El denunciante dice que las ayudas a Juana Martín fueron “impolutas”

El responsable de la sociedad pública Invercaria que supervisó parte de las ayudas a la diseñadora Juana Martín ha declarado que todo el proceso fue “impoluto”, porque “estaba todo bien hecho”, y ha añadido que la modista fue “bastante diligente” al mandar las facturas que le fueron requiriendo.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este lunes la tercera sesión del juicio contra cuatro acusados, entre ellos la propia modista, por los 850.000 euros que recibió de esa sociedad de capital riesgo dependiente de la Junta de Andalucía entre 2006 y 2011.

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel para Martín y Tomás Pérez-Sauquillo, ex presidente de Invercaria, por prevaricación y malversación, así como seis años y medio para el ex director del departamento de Promoción Cristóbal Cantos y el ex director financiero Antonio Nieto.

Cantos, cuya denuncia dio origen a la macrocausa relativa a Invercaria, ha explicado que su departamento estudiaba “entre 150 y 250 proyectos al año”.

También ha señalado que no conocía la orden de incentivos de la Junta ni el decreto de 2001 que regulaba la concesión de préstamos participativos porque él era “técnico” y su competencia se centraba en los “procedimientos”, con los que era “muy escrupuloso”.

Cantos ha recordado que el proyecto de Juana Martín se le asignó el 16 de enero de 2006, justo el día que Invercaria firmó un préstamo de 120.000 euros para la diseñadora en el que él no tuvo “ninguna intervención”, aunque Pérez-Sauquillo le contó que los técnicos habían recomendado “invertir más” en la joven porque su empresa “tenía recorrido”.

Invercaria supuestamente no pidió documentación financiera a la también acusada, pero el ex director de Promoción ha dicho que “era muy difícil conseguir datos financieros de una chica que hacía un trabajo artesanal” y ha matizado que “lo relevante no es lo que facturara antes”, sino “identificar algo que haga ver que esa empresa va a tener éxito”.

“No era relevante saber cuántos trajes de flamenca había vendido antes, pero sí que esta señora era capaz de crear algo que tenía clientes. Mirar las cuentas anteriores no tenía sentido. Es una empresa nueva, se parte de cero”, ha argumentado.

Invercaria aprobó después concederle ayudas hasta un total de 900.000 euros para una línea de “prêt-à-porter” porque el interés de la entidad era crear una empresa “que pudiera hacer producción en masa”.

Para ello elaboró un plan de negocio “muy, muy completo” y se configuró un proyecto en el que Invercaria aportaría esos 900.000 euros y Juana Martín, otros 1,1 millones.

Así lo estableció el consejo de administración, que “es soberano y tomaba decisiones basándose en los criterios que ellos creyeran oportunos”, ha proseguido Cantos, quien ha insistido en que “este proyecto tiene todos los pasos impolutos”.

Respecto al préstamo personal que Invercaria otorgó a Juana Martín como persona física, Cantos ha indicado que la explicación es “jurídica” y que la decisión pudo tomarla tanto él como Pérez-Sauquillo.

El denunciante del caso Invercaria, que formó parte del consejo de administración de la empresa Juana Martín Andalucía, ha recordado que la diseñadora “era bastante diligente” porque “iba mandando las facturas” cuando la contabilidad corría a cargo del ente público.

En cuanto al incumplimiento de condiciones como la facturación o la apertura de tiendas, Cantos ha reiterado que facturar equis millones de euros “no era un hito de obligado cumplimiento”, sino “un deseo, una hipótesis” que se establecía previamente.

“Los hitos, que son las necesidades, a dónde va el dinero, sí se estaban cumpliendo. Eso es lo importante: pasarelas, desfiles... Y el día que se desembolsara todo ya podía mirarse si se estaba cumpliendo el deseo”, ha alegado Cantos, quien ha destacado que él “jamás” autorizó “ningún gasto en ningún proyecto” porque no tenía facultades para ello.