Andalucía carga contra el «disparate» del fin de las autovías gratuitas

El fin de las autovías gratuitas parece que está cada vez más cerca a tenor de los planes del Gobierno central, que estudia un sistema de tarificación por el uso de la red viaria que podría implantarse en 2024. La Junta de Andalucía no ve con buenos ojos esta medida, tanto que la tachó de «disparate» porque entraría en vigor tras las elecciones generales para que «el que venga después asuma esta responsabilidad». Así se expresó el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien recordó la gran movilización que hubo en Andalucía, principalmente, en la sociedad sevillana y gaditana, para pedir la eliminación del peaje en la autovía Sevilla-Cádiz, aspecto que finalmente se consiguió. Junto a ello, señaló que hasta ahora en España se ha cobrado peaje pero siempre había una vía alternativa sin cobro alguno y muchas poblaciones están conectadas por autovía y no hay vía alternativa, de manera que habría que pagar «sí o sí».

Asimismo, el consejero incidió en que «los que están en el Gobierno de España ahora son los que querían quitar los peajes» y de hecho se eliminaron «en autopistas entonces y ahora se quiere imponer en autovías». «No podemos estar de acuerdo», remarcó.

En la misma línea, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, criticó que el Gobierno central lance «amenazas» continuamente y no haya consultado con las comunidades una medida tan sensible. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Carazo aseguró que poco sabe la Junta de los anuncios que se hacen públicos por parte del Gobierno central, porque al igual que ha ocurrido con la futura Ley de Vivienda, no ha buscado el consenso con las comunidades, cuando se trata de asuntos clave y sensibles para la ciudadanía.

Insistió en que la medida sobre el pago por el uso de autovías no cuenta con el consenso de las comunidades, pese a que, por ejemplo en Andalucía, 10.500 kilómetros de carreteras son de competencia autonómica.

«El Gobierno se niega a hablar con las comunidades sobre un asunto que es delicado», lamentó Carazo, subrayando que el camino para la recuperación económica no es subir impuestos ni imponer nuevas tasas como la del pago por el uso de carreteras.

El rechazo del Gobierno andaluz es compartido en las filas populares. La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, lamentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «suple la falta de gestión con nuevos hachazos fiscales hasta ahora nunca vistos en nuestro país». La dirigente popular advirtió de que el transporte «se está viendo gravemente afectado por el encarecimiento de la gasolina y el diésel, que han elevado su precio en torno a un 23% en el último año; una subida que, junto a la factura de la luz y la inflación, que es la más alta desde 2008, hace que tanto los hogares como las empresas lleguen con mayor dificultad a final de mes». «Sube la gasolina, los seguros y habrá que pagar por circular por autovía, todo ello mientras desmantelan la red de Cercanías de Málaga y se cargan el tren litoral o el acceso norte al aeropuerto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE); esta es la política del PSOE en materia de transportes», criticó.

El PSOE-A, de su lado, se limitó a recordar que «fue un gobierno del PSOE quien liberó el peaje de la AP-4 después de muchísimos años de reivindicación política». La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento, María Márquez, argumentó que «este debate no lo está planteando el Gobierno de España, sino se está produciendo a nivel europeo». «Entiendo que se tiene que dirimir ahí, a nivel europeo», añadió Márquez, quien se declaró «convencida» de que «el Gobierno de España trabajará, estudiará, valorará y negociará la posición que sea mejor para el país».