La Abogacía del Estado sostiene que ElSur subcontrató con “clara finalidad de defraudar”

La Abogacía del Estado ha mantenido hoy durante una nueva sesión de la vista oral del caso ‘Poniente’, en el que se investiga una presunta trama de saqueo al Ayuntamiento de El Ejido a través de la empresa ElSur, que ésta subcontrató con una “clara finalidad de reducir la carga tributaria y defraudar a la Hacienda Pública”. Así lo ha mantenido la abogada del Estado María Dolores Domínguez, señalando que es lo que se hizo al subcontratar a las empresas de los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, añadiendo que la mayoría de estas mercantiles fueron creadas con la finalidad de prestar estos servicios y ni siquiera contaban con maquinaria o personal propio para llevarlos a cabo.

Ha recordado que Amate era el director de producción de ElSur y que la idea de crear varias empresas controladas por éste surgió “en el seno” de la empresa mixta, participada en un 70 % por Abengoa y al 30 % por el Ayuntamiento de Almería. También ha mantenido que el exinterventor del Consistorio, José Alemán se beneficiaba de esta presunta trama a través de la facturación que realizaba a Galán, y que el exalcalde del municipio, Juan Enciso, tenía un “claro interés económico”.

Sobre la contabilidad de las empresas de Amate y Galán, ha subrayado que no “reflejaban la realidad. Domínguez, que ha iniciado su exposición con unas “palabras de especial cariño” para el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez, que calificó los hechos en nombre del Ministerio Público y ha fallecido antes de que finalice el juicio, ha separado su exposición en cinco presuntas “tramas fiscales”, siendo la de ElSur la más extensa, reiterando la concurrencia de hasta 13 delitos fiscales de distinto tipo en este bloque. Ha aseverado que de no haber subcontratado, ElSur habría tenido un “enorme margen de beneficios” que hubiese conllevado un “elevadísimo pago de tributo”, pero que para evitarlo “inflaron los gastos con subcontratas con precios desorbitados” y “destruyeron” la “neutralidad” del IVA al “inventar una serie de gastos ficticios”.

Ha indicado que las empresas de Amate facturaron desde 2002 46.155.158,41 euros a ElSur, mientras que las de Galán facturaron 37.672.183,95 euros. En ambos casos ha destacado que hubo “precios desorbitados”, servicios que no se prestaron realmente, cesión ilegal de trabajadores porque dichas mercantiles no contaban con medios humanos y técnicos propios, y la simulación de servicios por parte de empresas patrimoniales de ambos grupos a las instrumentales para “desviar fondos” obtenidos con las subcontratas de ElSur. Así, sostiene que se escondió un “enorme margen de beneficio con gastos ficticios y no relacionados con la actividad, que incluso ElSur llegó a resolver contratos firmados a cinco años vista para rubricar otros por los mismos servicios pero mayor precio, etc.

También ha insistido en que era ElSur la que debía prestar directamente los servicios y no subcontratarlos, apostillando que todos los servicios que se daban a las empresas de Amate y Galán eran “prestaciones principales y no accesorias”.