Carmen Crespo: «El Ministerio de Agricultura pretende que Andalucía pierda su posición y lo aplaudamos»

La consejera andaluza del ramo critica el «inmovilismo» de Planas con un decreto de transición de la PAC que «castiga al buen agricultor»

La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo
La consejera andaluza de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen CrespoKiko HurtadoLa Razón

El real decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC) aprobado por el Gobierno central ha provocado el rechazo unánime del sector y de la Junta de Andalucía. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, critica la convergencia «abrupta» que propone el documento y lamenta la posición «inmovilista» del Ministerio.

¿En qué basa su rechazo la Junta a este decreto?

La Junta lo que ha hecho es sentarse con las organizaciones agrarias y cooperativas para estudiar el documento y se hicieron las correspondientes alegaciones. El que es inmovilista es quien, a pesar de recibir alegaciones, no se mueve ni un ápice de su postura. Desde el borrador inicial hasta el texto aprobado en el Consejo de Ministros no ha habido ningún cambio. También presentaron alegaciones Castilla y León, Murcia, Madrid, Galicia y las cooperativas de Extremadura. El Gobierno no quiere dialogar, impone y no se mueve ni un milímetro de su postura inicial. Europa pide que España se vaya incorporando a la convergencia, pero no dice que sea en el periodo transitorio. Ni siquiera pide que sean dos años. Por ejemplo, Alemania ha tardado 20 años en converger y su agricultura es homogénea. La de España es muy heterogénea y dificultosa para igualarla. La convergencia era de un 6% y se pretende que sea de un 25, por tanto pretende un proceso abrupto.

Este drástico cambio del modelo de convergencia se va a traducir en pérdidas para los agricultores. ¿Cuáles son las estimaciones?

El olivarero de Cazorla, por ejemplo, que tiene 8 hectáreas, de 16.500 euros que cobra se quedaría en 10.500 en estos dos años de transición. Un olivarero de la campiña de Jaén pasaría de 12.400 euros a 7.900. Uno del Bajo Guadalquivir, con 15 hectáreas, pasaría de 20.000 euros a 16.000. Un ganadero caprino pasaría de 8.200 euros a 4.200. Los agricultores pierden. Europa no ha pedido que se haga esto en el periodo transitorio y las alegaciones se han hecho en el sentido de una convergencia paulatina. Se va tendiendo a una tasa plana que nadie la ha pedido. De esta manera se castiga al agricultor profesional, al pluriactivo que ha contribuido a que no haya despoblación en los entornos rurales y al que invierte en innovación y medio ambiente. En definitiva, el Gobierno castiga al buen agricultor. España cobra la PAC actual por los derechos que tienen regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla y León. El Ministerio pretende que Andalucía pierda su posición y lo aplaudamos.

El ministro Planas ha dicho que menos de un 1% de los perceptores andaluces de la PAC verán reducidas sus ayudas. ¿Está de acuerdo?

–Un 1% puede perder el 20% de las ayudas, pero no ha dicho qué tanto por ciento pierde un 15, 16 ó 14. Ése es el problema. Además, no es cierto que Andalucía tenga privilegios. Tiene de media 17 hectáreas por agricultor, es menos que la media de España. Los agricultores andaluces cobran menos en la PAC que la media española. Esta media es de 6.500 euros y en Andalucía está en 5.000. Hay agricultores que cobran hasta 10.000.

Se habla de una convergencia como han hecho Alemania y Francia, dos países con modelos agrarios muy distintos al español y andaluz.

Alemania consiguió la convergencia después de 20 años, pero su modelo de agricultura es muy homogéneo. España y Andalucía tienen una agricultura muy heterogénea. Son dos modelos que no tienen nada que ver. El real decreto de transición elimina el tope de pérdidas, lo que supone un peligro real. Todo esto esconde el modelo de PAC del futuro, que supone volver a la tasa plana encubierta y no todos los agricultores son iguales, no han invertido igual y no son igual de competitivos. Se dice que ese decreto va a beneficiar a los jóvenes agricultores. Todo lo contrario. En el año 2020 se incorporaron 500 jóvenes agricultores en Andalucía. Su acceso a la reserva nacional de derechos es relativamente fácil. Si entran todas las tierras y sube el precio, el joven tendrá mayor dificultad.

