Carrefour: el aviso al sector agroalimentario

El Gobierno francés ha vetado el intento de compra de Carrefour por parte del grupo canadiense Couche-Tard alegando razones de soberanía alimentaria. El grupo Couche-Tard es un gigante del sector de la distribución con más de 14.000 tiendas en todo el mundo, una capitalización de 29.000 millones de euros y una plantilla de más de cien mil personas. Si se hubiera fusionado con Carrefour se habría creado un grupo valorado en más de 40.000 millones de euros. Su oferta de compra de Carrefour fue fortísima; un 30% por encima del valor de cotización del día anterior a la oferta.

Carrefour es un eslabón esencial de la soberanía alimentaria de Francia, que es lo que se ponía en juego con la operación. La acción del Gobierno francés ha sido abiertamente proteccionista, se ha realizado mediante la persuasión personal a los accionistas principales del grupo de alimentación francés y ha recibido en la prensa internacional unos comentarios globalmente favorables y muy diferentes a la decisión de Donald Trump de establecer en julio de 2018 un arancel del 25% sobre un conjunto de productos procedentes de China por un valor de 50.000 millones de dólares ¿Por qué ese diferente trato? El sector agroalimentario español es el que mejor se ha comportado durante lo que llevamos de pandemia, también es uno de los que ha registrado una menor caída en su aportación al PIB. Sin miedo a equivocarnos podemos suscribir la opinión del profesor Fernando Faces del Instituto San Telmo cuando afirma que el sector agroalimentario ha salido «ideológicamente» reforzado de la pandemia. Junto con el colectivo sanitario y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sector agroalimentario goza de una muy alta consideración social que se extiende desde el labrador, ganadero y pescador a quien está en la línea de caja del supermercado.

Desde 1990 hasta la crisis financiera de 2008, las cadenas de valor mundiales (CVM) se impusieron en buena parte de la actividad económica del Planeta. Las CVM dividen el proceso de producción de los productos entre distintos países. Las empresas en cada país se especializan en sólo una fase del proceso productivo de manera que ninguna elabora todo el producto. El sector agroalimentario es uno de los menos expuestos a las CVM pero cuanto mayor es el grado de elaboración, mayor probabilidad existe de que parte del mismo haya sido fabricado a miles de kilómetros de distancia de nuestro supermercado habitual. El Mundo ha aprendido bien el problema que supone romper las CVM y quedarse sin suministro. Los economistas llamamos a esto crisis de oferta y para saber en qué consiste nos basta recordar lo que tardaban en llegar los aviones cargados de mascarillas y equipos de protección para los médicos procedentes de China. Ahora las mascarillas usadas llenan las papeleras pero durante más de un mes los médicos y enfermeros tenían que entrar en los quirófanos vestidos con bolsas de basura. Los supermercados, en cambio, nunca quedaron desabastecidos y ahí radica el origen de la consideración social del sector agroalimentario español y de otros países.

El sector tiene ahora una ventana de tiempo para dar un impulso a sus reivindicaciones –¿cómo se hubiese negociado la Política Agrícola Común de haber coincidido con la pandemia?– pero también para adaptarse a nuevos retos. De entre ellos hay dos que sobresalen. El primero es incorporar la tecnología «block chain» para facilitar la trazabilidad del producto desde la tierra o el mar hasta la mesa. Esto facilitaría, por ejemplo, la aplicación del ajuste de carbono en frontera que está en la hoja de ruta de la Comisión Europea y en lo que he tenido la oportunidad de trabajar recientemente. Aunque existe bastante incertidumbre sobre su aplicación al sector agroalimentario, su utilización se va a generalizar en casi todos los intercambios comerciales. Véase por ejemplo su aplicación a la energía producida para ver las emisiones contaminantes asociadas a cada kilovatio. El segundo reto que el sector agroalimentario debe afrontar es el de insertarse ventajosamente en la denominada economía de plataformas; particularmente de plataformas digitales.

Francia ha dejado claro que no está dispuesta a exponerse al desabastecimiento de alimentos como consecuencia de nuevas rupturas de las CVM. El proteccionismo del país vecino es tal que durante la pandemia se aprobó un decreto para evitar que grupos extranjeros aprovecharan la difícil coyuntura económica para entrar en alguna empresa gala en dificultades. Este decreto le daba al Ejecutivo derecho a veto ante una posible compra. El Gobierno español también lo hizo en la Disposición adicional decimoctava del primer decreto ley de medidas anticrisis aprobado el 17 de marzo de 2020. La explicación para este tipo de medidas está en la capacidad de grandes inversionistas como los fondos de inversión o «fondos buitre» para hacerse con el control de empresas en crisis. El profesor de la Universidad Europea de Madrid Guillermo Rocafort es, sin duda, en principal experto español en la lucha contra este tipo de prácticas. Por último, ojo con los elogios a las CVM. El informe de desarrollo del Banco Mundial para 2020 señala que sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa entre países ni tampoco dentro de ellos. La reducción de costes que muchas empresas han logrado externalizando parte de los procesos productivos a terceros países han redundado mucho más en sus beneficios que en reducciones de precios para sus clientes finales. A eso debe unirse que las empresas que controlan las plataformas de comercio digital tienen un extraordinario poder de mercado que está condicionando la distribución de beneficios del comercio internacional. En definitiva, no nos enfrentamos sólo a perder la soberanía alimentaria sino al desabastecimiento sistémico si gigantes como Google o Amazon colapsan. En la misma línea, ¿qué ocurriría si emulando al comportamiento de Twitter una de estos grandes operadores decidiera que los ciudadanos de un determinado país no merecen ser abastecidos?