Educación

Por Andalucía propone retirar el concierto a los colegios concertados que cobren cuotas a las familias

Registrará una PNL en el Parlamento andaluz para la erradicación de estos cobros "obligatorios"

Un grupo de niños en el patio del colegio, en el colegio Blanca de Castilla
Un grupo de niños en el patio del colegioIsabel InfantesEuropa Press

El grupo parlamentario Por Andalucía tiene previsto defender el próximo martes, 17 de junio, una proposición no de ley (PNL) en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con la que quiere instar al Gobierno andaluz a "elaborar e implementar un plan de acción urgente que tenga como objetivo la erradicación de los cobros de cuotas obligatorias por parte de los centros educativos concertados andaluces a las familias que hayan matriculado o que deseen matricular a sus hijos e hijas a estos centros".

Así se recoge en el texto de esta iniciativa, en la que Por Andalucía plantea que dicho plan incluya entre sus acciones las de que se realice y publique "en la página web oficial de cada centro educativo concertado de Andalucía un informe mensual con todas las aportaciones, cuotas e ingresos económicos que reciban de las familias, especificando la cuantía y el concepto por el que las cobran".

Además, desde Por Andalucía quieren que dichos centros educativos remitan "mensualmente los informes mencionados a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para que haga lo propio, publicándolos en su página web oficial, y a la Inspección Educativa, para que compruebe la adecuación a la ley de los datos proporcionados o, en su caso, actúe en consecuencia".

"Garantizar la plena accesibilidad y no exclusión del alumnado en todos los servicios complementarios educativos" es otra de las reivindicaciones de esta PNL sobre colegios concertados, en la que también se propone instar a la Junta a "equiparar" el precio de los comedores escolares en los centros educativos concertados a los públicos, "con el objetivo de acabar con la financiación encubierta de otras partidas y servicios a través del comedor".

Y es que, según avisan desde el grupo de la coalición de izquierdas, "el coste y los ingresos por comedor de los centros concertados supera de manera sistemática a los precios públicos fijados para los centros educativos públicos".

De igual modo, Por Andalucía plantea en su iniciativa que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a "retirar el concierto educativo en aquellos centros concertados andaluces que se encuentren sobrefinanciados y que cobren cuotas a las familias para aumentar su margen de beneficios".

También se llama a "potenciar la Inspección Educativa y sus recursos materiales y humanos, con el objetivo de facilitar y mejorar la detección de todos los centros educativos andaluces concertados que cobran cuotas a las familias que hayan matriculado o que deseen matricular a sus hijos (...) en estos centros".

Finalmente, Por Andalucía llama a la Junta con esta PNL a "implementar todas las actuaciones que sean necesarias para evitar que los centros educativos concertados andaluces excluyan, de la realización de actividades educativas, al alumnado que no paga las cuotas que les solicitan desde el propio centro".

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa se cita el reciente informe 'El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas', elaborado por la EsadeEcPol, que "establece que a día de hoy no hay gratuidad universal para acceder a la escuela concertada", de forma que "entre un 81% y un 95% del alumnado paga cuotas en España, situándose la cuota media entre los 680 y los 860 euros al año por alumno".

"Existen centros educativos concertados a los que el cobro de estas cuotas les supone una sobrefinanciación", avisa también la iniciativa de Por Andalucía, que destaca además que "el 90% los centros concertados de mayor tamaño cobran cuota, mientras que en los centros medianos y pequeños la proporción baja a entre un 60% y un 70%".

Según sostiene el grupo proponente en su iniciativa, "aquellos centros concertados que cobran cuotas a las familias buscan mantener un elitismo muy concreto, con el objetivo de que este tipo de educación siga siendo atractiva para ciertos 'targets'".

La PNL de Por Andalucía concreta que, en esta comunidad autónoma "cerca del 30% de los centros concertados cobran cuotas", argumentando que es para "costear los gastos no concertados", por "la infrafinanciación que reciben" y para obtener "un beneficio económico".

La iniciativa critica que hay "cuotas que se camuflan por complementos, actividades complementarias, en horario escolar o por seguros escolares, o que se complementan con otros gastos a los que las familias han de hacer frente, como son el comedor, la cuota tecnológica o gabinetes psicopedagógicos".

Según precisa la PNL, en Andalucía "estas cuotas se camuflan en un 72,73% de los casos como donación/aportación, de los cuales, el 25% son obligatorias y, en el 27,27% de los casos, sí que se denomina como cuota".

Para el grupo Por Andalucía, detrás del cobro de estas cuotas hay "un claro ánimo de lucro, sin justificación", entre "muchos centros concertados de España y de Andalucía, ante lo que parece haber total impunidad por parte de las administraciones públicas, a pesar de contravenir toda normativa vigente", según critica.

"Es más, el Gobierno de la Junta de Andalucía a cargo del Partido Popular no solo no hace nada para erradicar estas situaciones, sino que les aumenta el presupuesto, como sucedió con la aprobación de los presupuestos autonómicos para 2024, donde la partida para gratuidad en centros concertados aumentó en 60 millones de euros, incluyendo todas las etapas educativas, lo cual provoca un mayor beneficio a estos centros que cobran cuotas irregulares", razona el grupo Por Andalucía para justificar esta PNL.

La iniciativa concluye sentenciando que señalar la "infrafinanciación" como "explicación al cobro de cuotas en los centros concertados andaluces no es más que una excusa para seguir aumentando los beneficios económicos de aquellos que gestionan dichos centros, en detrimento de las familias y la educación pública real".