Radiografía de la pobreza: 612.000 andaluces más con necesidades básicas en una década

Una década marcada por la escalada de la pobreza y por un paulatino deterioro de las condiciones de vida de los andaluces. Es una de las conclusiones que puede extraerse del décimo informe «El estado de la pobreza en España. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social 2008-2019», publicado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). Según el documento, «a lo largo del último decenio, Andalucía ha soportado tasas muy elevadas de riesgo de pobreza y exclusión social, siempre muy por encima de la media nacional y en las posiciones más altas en la ordenación por regiones». La crisis ha tenido mucho que ver en la conformación de este escenario, pero también problemas estructurales como el paro y la escasa convergencia con otras comunidades autónomas.

El informe destaca que la tasa Arope ha aumentado en Andalucía en seis puntos porcentuales desde 2008. Este índice incorpora un concepto multidimensional de la pobreza al estar formado por tres subindicadores: tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales –personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta media disponible–, carencia material severa –por ejemplo, no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año o no comer carne o pescado al menos cada dos días– y personas que viven en hogares con una baja intensidad de trabajo. Es decir, 612.000 personas más padecen necesidades de diversa índole en los últimos diez años.

Los datos más recientes del informe son de 2019, cuando el coronavirus todavía no había afectado a las economías familiares. Sin embargo, arroja cifras que deberían llamar a la reflexión. El 37,7% de la población de Andalucía estaba en riesgo de pobreza, lo que se traduce en 3,2 millones de personas. Esta cifra está cinco décimas por debajo de la del año anterior y supone la continuación de la tendencia descendente que se había registrado entre los años 2015 y 2017. La tasa es un 49% más elevada que la media nacional –12,4 puntos porcentuales más– y comparte con Extremadura el primer lugar entre todas las regiones.

En relación a la pobreza severa, la tasa fue del 14,7%. Esta cifra es un 60% –5,5 puntos porcentuales– más elevada que la media nacional y la más alta de todas las comunidades autónomas. Además, este registro es 3,1 puntos porcentuales superior al que soportaba en 2008, lo que se traduce en un incremento del 27 % en la totalidad del período.

En 2019, el 5,9% de la población de Andalucía vivía en condiciones de privación material severa. Hay registros especialmente preocupantes, aumentando un 35% las personas que tenían retrasos en el pago de la vivienda habitual o las que no podían permitirse comer carne o pescado cada dos días. Por otra parte, el 44% de las personas que residen en Andalucía no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 47% no podían permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Finalmente, la población que experimentaba dificultades para llegar a fin de mes alcanzaba el 61%, cifra que se reduce en siete puntos con respecto a la del año anterior.

La problemática del paro se agudiza. El 18% de la población menor de 60 años residente en Andalucía vivía en hogares con baja intensidad de empleo, la cifra más alta de toda España. La renta media se redujo en 222 euros (-1,6 %) y fue, en 2019, de 13.755 euros por unidad de consumo (9.160 euros por persona). Andalucía fue una de las cinco comunidades autónomas en las cuales se redujo la renta media y la tercera más baja de todas ellas, solo inferior a Extremadura y, muy levemente, la región de Murcia. Esta reducción ha alejado todavía más la renta del valor medio nacional y, en la actualidad, se mantiene una diferencia de 6.532 euros (20,4% menos).

Otro dato que llama la atención es que algo más de 583.000 andaluces –23.000 más que el año anterior– recibían una pensión cuyo importe era inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 36,9% de todas las pensiones. Si se consideran solo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 41,2%, tenían un importe inferior al umbral de pobreza. Un colectivo sobre el que recae el peso de muchas familias, puesto que son el único sustento a causa del desempleo.