El auditor de la fundación andaluza investigada por pagos en prostíbulos: “Eso es una anécdota”

Cualquier información en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) provoca movimientos políticos a su alrededor. El jueves se conoció el escrito de la Fiscalía pidiendo seis años de cárcel para el exdirector, acusado de malversación de caudales públicos por pagar “orgías” en prostíbulos con dinero de la citada fundación, unos gastos que cifra en más de 32.000 euros. Estos hechos todavía deben ser juzgados -será un jurado popular quien lo haga, en una fecha por determinar-, pero mientras tanto este viernes se celebró una nueva sesión de la comisión de investigación parlamentaria de la Faffe, donde han comparecido Jesús Bustamante León, auditor de las cuentas de la entidad, activa entre 2003 y 2011, hasta que en mayo de ese año quedó disuelta; y Alejandro Torres Ridruejo, letrado de la Junta, que fuera responsable de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo -en sus distintas denominaciones- entre 2014 y 2019.

Los diputados de todos los grupos han lanzado numerosas preguntas a Bustamante sobre los controles internos y su etapa como colaborador externo. Él ha insistido en que no encontró “ninguna” irregularidad en sus años como auditor. “¿Cree que han podido fallar los controles del gasto?”, le cuestionó el diputado de Cs Juan de Dios Sánchez. “Los controles que yo comprobé para poder emitir nuestros informes de auditoría me llevaron a la conclusión de que eran satisfactorios y razonables”, explicando que “estamos hablando de una de las mayores fundaciones de Andalucía, con activos de 150 millones y 1.500 trabajadores de media”. Bustamante ha calificado de “fiables” los sistemas de control de la Faffe, pese a que se le han recordado los miles de euros facturados en diferentes prostíbulos de Sevilla con cargo a tarjetas de crédito de la fundación pública. De hecho, ha considerado que esa cantidad “a efectos de auditoría no tiene relevancia” porque “cuando se tienen gastos de 150 millones de euros” en una entidad, eso “es sacar una anécdota” de sus cuentas. Desde Cs han ahondado en los fines a los que se destinó el dinero público: “¿Detectó un mal uso por parte de los directivos de las tarjetas?”. El auditor ha mantenido que “es un hecho que está siendo juzgado. No tenía ningún conocimiento de irregularidad”.

Desde Vox, la diputada Ana Mulas también ha insistido en ese punto: “¿De qué partida de las cuentas de la Faffe salió el dinero con el que se pagaba en los prostíbulos?”, ha preguntado. “No voy a contestar a esa pregunta, eso está en un juzgado -ha respondido Bustamante-. Yo le puedo decir que todo lo que he comprobado es correcto. En concreto de esas partidas no puedo decirle nada”. El auditor se ha reafirmado al final de su comparecencia en su postura de que no existían irregularidades, que no fueron detectadas de hecho en sus análisis contables. “Yo le aseguro que a mí no me han engañado, que yo hice un trabajo técnico y profesional que está documentado. Como técnico hice el trabajo que había que hacer, y además hice todas las comprobaciones y verificaciones. No tengo duda de que esas son las cuentas anuales y los registros contables están perfectamente registrados”.

Todo pese a que, como se ha puesto de manifiesto en la comisión, la Cámara de Cuentas de Andalucía señaló la existencia de libramientos pendientes de justificación de subvenciones excepcionales, concedidas a la Faffe por un importe de 55,6 millones de euros, en su informe de Fiscalización de las subvenciones excepcionales concedidas por determinadas Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía del ejercicio 2016. Bustamante ha aclarado que eso no significa que debieran reintegrarse esas cantidades, sino que se trataría de “subvenciones reintegrables”, que deben ser analizadas. Al citarle la diputada de Vox los supuestos pagos irregulares realizados por parte del exdirector, Fernando Villén, ha señalado que esas cuantías “a efectos de mi trabajo no tienen una materialidad importante”. “¿No le descuadraban usted las cuentas cuando recibe 300 millones de subvenciones y le quedan sin justificar 55 millones?”, le ha interpelado Mulas. “Yo le puedo asegurar que no había ningún descuadre en las cuentas de la Faffe”, ha afirmado repetidamente.

