Andalucía amplía el acceso a las ayudas estatales para empresas y autónomos

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley para aplicar en Andalucía los cambios que introdujo el Gobierno central con el Real Decreto Ley 17/2021 del pasado 15 de septiembre, para corregir «la deficiente regulación» de las ayudas a la solvencia para empresas y autónomos. El nuevo texto amplía el acceso a la subvención «solventando las graves dificultades que muchos solicitantes tenían para cumplir con los requisitos establecidos inicialmente por la normativa estatal», según informó la Junta de Andalucía. Estos cambios están dirigidos a gestionar los 1.109 millones de euros de fondos estatales asignados a Andalucía, incluyendo ahora dos nuevos conceptos subvencionables: costes fijos ya pagados y las pérdidas generadas desde el 1 de marzo de 2020 al 30 de septiembre de 2021.

Junto a estas modificaciones, se amplía la convocatoria para poder solicitar estas subvenciones desde el 30 de septiembre al 20 de octubre. El nuevo decreto ley establece tres conceptos a los que se podrán acoger las empresas para solicitar la subvención.

El primero de ellos se refiere a las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros pendientes de pago, siempre y cuando éstos se hayan generado en dos tramos, del 1 de marzo del 2020 al 31 de mayo de 2021 y entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Asimismo, estas deudas deben proceder de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021 y abonarse con fecha posterior al final de cada tramo. El segundo de los conceptos que se fija es el de compensar los costes fijos ya pagados incurridos entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.

En tercer lugar, se establece como concepto las pérdidas generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. No obstante, aquellas empresas que se acojan a este último concepto para solicitar la subvención no podrán acogerse a los dos anteriores.

La principal novedad del nuevo decreto ley es la posibilidad de acogerse a la subvención de los «costes fijos incurridos», término que incluye los costes fijos soportados por los beneficiarios incluidas las amortizaciones de elementos de inmovilizado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, saludó esta «rectificación» del Gobierno central pero lamentó el retraso de seis meses desde que se aprobaron las ayudas, ya que alguna regiones, entre ellas la andaluza, advirtieron de las «condiciones leoninas» que fijaban.