«Nunca antes las familias se habían empobrecido tanto ni de manera tan rápida». Con esa sentencia resumió el Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, la crudeza de una situación que toca a casi uno de cada tres niñas y niños andaluces –29,5% según las mediciones de la tasa Arope en 2019– y que la pandemia de la covid-19 ha agudizado. Maeztu lamentó que «la infancia ha sido uno de los sectores más afectados, y a la vez invisibilizados», por el coronavirus, denunciando la «infradotación» de recursos disponibles, como conclusión general del Informe anual del Defensor del Menor en Andalucía, relativo a 2020 y presentado este martes en el Parlamento.

En el centro de su análisis situó la pobreza en la niñez, sobre la que su departamento ha realizado un completo informe recogiendo el impacto de la pandemia, tras destacar que «España es uno de los países con mayor riesgo de pobreza en la Unión Europea (UE) y su intensidad es más elevada». «Cuando los macroindicadores económicos iban subiendo antes de la pandemia, a los niños y sus familias no les llegaba esa recuperación económica» que arrastraba de la crisis financiera de 2007. «Hace falta que se revisen las prestaciones porque si no los niños se quedan sin protección pública. Es necesario reordenarlo para no dejar a nadie fuera del sistema».

En cuanto a las propuestas, pidió priorizar políticas con enfoque de infancia, en las que deben participar los propios menores. «El mundo de los niños tiene que hablar y decirnos cómo viven la pandemia. ¿Se lo hemos preguntado?», insistió para evidenciar la invisibilización a la que se ha sometido a los más de 1,5 millones menores andaluces. También ha pedido incrementar el gasto social y garantizar que los recortes presupuestarios que puedan derivarse de la crisis de la covid-19 no afecten a la infancia. Para revertir la situación, anunció que propondrá a las seis fuerzas parlamentarias un plan integral de lucha contra la pobreza infantil en Andalucía, como marco de referencia para articular actuaciones prioritarias con el fin de erradicar esta lacra social. Dicho plan debe recoger acciones, financiación específica y un conocimiento previo de su coste, así como los plazos para cumplirlo e indicadores para su medición, y «contar con niños y niñas en su elaboración y evaluación. Debe tener una exigencia y evaluarlo para ver qué está fallando. Vamos a luchar por ello».

En su diagnóstico respecto a las fallas del sistema, apuntó que el coronavirus se ha llevado por delante muchos programas y ayudas públicas de infancia, mientras que otras «han tardado mucho en darse», dijo refiriéndose a la renta mínima o el ingreso mínimo vital (IMV). Entre las cuestiones más urgentes, citó la lenta aplicación de la justicia en casos que afectan a menores o la debilidad del sistema de protección ante casos de violencia. «La infancia no vende mucho», concluyó para explicar el escaso peso que se concede a sus problemas en la agenda política, insistiendo en el llamamiento a los partidos para aunar esfuerzos en el plan propuesto.

Su comparecencia comenzó con un vídeo con historias personales que resumen las 6.663 actuaciones que se realizaron el año pasado en Andalucía, de las que casi tres mil fueron quejas y más de 3.700 consultas –más de cinco mil relacionadas con la vulneración de los derechos de las niñas y niños–. La influencia de la covid-19 en las quejas fue de 730, un 32,7% más que el año anterior, y un 22% más de consultas, desgranó, muchas de ellas por «problemas que no se han solucionado y la pandemia los ha agravado». Unos 1.900 casos corresponden a Educación –1.100 quejas–, el ámbito más recurrido. En segundo lugar, los servicios sociales coparon y las dificultades relativas al derecho a la vivienda.

El Defensor planteó cuatro cuestiones clave, por encima de la que sobresale de manera especial la pobreza infantil –el año pasado se centró en la incidencia de la pornografía consumida por menores–. En cuanto a la educación, lamento que la Lomloe, la octava ley de educación desde que se aprobó la Constitución de 1978, carece, como las anteriores, de necesario consenso político y habría recibido numerosas quejas, especialmente dirigidas al rol desempeñado por la escuela concertada y a la pérdida de las aulas específicas de educación especial en colegios. «Esos centros son necesarios. Y esa educación debe ser de primera», recordó, defendiendo «que se dignifiquen». También se refirió a la brecha digital, destacando su «apuesta por la educación presencial» para evitar una discriminación adicional para el alumnado con menos recursos económicos y familiares.

Maeztu mostró, en tercer lugar, su preocupación por la salud mental en la adolescencia, destacando los problemas de ansiedad, la incertidumbre por el cierre de colegios, la interrupción de terapias específicas o la violencia intrafamiliar vivida, así como los problemas surgidos por la pérdida de empleo en las familias. En este sentido, criticó que no exista una red de atención pública para niñas y niños en Andalucía, augurando que serán problemas que derivarán en enfermedades graves en la adultez si no se abordan a tiempo. «La salud mental será la pandemia más grave en 2030», señaló citando un informe de la Organización Mundial de la Salud y pidió que se incluya en la agenda política con urgencia: «En la salud mental estamos en pañales».

Respecto al último bloque, la violencia de género, expuso que 41 menores han sido asesinados por sus progenitores desde 2003 y más de 1.100 mujeres en toda España, 270 de ellas en Andalucía dejando huérfanos a más de 700 niños. «No nos desprendemos de la violencia machista, todavía hay sentencias con tufo machista», criticó. No obstante, confió en que la nueva norma estatal aprobada permita avances en sus derechos y reclamó que la futura ley de infancia y adolescencia andaluza se adapte a la ley nacional de protección a la infancia. Al respecto, celebró la incorporación de aportaciones que su Oficina presentó a una norma que podría aprobarse el próximo otoño. Cuando entre en vigor, la figura institucional que representa pasará adoptar un lenguaje inclusivo, denominándose Defensoría de la Infancia y la Adolescencia.