Todas las organizaciones agrarias han mostrado su rechazo a este decreto. ¿Cree que el Gobierno rectificará? ¿Qué va a hacer la Junta para defender el actual modelo de convergencia?

La Junta ha hecho alegaciones. Incluso el presidente Juanma Moreno se ha implicado de forma personal en la defensa de los intereses del campo andaluz desde el inicio de las negociaciones, manteniendo un encuentro bilateral con el ministro. El inmovilismo lo practica en este caso quien, después de recibir las alegaciones, no se mueve ni un milímetro de su posición. Después de la reacción de todos los agricultores y ganaderos, el Ministerio se tendrá que pensar mucho cómo hacer la reforma de la PAC. Tiene que rectificar porque, con esta convergencia abrupta, se pone en cuestión el modelo actual. Espero que rectifique, de cara también al modelo de PAC a partir de 2023 que nos va a afectar de manera importante. Que no se olvide el Ministerio que quien más sabe de la PAC en estos momentos son los agricultores y ganaderos.

En la negociación del nuevo marco se habla de una reducción del número de regiones. ¿Cómo puede afectar esta cuestión a Andalucía?

Si la convergencia se hace con el número de regiones que ya tenemos y ya hay agricultores que van a perder, imagínese una vuelta de tuerca reduciendo las regiones. Es otra vuelta de tuerca más que produce pérdidas en los agricultores. Con la convergencia abrupta hay agricultores, los buenos agricultores que han invertido en innovación, que pierden realmente. Si se reducen las regiones van a perder aún más y, por tanto, es una situación con la que no estamos de acuerdo. Andalucía no es inmovilista. No se trata de dejar las mismas regiones. Si hay que reducir, tendremos que hablarlo. En el Consejo Consultivo, Alemania hablaba de que los agricultores deben tener certidumbre, Italia iba a hacer un plan regional y no nacional, Grecia decía que no había que añadir más incertidumbre en estos momentos de pandemia y Francia decía que la nueva PAC debía atender a la diversidad existente de cultivos.

La arquitectura verde estará muy presente en el nuevo marco de la PAC, con proyectos que respeten el medio ambiente y vinculados a la lucha contra el cambio climático. ¿Andalucía está preparada?

Estamos preparados. Tenemos un 20 por ciento de agricultura ecológica y mucha producción integrada sostenible. Estamos dispuestos a continuar en esta dirección. Esto conlleva tiempo y dinero. El agricultor del Mediterráneo en la nueva PAC tiene que contar con mecanismos de mercado para evitar las crisis de precios y, al mismo tiempo, el Gobierno debe exigir a la UE que imponga más controles y requisitos a terceros países para que cumplan las mismas exigencias medioambientales que nuestros agricultores y evitar la competencia desleal.

Otro debate en torno a la PAC es la definición del agricultor. La Junta apuesta por el reconocimiento del agricultor pluriactivo. ¿Por qué?

Es el modelo de agricultura en Andalucía. Tenemos agricultores que tienen un trozo de tierra en su municipio y, aparte, tienen otras ocupaciones. Este agricultor está favoreciendo que haya actividad económica en esos pueblos rurales. Cualquier tipo de actividad agrícola tiene que ser reconocida en esa definición de agricultor. Este agricultor pluriactivo está contribuyendo a que no haya despoblación. Andalucía es la comunidad autónoma de España menos despoblada gracias a eso. Esto no es una cuestión de agricultores ricos o pobres. Los que más van a perder son los pequeños.

Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, ¿se abre la posibilidad de eliminar los aranceles a la aceituna de mesa?

España tenía que haber sido pionera en la petición de que se eliminaran. Estamos en una nueva etapa y, por tanto, ante una nueva oportunidad. Vamos a estar al lado del Gobierno porque son unos aranceles injustos para un sector que ha sufrido muchos varapalos y en estos momentos es absolutamente necesario. Vamos a demandar para este sector una ayuda asociada, puesto que necesita una atención especial.