Andalucía rechaza «imposiciones» en la desescalada y pide «consenso»

El Gobierno andaluz salió en tromba en contra del denominado documento de «nueva normalidad» impulsado por el Ministerio de Sanidad que, entre otras medidas, limita el horario de apertura del ocio nocturno y la hostelería. El Ejecutivo autonómico criticó las «imposiciones» del Gobierno central y reclamó «consenso» a tenor de la oposición de varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, instó al Gobierno a «decretar el estado de alarma u otro marco jurídico» si pretende imponer restricciones en la desescalada. En este sentido, lamentó que la ministra del ramo, Carolina Darias, «quiere asumir las competencias de salud otorgadas por nuestro Estatuto de Autonomía». Marín se reafirmó en las capacidades de los gobiernos autonómicos, delegando en órganos como el comité de expertos y la Consejería de Salud, y recriminó al Gobierno que «salimos del estado de alarma sin programación ni planificación a medio y a largo plazo».

«Nos dejaron abandonados a nuestra suerte», criticó Marín, al tiempo que aseguró que «hemos asumido las competencias y ahora quiere imponernos las medidas».

En la misma línea, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, señaló que desde el consenso y el diálogo «se consigue mucho más que desde la confrontación» y recordó que se ha visto que el Gobierno central, en los quince meses gestionando la pandemia, «ha acertado cuando rectificaba». En referencia al Consejo Interterritorial de Salud, celebrado el jueves, afirmó que el Gobierno «volvió a equivocarse imponiendo una serie de cuestiones que muchas comunidades no aceptamos». En este sentido, dejó claro que la salud pública «compete a las comunidades autónomas», por lo que Andalucía se va a seguir rigiendo por la orden autonómica de medidas que se ya publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 7 de mayo, cuando el Gobierno central dejó caer el estado de alarma.

Sobre este asunto también se pronunció el consejero de Salud, Jesús Aguirre, quien recordó que lo que Andalucía «pidió a la ministra» en esa reunión, y lo que «se le ha pedido continuamente» al Ministerio de Sanidad, es «consenso» y señaló que, hasta ahora, «todas las medidas» que se han llevado al Consejo Interterritorial de Salud «han sido por consenso».

Al hilo, remarcó que «lo que no puede haber es una imposición a nivel de medidas» que son «competencia» de las comunidades autónomas y señaló que el Gobierno andaluz pidió el pasado mes de enero al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que acudió a Sevilla junto a Darias para presidir una reunión de este organismo «en plena efervescencia de la tercera ola» de la pandemia, que diera a la comunidad autónoma «los instrumentos que eran dependientes del propio Gobierno central, como era la posibilidad de los cierres perimetrados y los toques de queda» para evitar la propagación de contagios.

De otro lado, el TSJA, con sede en Sevilla, ratificó el confinamiento de los municipios de La Campana y La Algaba por razones de salud pública. Sin embargo, la Junta dio marcha atrás y decidió no cerrar La Campana por la bajada de la incidencia. El Alto Tribunal matizó que «no es una restricción de movilidad absoluta, pues se recoge un catálogo de supuestos en los que se permiten los desplazamientos». Por contra, el mismo órgano judicial, con sede en Granada, no autorizó el cierre de Bailén porque la Junta «no ha aportado una motivación suficiente acerca de la eficacia de la medida».