluidos de este juicio las personas ya juzgadas por la Sección Primera, “nada obsta para que siga la vista contra los restantes encausados”, entre ellos Rivera.

En esta pieza separada de las subvenciones autonómicas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.

Además, están acusados Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Francisco Javier Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.

Sobre el asunto pesa la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que condena a 19 de 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, juzgados por dicha instancia a cuenta del procedimiento específico a través del cual eran financiadas las subvenciones autonómicas con las que fueron incentivados los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

Pesa además el principio ‘non bis in ídem’, por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia y saldado con la mencionada sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos de la Administración andaluza juzgados entonces; entre ellos, como ha sido indicado, Antonio Fernández, Agustín Barberá, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano.

No obstante, dicho criterio de la Sección Séptima es posterior a la apertura de juicio oral decidida por el Juzgado de Instrucción número seis respecto a los acusados en la pieza correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas a Acyco.