Abengoa ha convocado una nueva junta general extraordinaria de accionistas, que previsiblemente se celebrará el próximo 22 de diciembre en segunda convocatoria, para proponer la reducción de su consejo de administración a sólo tres miembros, frente a los siete actuales, y modificar la política de retribución al consejo. Hoy martes se celebra la Junta General Extraordinaria, convocada a petición de los accionistas minoritarios agrupados en la asociación AbengoaShares, plataforma que reclama el cese del actual Consejo de Administración que preside Gonzalo Urquijo y la elección de un nuevo órgano rector al frente del cual propone situar a Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola y ex diputado en el Congreso. De igual forma hoy expira el nuevo plazo que el jueves 12 Abengoa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a la espera de la contribución de liquidez de 20 millones de euros de la Junta. Varios expertos analizan la situación para LA RAZÓN.

Crónica de una muerte anunciada, por Diego Barbadilla Mesa

La convocatoria de Junta General Extraordinaria de Abengoa, S.A. se realiza a instancia de un grupo de accionistas minoritarios, la parte más subordinada de la estructura de capital de la compañía y por ello la más perjudicada en caso de liquidación de la sociedad.

Sus derechos a esta convocatoria, siendo legales y realizados en tiempo y forma, parecen «ilusorios» –así los define el Consejo de Administración– toda vez que el resto de acreedores e inversores, que proceden de la refinanciación (tercera) de la deuda financiera y comercial verían seriamente erosionados los suyos y paralizarían las aportaciones de dinero y avales –también están en su derecho el hacerlo– a la que se comprometieron el pasado 6 de agosto para realizar el nuevo Plan de Negocio acordado y previsto.

El motivo que mueve a estos accionistas no es otro que defender que su capital no se diluya y su inversión se vea notablemente minusvalorada, y esto no se produciría si la matriz (Abengoa, S.A) mejora su posición en la estructura de capital de la nueva sociedad Abengoa Abenewco1, S.A. Lo que olvidan estos accionistas es que la más que probable liquidación de la compañía dejaría su capital a cero.

Por otro lado, dada la situación actual de la economía mundial y las cifras en la que se encuentra la compañía, creo –y esto es una apreciación personal después del análisis de las mismas– que también es «ilusorio» llevar a buen término la realización del nuevo Plan, por lo que estamos asistiendo a los últimos estertores de una muerta anunciada, en la que todos perderemos.

Diego Barbadilla Mesa es profesor asociado de Economía Aplicada.

La sentencia del mercado, por Emilio Congregado

Al igual que ha sucedido en otras ocasiones, el gobierno andaluz se enfrenta en estos días, a un difícil reto: apoyar financieramente a Abengoa con dinero público o mirar para otro lado y dejarla caer, asumiendo el coste que, en términos de pérdida de empleo, originaría su quiebra. Desgraciadamente, este tipo de situaciones no son nuevas. Como ya ocurriese en su día con Santana Motor, con empresas de la Cuenca Minera de Huelva o con empresas industriales de la Bahía de Cádiz, por tan solo citar algunos ejemplos, la Administración Central y Autonómica se ven en la tesitura de apoyar financieramente a empresas de sectores en decadencia o en situaciones de escasa viabilidad para evitar impactos negativos en el empleo. Hablamos de empresas cuyo tamaño parece “obligar” a las autoridades a solucionar problemas generados por la impericia de sus equipos de gestión, por shocks adversos o estructuras de costes inadecuadas, que han llevado a sus organizaciones a situaciones límite. Pero, sea cual sea el origen, el denominador común de este tipo de situaciones es el de una baja competitividad que compromete la viabilidad del proyecto. Se trata de situaciones en las que el mercado ha dictado su veredicto y en el que los equipos de gestión (provisionales y de urgencia) tratan de buscar financiación y viabilidad, no buscando nuevos inversores que crean en la viabilidad del proyecto tras la realización de ajustes, sino en los fondos públicos. Todo ello, bajo la amenaza de acusar a los responsables políticos de dejar caer a empresas señeras en la región que comprometerían un importante número de empleos. Se produce una especie de chantaje mediático en el que la responsabilidad del cierre no recae en la falta de habilidad en la gestión de sus equipos de dirección, sino en una pretendida falta de sensibilidad de las autoridades políticas.

En ese contexto debemos preguntarnos: ¿el sector publico tiene información, capacidad y elementos técnicos o de juicio como para evaluar de manera favorable una viabilidad que los inversores privados e instituciones financieras han descartado?; ¿es asumible el financiar con el dinero público el mantenimiento del empleo de una empresa, cuyo único mérito es el de su tamaño?; ¿podría aspirar una PYME en dificultades a este apoyo y respaldo financiero de la administración pública?; ¿merece la pena mantener a toda costa a empresas con viabilidad comprometida, en lugar de favorecer la aparición de nuevos proyectos empresariales con mayor probabilidad de éxito?

La administración andaluza tiene, una vez más, la llave. El que la decisión se fundamente en criterios técnicos objetivos y no en factores mediáticos o en términos de réditos políticos será, a buen seguro, la clave del acierto en una situación tan comprometida.

Emilio Congregado es catedrático de Economía de la Universidad de Huelva