Rifirrafe entre dos diputados

El momento bochornoso de la mañana lo han protagonizado dos diputados del PSOE y Cs, Noelia Ruiz y Juan de Dios Sánchez, quienes se han enzarzado en una discusión por unas supuestas acusaciones cruzadas de “irse de putas”. El incidente se desencadenó durante la segunda intervención del diputado naranja. Sánchez dijo que “esa superioridad moral de la izquierda les hace juzgar a los demás portavoces. Y esa misma superioridad es la que les permite gastarse el dinero de los parados en prostíbulos, gastarse el dinero de los parados en comilonas...”, momento en que fue interrumpido por una diputada socialista, que profirió una respuesta fuera de micrófono. Según el relato de Cs, la diputada del PSOE había dicho que “Cs se gasta el dinero en putas” y le pidió que retirara esa afirmación. El presidente de la mesa, el diputado de Cs Enrique Moreno, aseguró que “yo eso no lo he oído, pero por supuesto es una barbaridad”. Después de una acalorada discusión, a la que se sumó el diputado de Unidas Podemos por Andalucía Ismael Sánchez, conminando a que se retiraran las manifestaciones del diputado naranja del diario de sesiones, Moreno zanjó la polémica determinando que se retiraran solo las dos primeras afirmaciones, “una que no he escuchado y otra que no recuerdo lo que ha dicho”, pero no la segunda de Cs sobre el gasto en prostíbulos “de la izquierda”. “El diputado de Cs equipara la moralidad de una persona a toda la izquierda”, ha lamentado Sánchez.

Segunda comparecencia: determinar el uso de las ayudas públicas “expediente a expediente”

Por su parte, el segundo de los citados, Alejandro Torres, actual director general de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha argumentado que la extinción del derecho de reintegro de las ayudas concedidas por la Faffe, por la llamada confusión entre la personalidad jurídica de acreedor y deudor al disolverse e integrarse en el SAE, “es dogmática”. “Quiero dejar claro que el informe del Gabinete Jurídico sobre la extinción del reintegro por confusión (entre acreedor y deudor) en los expedientes se cerraron por la imposibilidad de reintegrar, pero también es necesario determinar a dónde habían ido los fondos”, ha sostenido, según recoge Europa Press.

“Lo relevante es el análisis caso por caso para ver si las cantidades se destinaron al fin de las subvenciones o a otras finalidades distintas, pero dentro de las propias de las administraciones públicas”, ha proseguido explicando Torres, quien ha invocado en este punto el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, tras un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2016, para indicar “que no hay menoscabo si, pese a que haya desplazamiento patrimonal, se hace de un ente público a otro”. “Quiero decir que siempre es fundamental el análisis de cada expediente sobre el destino de las cantidades”, ha indicado el director general de Contratación, quien ha insistido en el “análisis expediente a expediente para determinar el destino de esos fondos”.

“No estábamos tan apegados a la gestión como para saberlo”, ha afirmado Torres en otro momento de su declaración, a preguntas de los grupos, sobre la apertura de diligencias previas por la Consejería de Empleo para conocer el destino de las ayudas concedidas.

“Es una cuestión compleja, dogmática, pero lo relevante es determinar el destino de esas cantidades, su análisis y concluir si las cantidades destinadas se destinaron a acciones formativas”, ha reiterado Alejandro Torres durante una comparecencia que se ha prolongado durante dos horas.

El director general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda ha empleado en numerosas ocasiones, a preguntas de los grupos, un “lo desconozco” sobre las distintas cuestiones planteadas por éstos como el número de diligencias previas para el control de subvenciones por la Consejería de Empleo, tras indicarle la diputada popular Ana Vanessa García que solo le constaban tres diligencias frente a 1.200 expedientes de gasto pendientes sin comprobar.